Miguel Ángel Sotillos. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. La asociación de apartamentos turísticos de la Comunitat Valenciana (Aptur CV) ha elaborado un informe sobre el coste que soportan tanto los apartamentos turísticos (edificio entero) como las viviendas de uso turístico a causa de la pandemia. Como consecuencia, calculan que necesitarán ayudas por valor de 280 millones de euros euros "para conservar a las empresas gestoras turísticas, a sus empleados, el inventario de producto y a su vez a toda la industria turística" que depende de ellos, tal y como destacan en el documento al que ha tenido acceso Alicante Plaza.
El presidente de la asociación, Miguel Ángel Sotillos, explicó que este importe lo reclaman en base a los fondos europeos que se han distribuido por comunidades autónomas. La cifra es parecida a la que establecen también los hoteles para sus alojamientos, que está en 200 millones de euros que va subiendo conforme pasa el tiempo sin recuperar la actividad con normalidad.
El empresario señaló que el informe tiene la intención de que se les tome en serio en sus peticiones, que han calificado de ajustadas y de "mínimos" porque sus datos son "extremadamente conservadores", ya que dicen preferir "pecar de cortos que de exceso en los números aportados en aras de la prudencia".
A grandes rasgos, Aptur estima un coste medio mínimo de 2.694 euros al año como gasto necesario para tener un inmueble en disposición de ser alquilado para uso vacacional y calculan que hay 60.000 viviendas de uso turístico en funcionamiento. Además, consideran que el gasto mínimo para una empresa gestora es de 156.000 euros, que siempre dependerá del número de viviendas que tenga en su poder y su tamaño.
Por otro lado, el informe resalta la importancia para la sociedad y la generación de empleo directo, que contabilizan en unos 5.000 trabajadores en la Comunitat. Para ello, estiman un empleo fijo por cada 12 viviendas. "Cabe destacar que en nuestro sector más del 85% de los empleados están con contrato fijo a tiempo completo, y con bastante antigüedad acumulada, por lo que tienen derecho a dos años de paro en caso de ser despedidos o cerrar la empresa gestora y se estará destruyendo empleo de calidad", defiende Aptur.
En este sentido, calcularon el coste que tendría para las arcas públicas que todos perdieran el empleo. Con 18.000 euros brutos anuales de media sale un coste de subsidio de paro de 16.500 euros por trabajador en dos años, "siendo por tanto el gasto a pagar por la Generalitat Valenciana en los dos años siguientes un total de 82.500.000 euros", afirma la asociación. A esto se le suman los 217 millones de euros por tributos e impuestos cada año por empresas gestoras y otros 120 millones de euros por apartamentos turísticos.
Aseguran por tanto que necesitan una inyección a fondo perdido de 11.000 euros mensuales al mes, además de la aprobación de la carencia de dos años de créditos, ICO, pólizas e hipotecas que se han tenido que solicitar para mantener la actividad durante el 2020 y lo que va de 2021.
En resumen, la asociación de alquiler vacacional asegura que si "se deja caer" al sector, habrá que asumir 82,5 millones de euros en subsidios y otros 554,4 millones por la caída de ingresos, en ambos casos en dos años y con todos los pisos cerrados.
Por eso, reclaman que se les ayude con la inyección de 187,2 millones de euros calculados por el periodo de un año de pandemia, que ahora se aumenta hasta los 280,8 millones para los 18 meses que calculan que podrán tener una actividad lastrada por las restricciones para evitar contagios. Según los cálculos de Aptur, la Generalitat recupera este importe "en menos de 10,53 meses de funcionamiento normal del mercado turístico".
Con este estudio, Aptur salió en defensa del sector de alquiler vacacional, destacando que representan 300.000 plazas en toda la Comunitat Valenciana, "muy superior al número completo de plazas hoteleras", reseñó. Así, dijo que el rescate era importante para "preservar el empleo de nuestros empleados directos que son carácter fijo a jornada completa más del 80%, ya que, como empresarios, queremos seguir contribuyendo con nuestra función social".
Y por último, recalcó que la intención es que "una vez que la situación sanitaria se normalice, sigamos siendo el motor de riqueza de nuestra comunidad de la que dependen, no solo nuestros empleados, sino a toda la industria y sector servicios que rodea a la vivienda vacacional".
