VALÈNCIA (EFE/Antonio Torres del Cerro). Bajo presión por un anunciado corte a los accesos a París de parte de los agricultores, el Gobierno francés del europeísta Emmanuel Macron apunta a "la competencia desleal" de socios de la UE como España e Italia.
A 24 horas del posible bloqueo de la capital, el primer ministro recientemente designado por Macron, Gabriel Attal, pronunció este domingo un discurso dominado por palabras como "independencia" y "soberanía" en el que también cuestiona el funcionamiento de la UE.
"Vamos a seguir avanzando para luchar contra la competencia desleal. A nuestros agricultores se les imponen reglas (fitosanitarias) que a otros (países) no", criticó Attal, en una alocución pronunciada poco después de visitar una explotación agrícola en Indre-Loire.
El jefe de Gobierno mencionó que al menos 40 % de las frutas y verduras se importan (sobre todo de España e Italia) por el freno productivo que supone para Francia ciertas reglas medioambientales adoptadas en su legislación y aseveró que propondrá a sus socios comunitarios "más medidas" para blindar la soberanía alimentaria francesa.
"Hay que avanzar a nivel europeo e iremos viendo producto por producto", indicó, sin dar más detalles.
Las declaraciones de Attal, que integra un Gobierno considerado pro-UE, llaman la atención, pues, -a falta de que se perfilan esas nuevas medidas- podrían poner en cuestión el propio funcionamiento del mercado único del bloque comunitario.
No obstante, en una entrevista en el canal BFMTV, el ministro de Agricultura de Francia, Marc Fesneau, descartó "un cierre de fronteras" para productos españoles o italianos como ha demandado la ultraderecha, porque sería contraproducente para la propia industria agrícola francesa si los países vecinos hacen lo propio.
Durante los más de 10 días que se extiende esta revuelta, muchos de los manifestantes se han quejado de la entrada de productos agrícolas llegados especialmente de España, pues consideran que representan una competencia desleal por su bajo precio y que sus estándares medioambientales son peores que los franceses.
Poco antes de su discurso, Attal, quien ya había anunciado el viernes varias medidas para calmar el sector, acudió de nuevo a una explotación agrícola con la esperanza de desactivar una protesta que había dado los primeros signos de desinflarse el sábado.
Pero ni la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) ni la de Jóvenes Agricultores (JJAA) de la región parisina han dado su brazo a torcer y anunciaron que van a bloquear los accesos a la capital "de manera indeterminada" a partir de este lunes 29 a las 13 horas GMT.
Otra organización, Coordinación Rural, aseguró que viajarán a París con la meta de bloquear el mercado internacional de Rungis (afueras), considerado el mayor de productos frescos en el mundo.
El Ejecutivo se ha mostrado especialmente cauto a la hora de enviar efectivos policiales para disipar las protestas, que juzga pacíficas, aunque se bloqueen infraestructuras públicas.
Sin embargo, ante posibles cortes a las entradas a París, de sus aeropuertos internacionales y de Rungis, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pongan en marcha "un notable dispositivo defensivo para impedir cualquier tipo de bloqueo".
De momento, se han registrado esporádicos episodios de violencia, como la quema de la fachada de la delegación del Gobierno en la ciudad de Agen (sur de Francia) el pasado miércoles.
El viernes otros dos edificios públicos resultaron calcinados por los manifestantes: el de la Mutualidad Social Agrícola en Narbona (sur) y el de las Aduanas en Nimes.
Los acuerdos de libre comercio entre la UE y otras regiones del mundo están bajo el punto de mira de los agricultores y ganaderos galos.
El sector achaca que estos pactos son negativos para sus intereses, pues dejan entrar en Francia productos a precio mucho más bajo, como dicen que sucede con los de Brasil o Ucrania (dos potencias agrícolas en la exportación de cereales y de carnes como el pollo).
Uno de los acuerdos más criticados ha sido el de la UE-Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) que debe ser ratificado por los 27 Estados miembros de la UE tras el pacto político de 2019, que tardó más de 20 años en alcanzarse.
Para el ministro Fesneau, esta asociación "es inaceptable" por no cumplir con los estándares europeos de calidad.