BENIDORM. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba la adjudicación del contrato para el transporte escolar de los municipios de la Marina Baixa. Así lo confirman a Alicante Plaza fuentes de este departamento que dirige José Antonio Rovira, que reseñan que después de haber estudiado el fallo judicial, han valorado interponer un recurso de casación ante el TSJCV para el que tienen máximo hasta el 5 de septiembre.
Como adelantara este diario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta del mencionado Tribunal también condenaba a la Generalitat Valenciana al pago de 226.924,13 euros a la segunda clasificada, que es la demandante, por no haber podido ejecutar el primer año de contrato, además de abonar parte de las costas procesales. Con todo, fuentes de Conselleria quisieron remarcar que el servicio está garantizado el próximo curso "al 100%".
Los hechos se remontan a la anterior legislatura, que fue la que inició el procedimiento de licitación. El gobierno valenciano del PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida publicó el procedimiento en diciembre de 2022, pero no fue hasta junio de 2023 cuando se adjudicaron todos los lotes, incluido el de Marina Baixa. A este se presentaron dos ofertas. Por un lado, la de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por 'Autobuses Esteve SL y otros' y la de Medel Orozco Tours S.L junto a otras siete sociedades. En el historial de hechos, la primera gana el procedimiento de licitación y la segunda, que había sido la favorita en la propuesta previamente, recurre el acuerdo por el que se decanta por su competidora.
En un primer lugar, lo hacen frente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que resuelve a favor de la administración local. Es por esto que en agosto, ya con el gobierno del PP y Vox, se formaliza el contrato con la empresa, que presta el servicio durante el curso 2023-24.
Sin embargo, la otra UTE recurre la adjudicación, y el TSJ termina estimando el recurso de manera parcial. En su demanda defienden dos puntos. Por un lado, la falta de legitimación de la firmante de la oferta ganadora, aspecto que desestima la Sala en el fallo del pasado 20 de junio. Pero sí admite la segunda parte, en lo relativo a la falta de justificación de disponibilidad de unos vehículos que no estaban matriculados en el plazo previsto.
Con todo, la Dirección General de Centro Docentes emitió un informe-propuesta para que la abogacía de la Generalitat recurriese la sentencia, tal y como apuntan fuentes de Educación.