Los ediles de Vox en Alicante, Mario Ortolá y Pepe Bonet.ALICANTE. Fin de trayecto para la propuesta normativa promovida por Vox con el objetivo de aplicar una rebaja en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido como el impuesto de circulación. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), dio el primer paso este martes para descartar esa iniciativa al rechazarla en Junta de Gobierno para no tener que lidiar con otro boquete adicional en la línea de flotación de la recaudación municipal.
Se trataría de un boquete adicional porque se sumaría a la merma de ingresos ya propiciada de manera forzosa por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el método de cálculo del impuesto de las plusvalías el pasado octubre, y a la reducción autoimpuesta por la decisión voluntaria de mantener la rebaja lineal del 5% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que viene aplicándose desde 2019.
Ahora, pese a que el propio alcalde, el popular Luis Barcala, se había mostrado abierto a estudiar la rebaja fiscal al casar con la filosofía de su propio partido, el bipartito se decanta por darle portazo tras aferrarse a las conclusiones del informe emitido por el jefe del Servicio de Economía y Hacienda. En él, se descarta el planteamiento de Vox en la medida en que la minoración del impuesto planteada conllevaría la pérdida de 6,8 millones en su cobro. Y no solo sobre el presupuesto de 2022, sino de forma permanente, como subraya el propio informe.
¿En qué consiste, en concreto, el planteamiento de Vox? Como su portavoz municipal, Mario Ortolá, adelantó en el debate sobre el estado de la ciudad, se trata de modificar el cociente multiplicador para determinar la cuantía del impuesto hasta dejarlo en el mínimo legal. Así, se eliminaría el cociente medio del 1,6 existente en la actualidad, a partir de los distintos índices establecidos según la motorización de cada vehículo, de modo que se consiguiese reducir el importe del impuesto al suelo que marca la Ley de Haciendas Locales.
La reducción supondría otra renuncia a ingresos tras la pérdida de 5 millones por la sentencia de las plusvalías y los 4,5 millones que se dejan de recaudar con la rebaja del IBI
En una primera valoración, Vox ya estimaba que la modificación de la ordenanza fiscal podría suponer una merma de entre el 30 y el 40% de los ingresos generados con el cobro del impuesto. Pero no habría sido hasta ahora cuando esas aproximaciones se habrían cuantificado en una cifra determinada: 6.805.093,59 euros menos a ingresar. Se trataría de una cifra "inasumible", según señaló el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa (Cs), este martes, toda vez que la sentencia del TC sobre las plusvalías ya habría ocasionado una disminución de 5 millones respecto a la recaudación adicional por ese concepto. Además, la reducción lineal del IBI también supone la renuncia a ingresos de cerca de otros 4,5 millones anuales desde su entrada en vigor, hace tres años.
Así, a la vista de ese informe, PP y Cs optan por rechazar el planteamiento de Vox, abren el plazo para la presentación de enmiendas y derivan la propuesta para su debate en comisión de Hacienda con el fin de que pueda ser dictaminada por el conjunto de grupos políticos con representación municipal antes de pasar a pleno.
Hasta el momento, ni tan solo Vox ha avanzado la posibilidad de presentarlas, puesto que "todavía desconocemos el contenido del informe y el contenido del acuerdo aprobado en Junta de Gobierno", según explicó este martes el propio Ortolá. En cualquier caso, con enmiendas de Vox o no, todo parece indicar que la iniciativa quedará rechazada en pleno en la medida en que las tres formaciones que componen el eje progresista ya se había mostrado contraria a su admisión prácticamente desde el momento en el que se produjo su anuncio.
