ORIHUELA. El pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia para la ejecución de los trabajos acordados por la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) para paliar los daños en infraestructuras de saneamiento y aguas residuales que se vieron dañadas por el temporal de lluvias torrenciales, que afectaron a diferentes municipios de València y Alicante el pasado mes de septiembre.
Las obras de emergencia se van a centrar en la reparación de la estructura de apoyo de la tubería de impulsión de aguas residuales del bombeo Pilar II a su paso sobre el río Seco a la EDAR de Pilar de la Horadada. La EPSAR ha adjudicado este trabajo a la empresa Sigma Infraestructuras S.L. por un importe estimado de 72.600 euros y su dirección facultativa a la empresa Cota a Cota Ingeniería y Topografía, S.L.P. por valor de 24.200 euros.
La necesidad de llevar a cabo esta obra de emergencia se justifica en la medida en que la estructura metálica de paso sobre el barranco del rio Seco sobre la que se apoya la tubería de impulsión puede colapsar, lo que provocaría la rotura de la tubería y un vertido de aguas residuales al cauce del río Seco.
El segundo de los trabajos de emergencia que se van a llevar a cabo consiste en la consolidación y protección de la tubería de impulsión de agua residual de la estación de bombeo Martínez Valero entre los PK 0+50 y PK 0+300, en Santa Pola.
Las obras serán ejecutadas por la empresa CHM Obras e Infraestructuras S.A. y tienen un importe estimado de 108.900 euros, la dirección facultativa ha sido encargada a la empresa Civis Consultores Asociados, S.L. por valor de 24.200 euros.
La no reparación de esta infraestructura podría dar lugar a la rotura de la tubería, provocando la presencia de agua residual sin depurar por el cauce del barranco de Coca, el cual se encuentra dentro de la zona urbana de Santa Pola, llegando el mismo a las calas de Santa Pola del Este.
La tercera de las obras de emergencia va a consistir en el restablecimiento del servicio de saneamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Albaida (EDAR). Las labores de reparación van a ser realizadas por la empresa Becsa, S.A. por un importe estimado de 288.000 euros y su dirección facultativa la va a llevar a cabo la empresa Intercontrol Levante por un valor de 35.000 euros.
Como consecuencia de la crecida del río Albaida, el pasado 12 de septiembre, se produjeron importantes daños materiales tanto en el colector que discurre por el cauce del río como en el denominado colector del ferrocarril.
En este sentido, y de acuerdo con el informe de la EPSAR, actualmente se producen vertidos de aguas residuales al cauce del río Albaida procedentes de los municipios de Albaida, Adzaneta d'Albaida y el Palomar, lo que provoca un impacto ambiental negativo. Además, al no tratarse toda el agua residual en la EDAR, no se puede abastecer el agua regenerada necesaria a la comunidad de regantes para su reutilización.
Además, el pleno del Consell ha sido informado este jueves de la declaración de emergencia acordada por resolución de 15 y 21 de octubre de 2019, de las obras, actuaciones de adecuación y asistencia técnica de los desperfectos ocasionados por las lluvias producidas en la semana del 9 al 15 de septiembre en las sedes judiciales de Orihuela.
Además, el Consell ha sido notificado de la tramitación por el procedimiento de emergencia del expediente para la adjudicación del contrato, encomendada a la empresa Grupo Bertolín SAU, de las obras y actuaciones de adecuación de la sede judicial de Orihuela, por un importe de 300.000 euros (IVA incluido) y a la empresa Estudio Uno de Técnicos en Arquitectura, la asistencia técnica por importe 9.680,00 euros (IVA incluido).
Entre los días 11 y 14 de septiembre de 2019, la Comunitat Valenciana sufrió las graves consecuencias de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha ocasionado importantes daños en las infraestructuras de la Generalitat ubicados en las localidades más afectadas, especialmente en la comarca de la Vega Baja.
Concretamente, el estado de las dependencias e instalaciones directamente afectadas, supone la imposibilidad de que las sedes judiciales de Orihuela realicen sus funciones jurisdiccionales y de tutela judicial efectiva que tienen constitucionalmente encomendadas.
En dichas sedes judiciales existe un número considerable de expedientes que pueden contener datos personales "sensibles" susceptibles de una adecuada protección, que precisan su adecuada preservación, custodia y salvaguarda en los términos de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
Ante la urgencia los daños ocasionados, se precisa abordar unas actuaciones mínimas para acometer las reparaciones indispensables para poner en funcionamiento los órganos jurisdiccionales afectados.
Según el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y a propuesta de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes.