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ORIHUELA. El Centro Deportivo Municipal (CDM) de Orihuela da el cierre, después de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que lo gestiona haya presentado un Expediente de Regulación de Empleo para veinte trabajadores. Un cierre sobrevenido y que pilló a los trabajadores por sorpresa, ya que afirmaban que ni desde el Ayuntamiento ni desde las firmas responsables de la gestión les hayan avisado. La plantilla, de hecho, ayer, día en el que se consumada el cierre, convocó una protesta en el propio centro y llevaban meses sin cobrar.
El Ayuntamiento de Orihuela, habría tratado, en 2016, de buscar el modo, a través de ayudas de los técnicos para hacer que las tarifas fueran más baratas. Pidió un informe al respecto, para fiscalizar la explotación del servicio y estudiar un cambio en las tasas. En 2018, el Ayuntamiento de Orihuela inició el expediente para resolver el contrato que mantenía con la UTE encargada del Centro Deportivo Municipal (CDM) de Orihuela Costa desde el año 2010 por incumplir el pliego de contratación. La UTE aportó como mejora al pliego de contratación que construiría un edificio polivalente de 1000 metros cuadrados junto al Centro Deportivo Municipal para ofrecer una serie de servicios de los que no se dispone en el litoral. En su oferta se comprometieron a realizar esta edificación como máximo en el año 2014.
Los usuarios del centro, principalmente, vecinos de la Costa, se quedan ahora sin este servicio, de los que siempre habían denunciado que sus precios eran abusivos y excluyentes, por ser demasiado elevados. Ahora solo abrirá para impartir las clases de escuelas deportivas infantiles hasta final de curso. El resto de pistas, piscinas o salas deportivas ya están cerradas en las únicas instalaciones deportivas, en parte, municipales del litoral. Además, desde el Ayuntamiento de Orihuela denuncian que la unión de empresas ha incumplido los pliegos y no paga facturas desde verano de 2018.
Estas instalaciones traen cola por lo que, tanto vecinos de la Costa como la oposición del equipo de gobierno oriolano han considerado un contrato de precios abusivos, cuyo caso, incluso, está en manos de la Fiscalía Anticorrupción después de que Cambiemos Orihuela elevara esta demanda. Y es que, en 2016 se dio a conocer que, previa a su adjudicación, se encargó un informe a una empresa para el estudio de la explotación del CDM. Y, además, se suponen sospechas de que la misma empresa que realizó el informe tiene, presuntamente, una relación con la adjudicataria. El hecho supondría, presuntamente, que la participación de la empresa que realizó el estudio diseñara un contrato a su medida, y posteriormente fuera beneficiaria, de la adjudicación.
En 2010, se formalizó el contrato entre el Ayuntamiento de Orihuela y la UTE para la explotación y gestión del CDM. En una de las cláusulas se incluía la construcción de un edificio de salas deportivas y en el estudio económico de viabilidad, había dos fases, una de ellas hasta 2013, y otra a partir de 2014 cuando se suponía que la nueva sala debía estar construida. La UTE mandó en otoño de ese año una propuesta para ampliar el centro con solo un plano de planta. Ya en verano de 2016, las firmas presentan una memoria en el que marcan 2015 como fecha prevista de la ampliación. Posteriormente, las empresas también sumaron más planos de ampliación y retrasaban los inicios de la obra para 2016. En otoño de 2016, desde el área de Urbanismo piden la subsanación de deficiencias técnicas del proyecto presentado. La UTE alegó afirmando que las demoras de las obras no eran su responsabilidad y pidió mecanismos para hacer posible mantener el equilibrio económico de la concesión y garantizarse el retorno de la inversión.
A principios de 2017, el Ayuntamiento requiere a la adjudicataria que cumpla con la construcción del edificio de salas de 1.000 metros cuadrados. El área de Contratación, asimismo, pidió las condiciones técnicas y económicas que el adjudicatario ofreció para la
mejora e informe de los costes derivados de la ejecución de la inversión, entre otras peticiones. En marzo de 2017 volvieron a pedir la ejecución inmediata de las obras y el contratista volvió a alegar para rechazar esa obra por causas ajenas. Después, El Ayuntamiento pidió un informe de balance económico del contrato y dio un plazo de tres meses para comenzar con las obras pactadas.
En marzo de 2018, Contratación requiere a la empresa la subsanación del proyecto para adaptarlo a la mejora inicial. Tras eso, la empresa pidió varias reuniones con el Ayuntamiento en primavera de 2018. Entonces, comenzaron los trámites de resolución y caducidad del contrato y el cálculo de indemnización por daños y perjuicios de la UTE a Orihuela. Tras la aprobación en Pleno, la empresa alegó en verano de 2018. A finales de año, el Consistorio registra informe técnico para valorar los daños y perjuicios, cuantificando en más de 643.000 euros la indemnización y otros 100.000 euros por exceso de beneficios. Ahora, se espera esas compensaciones.
Este contrato, que empezó en 2010, la adjudicación incluyó, no solo tasas por la prestación del servicio deportivo a la UTE, también la inyección de unos 2 millones de euros al cabo de doce años, en pagos anuales con el fin de hacer sostenible el contrato. Las cantidades ascienden en 2016 a 197.000 euros, en 2017 a 194.000 y en 2018 a 192.000 euros. No obstante, la UTE incumplió parte de ese acuerdo y ahora ha declarado el ERE a sus trabajadores.