ALICANTE. Nuevo trámite administrativo superado para el presupuesto del Ayuntamiento de Alicante. El equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, ha validado este jueves su propuesta de planificación económica durante la celebración de una reunión de la Junta Local de carácter extraordinario, después de que el interventor municipal haya emitido su informe favorable, según han confirmado fuentes municipales.
Con el acuerdo, se abre el plazo preceptivo de seis días para que los grupos políticos que ejercen funciones de oposición puedan formular propuestas de enmiendas con posibles modificaciones. Eso sí, esa posibilidad queda limitada a cambios en las partidas asignadas a cada concejalía, sin que se contemple la opción de transferir créditos desde unos órganos municipales a otros.
Las enmiendas que puedan presentarse se debatirán en una próxima Comisión de Hacienda, en cuanto hayan superado el filtro de la supervisión técnica y se haya depurado cuáles de ellas reúnen las condiciones requeridas para poder ser debatidas. En principio, todo parece indicar que el debate del presupuesto en pleno podría producirse entre los últimos días de enero y la primera semana de febrero.
Salvo cambio de criterio improbable, todo parece indicar que la propuesta presupuestaria del bipartito quedará aprobada de manera inicial en ese momento, gracias a la abstención de los dos ediles de Vox y del acuerdo alcanzado con el PSOE por el que este último partido se comprometía a facilitar que las cuentas prosperasen, a cambio de que se tramitase una nueva ordenanza de convivencia cívica y de que se incorporasen determinadas modificaciones de crédito posteriores.
Tras el acuerdo de aprobación inicial, la propuesta se expondrá al público para la presentación de alegaciones, de modo que podrían entrar en vigor en la última semana de febrero, en el caso de que no se presentasen objeciones. En el supuesto contrario, su aplicación se demoraría al menos hasta mediados de marzo, tras su aprobación definitiva en otro pleno extraordinario.
Las cuentas ascienden a 274.252.555,90€, lo que supone un incremento de 12.254.784,32€, con una subida del 4,68% con respecto a las de 2020, debido al incremento de la aportación del Estado tras aprobar el Gobierno central sus cuentas para el próximo año. Como informó este diario tras su presentación, el pasado 1 de diciembre, entre sus principales novedades, figura el incremento de la partida destinada a conceder ayudas de emergencia social para colectivos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, durante el tiempo en el que se demore la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión Social o del Ingreso Mínimo Vital. En concreto, esa partida crece un 53% hasta alcanzar los 3,5 millones. Además, se incluye un aumento de los fondos previstos para las ayudas de alimentos. A ello se añade una suma de otros 14 millones distribuidos en varias partidas para ejecutar medidas contempladas en el Plan de Inclusión Social a través de varias concejalías.
Entre otras partidas, para hacer frente a los efectos de la pandemia, fuentes municipales han destacado la dirigida a atender la emergencia social que pasa de 1,8 a 2,9 millones; el programa de atención a mayor crece de 2,9 a 3,5 millones y el Plan de Inclusión Social de Alicante que recibe una dotación específica de 4 millones. En materia económica, se destinan también 2,5 millones para ayudas directas y microcréditos para autónomos y pequeñas empresas afectadas por la pandemia y se mantiene la rebaja fiscal con la bajada del 5% del IBI y nuevas bonificaciones en el IAE y el ICIO, además de la suspensión del cobro de la tasa de veladores hasta junio de este año o durante el tiempo en el que se prolonguen las restricciones de aforo en terrazas.
Además, del total de 268 millones, 12,7 se dedicarán a inversiones para finalizar actuaciones que ya están en proceso de ejecución o que se desarrollan mediante aportaciones de fondos europeos. Así, se contempla la urbanización de Rabasa, por 1,7 millones de euros; la urbanización de Padre Esplá, por 2,1 millones de euros; la reurbanización de calles en San Gabriel, por 529.000 euros; fondos para ejecutar la ampliación del polígono de Las Atalayas "y otras actuaciones a través del Patronato de la Vivienda, por 400.000 euros", según señaló durante la presentación del proyecto la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs).
