Los portavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar (PP) y Antonio Manresa (Cs).ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante tendrá que seguir esperando para contar con un nuevo presupuesto para el ejercicio de 2022. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) asume ya el retraso en la tramitación de su propuesta de planificación económica, que sigue pendiente de la emisión del preceptivo informe de fiscalización elaborado por el interventor municipal, según ha confirmado el portavoz del bipartito, Antonio Manresa (Cs), en la comparecencia semanal para dar cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno.
Lo cierto es que, hasta el momento, no existe un plazo cierto para que la propuesta pueda llegar a debatirse en pleno, según ha admitido el propio Manresa. "El interventor está en ello y esperamos poder convocar una Junta de Gobierno en breve para continuar con el resto de pasos administrativos hasta su aprobación, con la apertura de plazo para la presentación de enmiendas de los grupos de la oposición antes de que se convoque la comisión de Hacienda", ha explicado.
Ese plazo para la formulación de propuestas de corrección por parte de PSOE, Unides Podem EUPV, Compromís y Vox es de seis días hábiles desde su aprobación en Junta Local, con lo que todo parece indicar que la comisión de Hacienda podría demorarse como mínimo hasta la tercera semana de enero. Todo a expensas de que el informe de Intervención resulte favorable, sin requerimientos de subsanación. Por lo pronto, Manresa ha explicado que hasta ahora el alto funcionario no ha planteado ningún obstáculo ni informe de reparo a la tramitación del documento.
Además, al margen de los plazos de tramitación, sigue sin producirse avances respecto a la negociación de posibles respaldos políticos por parte de los grupos de la oposición que puedan garantizar que las cuentas queden aprobadas en el momento en el que se eleven a la consideración del pleno. Como viene informando este diario, PP y Cs necesitan el voto favorable o la abstención de al menos un concejal de la oposición, ya que los dos partidos aliados en la gestión municipal suman solo 14 concejales en una corporación de 29 ediles, sin disponer de mayoría absoluta.
Entre tanto, el grupo municipal de Unides Podem EU ha reclamado este martes la convocatoria del Consejo Social de la ciudad "para valorar los presupuestos municipales". De hecho, la confluencia ha anunciado la presentación de una iniciativa en el próximo pleno para instar al alcalde Luis Barcala "a convocar, antes de la tramitación plenaria de los presupuestos, al Consejo Social de la ciudad". Fuentes de Unides Podem EU han indicado que se trata de "evitar la situación del año pasado, cuando el Consejo Social fue convocado a posteriori, con los presupuestos ya aprobados, y por tanto, con escaso margen de maniobra para valorar o hacer sugerencias".
Su portavoz municipal, Xavier López, ha afeado a Barcala "la falta de respeto institucional que supone ignorar en la tramitación de la medida más estratégica de la ciudad, los presupuestos, al órgano destinado a que los agentes sociales reflexionen sobre la ciudad". López considera que "Barcala está a tiempo de tomarse en serio la participación y cogobernanza de nuestra ciudad, y rectificar la falta de respeto institucional que supuso convocar al Consejo Social el año pasado con el presupuesto ya aprobado".
Unides Podem EU ha insistido, además, en que este organismo "se constituyó con dos años de retraso, y en el primer curso de esta legislatura, ni siquiera se había determinado la composición del órgano". A juicio de López, se trata de una situación "inaceptable" que evidencia "la falta de respeto institucional y el escaso valor que este alcalde da a la participación y la cogobernanza con los agentes sociales".
Al tiempo, el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, también se ha referido a la situación de los trabajadores del departamento de Acción Social que volvieron a ser despedidos a 31 de diciembre para asegurar que se estaba ultimando el acuerdo necesario para que se produzca la cobertura de las plazas "en el menor plazo posible". Así, ha indicado que los departamentos de Recursos Humanos y de Intervención estaban manteniendo contactos para encontrar la solución que permita volver a contar con esas plazas tras la firma del contrato programa con la Conselleria de Políticas Inclusivas con la que se garantizaría la financiación de sus costes laborales.
