Emilio Bascuñana y Víctor Valverde, alcalde de Orihuela y edil de Agricultura, respectivamente. Foto: APORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela ha encargado a los servicios jurídicos municipales que emprendan todas las acciones que la ley les permita en defensa del trasvase Tajo-Segura, según ha anunciado en rueda de prensa el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, acompañado del concejal de Agricultura, Víctor Valverde.
Emilio Bascuñana ha expresado su rechazo frontal a las intenciones, del Ministerio para la Transición Ecológica, de cambiar las reglas de explotación que pretende reducir el agua a trasvasar a 27 hectómetros cúbicos. Toda modificación que se quiera realizar de las condiciones de explotación del trasvase está regulada a través de un memorándum al que se dotó de rango de Ley. Esa normativa fija que cuando la cabecera del trasvase Tajo-Segura se encuentra en situación de Nivel 2 se ha de realizar un trasvase de 38 hectómetros cúbicos de agua al mes desde la cuenca del Tajo a la del Segura. A la reducción prevista hay que sumar la ampliación del caudal ecológico que el Gobierno central pretende también ejecutar en el Plan Hidrológico del Tajo que en la práctica supondrá también una reducción del volumen de agua trasvasada al río Segura.
"Estamos hablando que vamos a perder 80 hectómetros cúbicos al año, pero esto no se queda ahí ya que hace tres meses el Ayuntamiento presentó una alegación al Plan Hidrológico del Tajo por el aumento de caudales ecológicos al paso del citado río por las ciudades de Aranjuez, Talavera y Toledo que supondría el desembalse de Entrepeñas y Buendia de otros 80 hectómetros cúbicos anuales. Por tanto, serían 160 hectómetros cúbicos al año que no vendrían al sureste español cuando la medía en los últimos 10 años ha sido de 210 hectómetros cúbicos que ya era insuficiente para abastecer esta zona. Quieren ‘cargarse’ uno de los sectores productivos más importantes de esta zona con 140.000 hectáreas de frutas, verduras y cítricos; además de 80.000 regantes afectados con sus familias; 61 comunidades de regantes; 104.000 puestos de trabajo directos y casi 250.000 indirectos; el 70% de la exportación nacional de hortalizas y 24% de fruta que provienen del sureste español”, explicaba Víctor Valverde.
Por su parte, Bascuñana considera este proyecto del Gobierno como de “un ataque a toda la comarca de la Vega Baja, a todo el sur de la provincia de Alicante, a la vecina región de Murcia, a nuestro modo de vida y a nuestra supervivencia que depende de estos sectores productivos. Se trata de una agresión injustificada, unas medidas sin un fundamento que las sustente, y que al final, lo que supone es una absoluta injusticia con una gran parte de españoles que debemos ser tratados con igualdad a la hora de gestionar un bien común de todos como es el agua”.
En este sentido ha indicado que lo que va a hacer el Ayuntamiento de Orihuela, además de todas las gestiones políticas y de apoyo a este sector, es encargar a los servicios jurídicos municipales que emprendan todas las acciones que permita la ley para poner “sensatez donde no la hay. No tiene sentido alguno este tipo de recorte y menos llevarlo a cabo sin antes no haber concluido el Plan Hidrológico del Tajo. Para ello le he enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instándole a que paralice este tipo de medidas, pero me temo que eso tampoco será la solución definitiva. En el fondo de todo esto parece que hay una intención de que el trasvase pase a la historia y que a esta comarca no nos llegue el agua que tanto necesitamos. Siempre estaremos al lado de nuestros regantes y ahora lo haremos espero desde la unidad política de todos los gobernantes para seguir ayudando con el fin de que nuestros vecinos puedan seguir trabajando. Pido al presidente de la Generalitat que ejerza el papel de la unidad, en la que seguro vamos a estar todos los ayuntamientos, para que paren estas medidas de explotación del trasvase Tajo-Segura que se quieren implantar” concluía el regidor.
