ALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ratifican su apuesta por un modelo de gestión privada en el servicio de transporte público en autobús de Alicante. Los dos partidos aliados en la gestión municipal prevén elevar al pleno de febrero la propuesta de acuerdo que resulta necesaria para poder impulsar su licitación, a la vista del informe elaborado por los técnicos de la Concejalía de Transportes y del estudio de asesoría externa encomendado a la auditora Ernst & Young España en 2018, con el que vienen trabajando ahora las consultoras Broseta Abogados e Ingartek Consulting para definir el proyecto de servicio público de transporte urbano.
Como avanzó Alicante Plaza, dicho estudio externo concluye que el modelo de gestión indirecta (concesional) sería el que mejor se ajustaría a las condiciones y necesidades de una ciudad del tamaño de Alicante, tanto por coste como por eficacia, tras evaluar los modelos públicos y privados existentes en una decena de grandes ciudades españolas.
Así, la propuesta sobre la privatización del servicio se debatirá en primer término en la comisión de Servicios prevista para el próximo lunes, día 24. A priori, todo parece indicar que PP y Cs podrían conseguir el respaldo de Vox para que el acuerdo quede dictaminado favorablemente. Y esa posición podría repetirse durante la votación del acuerdo en el pleno. Como mínimo, no parece probable que los dos ediles del partido de Santiago Abascal vayan a votar en contra en una hipotética alianza con PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís, de modo que se decantarían entre el 'sí' y la abstención.
En el caso de que el acuerdo prospere, el bipartito tendría el camino despejado para redactar el nuevo pliego de condiciones del servicio y convocar el concurso para regular su prestación antes de que concluya la prórroga de dos años concedida a Masatusa (grupo Vectalia) en 2019, después de que venciese su contrato de explotación, por un plazo de 50 años.
La nueva contrata, eso sí, se licitará por un periodo más corto, que podría oscilar entre los 8 y 12 años de concesión. Sobre el futuro servicio solo ha trascendido que se apostará por la racionalización y reorganización de las líneas, por la paulatina renovación de la flota de vehículos para tender a que el 100% de ellos sean no contaminantes y por la introducción de nuevas tecnologías en aspectos como los sistemas de pago o el control de frecuencias, así como en la mejora de la accesibilidad.
Sin embargo, no ha trascendido todavía si se introducirán modificaciones en el sistema de tarificación actual, en el que el ayuntamiento paga una cantidad variable en función del número de kilómetros recorridos al margen de cuál sea su cifra de usuarios. El servicio de transporte público en autobús pasa por ser uno de los contratos de mayor coste económico para el Ayuntamiento junto al contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Solo para los dos años de prórroga del servicio acordados en 2018 se calculó un gasto global de 23 millones.
