ELCHE (EFE). El Gobierno local del Ayuntamiento de Elche (PSPV-PSOE y  Compromís) ha rechazado este lunes la petición del PP de declarar el  conjunto del Paseo de Germanías como Bien de Relevancia Local (BRL) y  evitar así la retirada de la cruz que preside este espacio, al  considerarlo como "símbolo franquista".

El portavoz del PP, Pablo  Ruz, ha asegurado que la cruz es "símbolo de perdón y concordia" y  tiene el "espíritu de la transición", de ahí la necesidad de protegerla y  mantenerla en el centro de la plaza, al tiempo que ha sostenido que  ningún alcalde anterior de la ciudad, "ni del PSOE ni del PP", había  impulsado su retirada.

La propuesta popular ha sido respaldada,  asimismo, por Vox, cuya portavoz, Aurora Rodil, ha resaltado que se  trata de un monumento "cristiano y no político" y ha defendido la  modernización del espacio público sin eliminar la cruz.

Desde el  gobierno local, la concejal de Urbanismo, Ana Arabid, ha señalado que la  Ley prohíbe mantener símbolos franquistas, por lo que, ha dicho, la  propuesta del PP es "ilegal" y "no existe" documento que señale que se  trata de un símbolo de la reconciliación.

La portavoz de  Compromís, Esther Díez, ha criticado que PP y Vox utilicen la cultura y  la religión para "blanquear" el régimen franquista.

Hace unas  semanas, la Plataforma en Defensa de la Cruz celebró que este símbolo  del Paseo de Germanías de Elche se mantenga en pie por el momento,  después de que el Gobierno local haya excluido a la única empresa  presentada al concurso público para modernizar este espacio público.

La  idea del Gobierno local es convertir la plaza en un espacio expositivo  y, asimismo, se quiere musealizar el refugio de la Guerra Civil que hay  en el subsuelo y que girará en torno a la temática de la Declaración  Universal de los Derechos Humanos.

Además, en el acceso al  refugio se ubicará el centro de atención a visitantes y un monumento en  sustitución de la gran cruz, ya que, según el Gobierno local, tiene  elementos franquistas y el objetivo es cumplir con la ley de Memoria  Histórica.

La paralización del proceso supone un contratiempo  para el proyecto ya que las obras deben estar finalizadas antes de que  acabe el año 2023, al tratarse de unos trabajos financiados al 50 % con  los fondos europeos EDUSI.

De esta forma, en los próximos 15  meses deben revisar el pliego de condiciones y los precios del contrato  para volver a sacar a concurso público la remodelación, adjudicar las  obras y llevarlas a cabo, unos trabajos que tal y como señalaron en su  día se prolongarán durante diez meses.