El conseller José Antonio Rovira junto a la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho.Foto: VPVALÈNCIA. El lío que se ha producido este año con las adjudicaciones de plazas de docentes coleará todavía unos días, a pesar de que la Conselleria de Educación haya adjudicado finalmente un destino a los más de 12.000 profesores interinos que este lunes seguían sin conocer dónde trabajarían a partir del 1 de septiembre.
El conseller de Educación, José Antonio Rovira, anunció este jueves, después de que su departamento corrigiera 'in extremis' el caos generado en las últimas semanas, que pondrá en conocimiento de la Abogacía de la Generalitat el cese de los altos funcionarios encargados de gestionar el área de personal docente a escasos días de que se tuviera que iniciar el proceso de adjudicación de plazas.
En una concurrida rueda de prensa, Rovira expuso varios de los motivos que, a su juicio, han sido la "tormenta perfecta" para que se haya producido un proceso caótico de cara al curso 2023-2024. Entre ninguno de ellos, eso sí, se encontraban causas atribuibles a la gestión del recién estrenado gobierno, sino que más bien serían, según sus palabras, fruto de la "herencia" recibida del Botànic.
El primero de ellos, que la anterior consellera de Educación, Raquel Tamarit, dejara preparado el cese de varios funcionarios de libre designación que habían sido los encargados hasta el momento de tramitar todas las adjudicaciones durante los últimos cursos: el subdirector general de Provisión de Personal Docente, el Jefe de Servicio de Gestión y Determinación de Plantillas de Personal Docente, así como los directores territoriales y los jefes de servicios territoriales de Educación.
Los ceses se produjeron, según explicó Rovira, a petición propia y fueron firmados por Tamarit el 10 de julio para que tuvieran efectos entre el 21 y 31 de julio. Hasta entonces, según el conseller, su departamento no pudo comenzar a asignar destinos a los docentes porque en este curso debían también distribuir las plazas obtenidas del proceso de estabilización de interinos que busca reducir la temporalidad en la Administración. Y, dado que el Gobierno central, no remitió los listados de personas que habían logrado consolidar plaza hasta el 1 de agosto, no pudieron comenzar con el proceso hasta diez días después, ya que el documento ministerial contenía duplicidades y errores y tuvieron que revisarlo en profundidad previamente.
Con todo, el conseller explicó que se quedaron sin ese personal que había seguido todo el proceso en un momento clave y, ahora, quiere que la Abogacía de la Generalitat emita un informe para saber si se puede expedientar a estos empleados públicos por "abandonar" sus puestos de trabajo "en un momento difícil" y en el que tenían "responsabilidades directas". Al ser funcionarios de carrera de libre designación -es decir, elegidos en su día para ocupar jefaturas concretas por la exconsellera de Educación-, están "en su derecho de renunciar y pedir su cese" tras el cambio de gobierno, como reconoció el propio Rovira.
Sin embargo, el conseller quiere saber si debían haberse quedado en sus puestos unas semanas más hasta que se resolvieran las adjudicaciones a principio de curso. Y si fuera así, poder abrir algún tipo de expediente. "No me parece justo ni adecuado que personas responsables hayan primado sus intereses personales, políticos o vacacionales y se hayan ido a su casa dejando el proceso empantanado".
Desde Compromís, que durante ocho años ha estado al frente de esta Conselleria, por contra, desmienten esta tesis y explican que algunos de estos altos funcionarios se ofrecieron a continuar en el cargo un tiempo y no obtuvieron respuesta por los actuales gestores, por lo que finalmente optaron por dar un paso a un lado para que el nuevo gobierno realizara sus propios nombramiento.
Ahora bien, más allá del pronunciamiento de los abogados de la Generalitat a corto plazo, el responsable de Educación aprovechó la cita con los medios para enumerar además otra ristra de factores que habrían propiciado el desbarajuste vivido. Todas, de nuevo, atribuibles al gobierno anterior: que el Botànic que integraban PSPV, Compromís y Unides Podem no hizo pruebas en el programa informático antes de comenzar con el proceso para comprobar que no daba errores, el retraso del Gobierno central en trasladar las cifras de interinos que han logrado plaza en el proceso de estabilización, o la complejidad de las adjudicaciones de este año por los nuevos factores que entraban en juego.
Así, Rovira expuso que en un ejercicio normal, la Conselleria tiene en cuenta cuatro procesos para asignar destino al profesorado: el resultado de los concursos de traslados, las comisiones de servicios concedidas, los docentes que han aprobado una oposición y deben empezar la fase de prácticas de un año y los docentes que aprueban las oposiciones del ejercicio en curso. En esta ocasión, además, se juntaba el proceso de estabilización y que los profesores de Formación Profesional pasen de ser profesorado técnico a profesorado de Secundaria. Una modificación a la que no estaba adaptado el sistema de la Conselleria, que para la adjudicación sólo tuvo en cuenta a quienes habían hecho efectivo el cambio.
En este punto, hizo hincapié en que en 2020 la Dirección General de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) advirtió que el programa estaba obsoleto e, incluso, dos años más tarde propuso realizar un encargo para actualizarlo. Algo que Educación no realizó y que desde Compromís explican que era la DGTIC la encargada de contratar o sacar licitaciones de este tipo y no su propio departamento.
Para concluir, Rovira reveló que "dada la magnitud del asunto, para este año estaban convocadas 8.800 personas, entre funcionarios de carrera e interinos, para colaborar en estas adjudicaciones, cuando en un ejercicio normal las cifras oscilan de 1.000 a 2.000". Cifras que ofreció para justificar que este curso el proceso apuntaba a ser mucho más complejo que años atrás.
Tras finalizar la comparecencia, el sindicato UGT lamentó que "en lugar de soluciones, los máximos responsables de la Conselleria de Educación" hubieran dedicado la mañana "a poner excusas sobre la que ha sido y es una crisis de gestión sin precedentes". "No es de recibo que, desde el inicio de este proceso, se hayan rehuido responsabilidades y no se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar una adecuada asignación de plazas entre el profesorado", declaró Maite Tarazona, responsable del sector de Enseñanza de UGT-PV. "La impresión es que se pasan la pelota unos a otros y, al final, el colectivo perjudicado son los docentes que, a ocho días de iniciarse el curso escolar, muchos de ellos no saben donde van a vivir. Es lamentable que se use la Educación como moneda de cambio", concluyó.
