VALÈNCIA. La Conselleria de Economía finalmente concederá 53 días de prórroga a las empresas concesionarias de ITV en la Comunitat Valenciana como compensación por las pérdidas en el negocio por el tiempo que permanecieron cerradas durante la pandemia. Una decisión que supone alargar hasta el 22 de febrero la concesión, cuya reversión estaba prevista para el 1 de enero de 2023 cuando la Generalitat asumirá directamente el servicio a través de una nueva mercantil pública.
La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova-ITV) había solicitado seis meses de prórroga en base a una auditoria externa que realizaron y que estimaba en 5,6 meses y 7,7 millones de euros las pérdidas en el negocio por el cierre durante el Estado de Alarma de 2020. No obstante, la Generalitat Valenciana ha considerado que 53 días es tiempo suficiente.
Este lunes, la Conselleria de Economía y Aecova-ITV mantenían un encuentro de trabajo para abordar la prórroga solicitada por las concesionarias y estudiar los pasos a seguir para la transición hacia la gestión pública del servicio. Desde el departamento que dirige Rafa Climent se ha decidido dar a las empresas 53 días extra, por lo que la reversión llegará el próximo 22 de febrero.
Un plazo que no ha convencido a Aecova que considera que con menos de dos meses "no se puede acometer una transición tranquila" y lamentan que no se haya atendido su solicitud. De hecho, aseguran que van a estudiar la puesta en marcha de nuevas medidas para conseguir una mayor compensación hacia las concesionarias.
La prórroga tendrá como consecuencia un retraso en la aplicación de la bajada de las tarifas anunciada por Climent, quien avanzó hace unos días que una bajada en el coste del servicio desde el mismo momento en que la gestión pase a ser pública. La opción que maneja el Consell es la de eliminar de inmediato la tasa que se paga por la prueba de sonometría, una revisión que solo se realiza en la Comunitat Valenciana, lo que supondría una bajada de la tarifa actual en algo más de 11 euros.
Paralelamente, Economía continúa completando etapas hacia esa reversión después de 25 años de modelo concesional. Así, hace unas semanas nombraba al abogado Josep Albert, que ha sido alcalde de Albaida durante los últimos doce años por Més Compromís, como presidente de la nueva empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV), creada por la Generalitat para gestionar el servicio de ITV en la Comunitat Valenciana.
En el consejo de administración están Rosa Ana Seguí, directora general de Comercio; Silvia Cerdá, directora general de Industria; José Vicente Soler, director general de Economía Sostenible; María José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico; Daniel González Serisola, subsecretario de la Conselleria de Hacienda; y Júlia Company, directora general del Ivace.
Por parte de las organizaciones sindicales formarán parte del consejo de administración Daniel Argente, a propuesta de la UGT-PV; María Pilar de Vera (CCOO-PV); Manuel García Algarra (Intersindical) y Ruth López (CSIF).
Tal como establece el Decreto Ley 3/2022, de 22 de abril, está previsto que, una vez finalizada la vigente concesión administrativa, el servicio de ITV en la Comunitat Valenciana se prestará en régimen de gestión directa, así como que el uso de las instalaciones de las estaciones de ITV necesarias para prestar el servicio se cederá a la nueva mercantil, mediante la adscripción directa de los bienes afectos al servicio público de ITV previsto en el artículo 53.3 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.