La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, ALICANTE. Continúan las muestras de contestación social frente a la propuesta de instalación de una suerte de planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante. El colectivo conservacionista Ecologistas en Acción ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo por la que insta a paralizar el procedimiento administrativo por el que se dio encaje a la construcción de esos silos (una modificación de la concesión de la terminal, gestionada por la empresa Terminales Marítimas del Sureste) al considerar que se habría generado "indefensión" a la hora de informar sobre la resolución de las alegaciones presentadas por varias asociaciones contra el proyecto.
En concreto, esa supuesta vulneración del derecho a la participación se habría producido tanto por la ausencia de notificación sobre la respuesta de esas objeciones y por el hecho de que, según sostienen, no se haya publicado en boletines oficiales la resolución completa adoptada en la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria el pasado 25 de julio, por la que se amparaba el proyecto impulsado por la empresa XC Business 90 a través de ese cambio en la concesión de TMS.
La asociación ecologista, que ya presentó un recurso de alzada contra la modificación de la concesión ante Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento, incide en su escrito en que "desde nuestro punto de vista se están poniendo una serie de impedimentos y trabas que impiden que los derechos sean reales y efectivos y facilitar la participación de los ciudadanos y grupos sociales como recoge explícitamente el artículo 9.2 de la Constitución e incumpliendo de forma evidente la normativa que regula el procedimiento administrativo de todas las administraciones (Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo) y que debe cumplir la Autoridad Portuaria de Alicante como Administración Pública que está sujeta al principio de legalidad".
En esta línea, el escrito de queja incide en que la reunión del consejo del Puerto en la que se adoptó el controvertido acuerdo "es nula de pleno derecho, y carece de validez, pues la convocatoria hecha para ese día por el presidente del APA coincidió de forma premeditada con la convocatoria ordinaria y regular del Pleno del Ayuntamiento alicantino, que de forma regular y preestablecida se convoca el último jueves de cada mes".
Ecologistas en Acción subraya que esa circunstancia evitó que pudiesen participar en la reunión tres de los miembros del consejo: el alcalde, Luis Barcala (PP), el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) y el portavoz de Compromís, Natxo Bellido (designado en representación de la Generaliat). El colectivo incide en que "estos tres vocales suponen el 23% del total de representantes, que son 13", por lo que considera que "se hurta a los representantes de los ciudadanos el poder expresar sus planteamientos (en este caso de rechazo) sobre esta polémica instalación".
El escrito de queja se registró el pasado 20 de septiembre, cuatro días antes de que la Conselleria de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Alicante acordasen constituir una comisión técnica mixta para revisar la viabilidad del proyecto.
