El empresario Enrique Ortiz, a su llegada a la Audiencia, durante la primera sesión del juicio. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La reanudación de las declaraciones de los testigos en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante investigado en el caso Brugal se ha centrado esencialmente este martes en el proyecto de remodelación del estadio José Rico Pérez. Al respecto, el asesor jurídico del grupo Ortiz e Hijos y cuñado del propio promotor, Miguel Carratalá, ha negado ante el tribunal que la sociedad Aligestión hubiese planeado comprar el estadio al Ayuntamiento con la intención de que se recalificasen sus terrenos y otra parcela anexa para desarrollar un proyecto urbanístico en el que se preveía su remodelación junto a la construcción de un hotel y usos terciarios en los bajos del campo.
Así, inicialmente a preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, Carratalá ha sostenido que Aligestión era una sociedad participada por Ortiz y otros empresarios como Valentín Botella o la familia Roig, propietaria del 90% de las acciones del Hércules, que decidió acudir a la subasta del estadio en 2007 en defensa de los intereses del club. Después, ha confirmado que se pagaron 7,8 millones por el estadio con el compromiso de asumir otros 4,2 millones en su arreglo.
No obstante, ha asegurado que esas obras no llegaron a ejecutarse en el plazo de cuatro meses que se había delimitado en las bases de la subasta porque surgió la oportunidad de impulsar un proyecto de remodelación, cuando se planteó la posibilidad de que España optase a ser sede del Mundial de Fútbol y de que Alicante pudiese ser una de sus subsedes. "Surgió la posibilidad de hacer un estadio cinco estrellas, a la manera de los que se hacían en la época; para eso, se convocó un concurso de ideas y se refundieron los proyectos que concurrieron", ha explicado.
Según Carratalá, entonces se decidió presentar el Plan de Reforma Interior (PRI) en el Ayuntamiento para impulsar esa remodelación, con una dimensiones que, según el fiscal, incluían los 35.000 metros cuadrados del estadio más otros 41.000 de suelo del entorno, en parte, propiedad de la empresa mixta Aguas de Alicante. Con todo, el asesor jurídico de Ortiz ha apuntado que, finalmente, el abogado urbanista del grupo, Javier Llorens, le comunicó que "en el ayuntamiento no veían con buenos ojos el PRI" por lo que se acabó desistiendo de la propuesta. Respecto a cómo conocía Llorens esa postura, Carratalá ha dicho que "suponía que se lo habían comunicado en la Gerencia de Urbanismo", puesto que Llorens solía contactar con sus responsables para tratar sobre otros proyectos en los que las empresas de Ortiz tenían la condición de agente urbanizador. En el caso del PRI del Rico Pérez, Carratalá ha dicho que Aligestión no llegó a tener esa condición, puesto que el PRI no llegó a aprobarsse, pero que sí actuaba como promotor de la iniciativa.
Carratalá, cuñado de Ortiz, declara que se sabía que el suelo de Aguamarga iba a ser urbanizable a partir de la redacción del Plan de Acción Territorial Metropolitano de Alicante y Elche
En ese momento, según ha apuntado, se dio a conocer un informe técnico en el que se concluía que el proyecto del Rico Pérez debía integrarse en la redacción del nuevo Plan General y que así sucedió en el momento de su primera exposición al público. Sobre el alcance de la remodelación, Carratalá ha indicado que se incluía la zona comercial y el hotel "para poder financiar la remodelación del estadio" aunque, a preguntas del letrado de Esquerra Unida (EU), José Luis Romero, que ejerce la acusación popular, ha sostenido que no se había firmado ningún acuerdo concreto entre Aligestión y el Hércules al respecto "porque la relación era de confianza".
Carratalá también ha respondido a cuestiones relacionadas con la compra del suelo de Aguamarga en el que debía desarrollarse el proyecto de la llamada Ciudad de la Economía: otro de los proyectos, que como el del Rico Pérez, no llegó a ejecutarse. Así, ha explicado que el asesoró en la elaboración de los contratos de adquisición de esos terrenos, que se había pactado en 2007, pero que no se elevó a escritura pública hasta 2008 al existir ciertas diferencias en las superficies del suelo. El cuñado de Ortiz ha explicado que los terrenos los compró al propietario del grupo Bonmatí la empresa Orvi, del conocido constructor, por un precio de 7 millones, aunque se escrituraron a nombre de la sociedad Dreamview. Y ha señalado que el objetivo era desarrollar un parque logístico junto a la CAM.
A preguntas del fiscal, Carratalá ha señalado que en ese momento los terrenos tenían la condición de suelo no urbanizable, pero que ya se conocía a partir de la redacción del Plan de Acción Territorial Metropolitano de Alicante y Elche (Patemae) elaborado por la Generalitat que iban a convertirse en urbanizables. Aunque ha admitido que posiblemente ese documento no tenía todavía validez jurídica, ha apuntado que "en el mundo de los proyectos empresariales muchos son en riesgo". Eso sí, ha señalado que él no consideraba que ese proyecto en concreto sobre la Ciudad de la Economía fuese "en riesgo".
El fiscal también la ha cuestionado sobre el compromiso adquirido para que fuese la sociedad Asesorama, de José Bernabé (exresponsable de las empresas de Ortiz) quien iniciase todos los trámites administrativos necesarios para que el suelo acabase siendo urbanizable. Carratalá ha señalado al respecto que la elección de Asesorama fue a propuesta de la CAM.
El asesor jurídico de Ortiz también ha señalado que no tenía relación con los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y que tampoco conocía a los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, también procesados. Por último, a instancias del defensor de Díaz Alperi, el abogado Vicente Grima, Carratalá ha reconocida como suya la firma estampada en el acuerdo de devolución de un préstamo concedido por las empresas de Ortiz a Otto Díaz, hijo del exalcalde.
Durante la sesión, también han declarado el expresidente del Hércules, Valentín Botella, y el exconcejal socialista y exdirector general del Hércules, Blas Bernal. Ambos también se han referido al proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, para asegurar que existía la posibilidad de que pudiese acoger partidos del Mundial y que había que acondicionar el campo por que lo exigían tanto la UEFA como la FIFA. Asimismo, también ha declarado la entonces directora general de Aguas de Alicante, Asunción Martínez, quien ha sostenido que a la empresa nunca se le planteó formalmente la posibilidad de desarrollar el proyecto de remodelación del estadio en los terrenos de su propiedad.
La causa se dirige contra los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo y contra el promotor Enrique Ortiz. La Fiscalía considera que los dos expolíticos del PP concedieron un trato de favor al constructor en el futuro planeamiento de la ciudad durante su fase de redacción en proyectos como el de la Ciudad de la Economía, la remodelación del Rico Pérez, en iniciativas en desarrollo como el APA 9 de Vistahermosa o en la planificación del sector de las Torres de la Huerta, entre otros. Según el sumario, ese trato de favor se habría producido a cambio de presuntas dádivas. Entre ellas, entregas de dinero en metálico, viajes pagados a Creta, Ibiza y Andorra o un vehículo modelo Mini Cooper. En la causa también están procesados el constructor ilicitano Ramón Salvador, los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, así como tres personas más vinculadas a las empresas de Ortiz.
