ELCHE (EFE). El Gobierno local del Ayuntamiento de Elche (PSPV-PSOE y Compromís) ha rechazado este lunes la petición del PP de declarar el conjunto del Paseo de Germanías como Bien de Relevancia Local (BRL) y evitar así la retirada de la cruz que preside este espacio, al considerarlo como "símbolo franquista".
El portavoz del PP, Pablo Ruz, ha asegurado que la cruz es "símbolo de perdón y concordia" y tiene el "espíritu de la transición", de ahí la necesidad de protegerla y mantenerla en el centro de la plaza, al tiempo que ha sostenido que ningún alcalde anterior de la ciudad, "ni del PSOE ni del PP", había impulsado su retirada.
La propuesta popular ha sido respaldada, asimismo, por Vox, cuya portavoz, Aurora Rodil, ha resaltado que se trata de un monumento "cristiano y no político" y ha defendido la modernización del espacio público sin eliminar la cruz.
Desde el gobierno local, la concejal de Urbanismo, Ana Arabid, ha señalado que la Ley prohíbe mantener símbolos franquistas, por lo que, ha dicho, la propuesta del PP es "ilegal" y "no existe" documento que señale que se trata de un símbolo de la reconciliación.
La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha criticado que PP y Vox utilicen la cultura y la religión para "blanquear" el régimen franquista.
Hace unas semanas, la Plataforma en Defensa de la Cruz celebró que este símbolo del Paseo de Germanías de Elche se mantenga en pie por el momento, después de que el Gobierno local haya excluido a la única empresa presentada al concurso público para modernizar este espacio público.
La idea del Gobierno local es convertir la plaza en un espacio expositivo y, asimismo, se quiere musealizar el refugio de la Guerra Civil que hay en el subsuelo y que girará en torno a la temática de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, en el acceso al refugio se ubicará el centro de atención a visitantes y un monumento en sustitución de la gran cruz, ya que, según el Gobierno local, tiene elementos franquistas y el objetivo es cumplir con la ley de Memoria Histórica.
La paralización del proceso supone un contratiempo para el proyecto ya que las obras deben estar finalizadas antes de que acabe el año 2023, al tratarse de unos trabajos financiados al 50 % con los fondos europeos EDUSI.
De esta forma, en los próximos 15 meses deben revisar el pliego de condiciones y los precios del contrato para volver a sacar a concurso público la remodelación, adjudicar las obras y llevarlas a cabo, unos trabajos que tal y como señalaron en su día se prolongarán durante diez meses.
