El conseller de Economía, Rafa Climent, durante una entrevista con Alicante Plaza. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El conseller de Economía, Rafa Climent, llega al seminario de Ademuz con el deber casi cumplido. Como el resto de departamentos, el de Climent se había marcado cinco objetivos concretos, más asequibles que los que se establecían en los primeros retiros del Gobierno valenciano (más ambiciosos y abstractos), entre los que destacaba el de establecer cláusulas salariales en la contratación pública. Precisamente, el único que se ha quedado pendiente este semestre.
En este sentido, la Conselleria se ha visto perjudicada de forma tangencial por la extinción de la patronal autonómica Cierval y la asunción de la valenciana CEV de ese espacio. De hecho, el acuerdo con la antigua patronal en la mesa de diálogo social estaba ya cerrado, al igual que con los sindicatos. Sin embargo, la nueva patronal autonómica de Salvador Navarro ha paralizado el acuerdo para seguir negociando, y no está tan por la labor de apoyar el planteamiento del Consell.
La finalidad de esta nueva norma que impulsa el departamento de Climent es introducir cláusulas en los contratos del sector público que se firman tanto por la Generalitat como por su sector público instrumental, de forma que no se produzca un deterioro de las condiciones laborales de las personas que trabajan en ese sector. Es decir, que los empleados de una contrata no se vean perjudicados en su salario por las ofertas a la baja de las empresas para hacerse con el servicio, o que tengan garantizado su puesto de trabajo cuando la empresa para la que trabajan abandona la prestación del servicio y éste pasa a otra (mediante la subrogación de plantillas).
Las cláusulas básicas buscarían así garantizar las adecuadas condiciones laborales del personal de la contrata, así como el cumplimiento (como mínimo) del convenio sectorial de referencia. Además, se pretende introducir también cláusulas sociales que fomenten la inserción de mujeres o personas con diversidad funcional, y reducir la brecha salarial o la siniestralidad, entre otros objetivos. La mesa de diálogo social ha estado negociando hasta casi el último día, pero el pasado lunes los sindicatos lo daban por imposible y lanzaban un duro comunicado contra la patronal, a la que acusaban de "no apostar por la calidad del empleo en las adjudicaciones públicas".
Salvando el 'debe' de las cláusulas salariales, la Conselleria de Climent se presenta en Ademuz con el deber cumplido en el resto de objetivos que se establecieron en enero en Sagunt. Así, en lo que se refiere a la 'Agenda Industria 4.0' (AI4.0-CV), una hoja de ruta para la digitalización de la industria valenciana y el desarrollo del sector TEIC en la Comunitat, Economía ha convocado tres líneas de ayudas en los últimos seis meses, y la primera se resolvió en junio. En cuanto al plan de acción para el fomento de la seguridad industrial, que también se marcaba como objetivo, acaba de ser presentado tras diversas reuniones con el sector, que dieron como fruto un acuerdo a principios de mayo.
También se está cumpliendo el objetivo del plan de promoción exterior, que agrupa todas las acciones previstas en los mercados exteriores a fin de dar a conocer las empresas y productos de la Comunitat. De hecho, el IVACE (que es el organismo encargado de ejecutar sobre el terreno el plan) ha protagonizado en los últimos meses una notable actividad, con diversas misiones comerciales. Las dos últimas (la misión se dividió ante el interés suscitado entre las empresas) a México.
El quinto objetivo, la creación de escuelas taller para jóvenes en situación de vulnerabilidad en barrios de atención preferente, se puede dar también por cumplido, en este caso sobre la bocina. Según ha podido constatar este diario, el miércoles se publicó la orden que regula las bases. En descargo de Climent, cabe destacar que ha sido una tramitación compleja al implicar a otras consellerias.