En cuanto al resto de inversiones, se incluye una partida de casi 1,6 millones para el impulso de actuaciones programadas en cinco colegios a través del Plan Edificant (CEIP Cañada del Fenollar, CEIP Florida, El Somni, Santo Ángel de la Guarda y obras en el CEIP Juan Bautista), por un importe que, después, será reintegrado por la Generaliat. También se contempla 1,3 millones para material para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, más de 600.000 euros en inversiones en distritos; y 1,4 millones para ampliación del cementerio. Además se han incorporado "dos actuaciones muy reclamadas por los vecinos de Alicante: la rehabilitación de la fuente de Luceros, por 354.000 euros, y la pasarela de Orgegia, en La Albufereta, por 100.000 euros", según Sánchez. Igualmente, se mantienen la financiación necesaria para el funcionamiento de la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "como una de las prioridades del equipo de Gobierno", según recalcó la vicealcaldesa.
A ese paquete de inversiones se añadirá las que se incorporen con cargo a los 19 millones del remanente de tesorería arrastrado del ejercicio de 2019. En este apartado se pretende financiar la ejecución de la pasarela ciclopeatonal a Urbanova, la segunda fase de rehabilitación del Castillo de San Fernando y la reforma de la plaza de San Blas.
El acuerdo sobre el presupuesto ha motivado las primeras reacciones políticas por parte de los partidos de la oposición. El grupo municipal de Compromís ha lamentado que "un año más los BarcalaAnuncios no se cumplan, a pesar de la situación excepcional que vivimos. El pleno de presupuestos, y su posible aprobación final, será a finales del primer trimestre del año y eso es muy tarde. Es la medida de un bipartito paralizado, e incapaz de gestionar el Ayuntamiento y gobernar la ciudad y hacer frente a la actual situación de crisis. No sacan inversiones, no son capaces de coordinar la respuesta social y son extremadamente lentos e ineficientes a la hora de ayudar a los sectores económicos más castigados por la actual crisis".
En esta línea, su portavoz municipal, Natxo Bellido, ha apuntado que "por nuestra parte, reiteramos nuestra predisposición a sumar si hay garantías de tirar a la papelera la 'ordenanza de la vergüenza' y de revocar los recortes en áreas como Igualdad, Cooperación e Inmigración, que ha concedido Barcala a los ultras trumpistas para que los exhiban como trofeos de caza ante el silencio cómplice de Ciudadanos". "O Compromís o Vox, eso debe decidir el bipartito y especialmente los socios de Ciudadanos, porque nosotros no vamos a estar en la foto junto con aquellos que quieren recortar los derechos democráticos, atacan los derechos humanos y se sitúan en contra de las medidas de protección sanitaria que ha puesto en marcha el Botànic para salvar vidas".
Así, ha añadido que "por eso le decimos a Ciudadanos, ya que con el PP de Barcala es imposible negociar y llegar a acuerdos, que elijan entre conformar mayorías amplias y transversales para afianzar una respuesta local sólida ante la complicada evolución de la pandemia y las crisis económica y social que llevan aparejadas, o prefieren bajar la cabeza ante la humillación que suponen los recortes a parte de sus áreas de gobierno que les ha ofrecido Barcala a la extrema derecha en una bandeja de plata".
"Esperamos una respuesta de Ciudadanos ante el decálogo de condiciones que pusimos Compromís para no votar en contra de unos presupuestos grises, timoratos, sin inversiones, y que no recogen ni los actuales desafíos socioeconómicos que ha puesto encima de la mesa la pandemia, ni sitúan en la agenda municipal la emergencia climática y el reto de la transición ecológica urbana", ha añadido Bellido.
"Por otra parte insistimos en que el bipartito debe atender a un mínimo proceso de respeto a la participación ciudadana y presentar el texto de presupuestos al Consejo Social y a las Juntas de Distrito y asociacionismo de la ciudad", ha concluido.
