ALICANTE. Con las imborrables inundaciones en la Vega Baja de septiembre de 2019, administraciones públicas, colectivos y asociaciones han presentado alegaciones, comentarios y observaciones al borrador del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura. Este documento, cuya fase de exposición finalizó la pasada semana, tiene carácter de herramienta fundamental para minimizar las consecuencias de futuros episodios de fuertes lluvias y reducir o evitar los daños. Los Ayuntamientos –la mayoría de los de la comarca-, ecologistas y el Consell han remitido de forma independiente sus aportaciones para que sean incluidas o al menos contempladas de cara a la redacción del documento final.
Este programa de medidas se configura con la vista puesta en el período 2022-2027 y se contempla una inversión de 644 millones de euros para toda la demarcación del Segura. La CHS ha dividido en cuatro principios básicos esas medidas: reducir los caudales punta que afluyen al llano de inundación, renaturalización y homogeneización de la capacidad del encauzamiento al río Segura, creación de una red de conducciones y corredores verdes y la reconstrucción de un humedal en el entorno del Hondico de Amorós.
Desde la administración autonómica, el Consell ha canalizado y centralizado todas sus aportaciones a través del Plan Vega Renhace. Coordinado por su comisionado, el catedrático de Análisis Geográfico, Jorge Olcina, han aportado una serie de apreciaciones y matizaciones sobre las medidas propuestas por la CHS. Todas ellas giran en base a cinco líneas de actuación: laminación de las aguas desde su entrada en la comarca hasta la desembocadura, el tratamiento necesario del tramo de desembocadura del río en Guardamar del Segura; el empleo de la red de riego (acequias y azarbes) como elemento de laminación de crecidas ordinarias; la necesidad de mejorar el antiguo cauce del río Segura en su tramo final, y la construcción del cuarto ojo en el puente de Rojales.
El Plan Vega Renhace, en su documento de conclusiones necesarias, después de meses de consultas recoge 28 medidas, con el que llevar a cabo cierta transformación del territorio hacia uno más resiliente de cara a futuros fenómenos meteorológicos adversos como los de 2019.
Quien también ha presentado un detallado documento con alegaciones y aportaciones es el colectivo ecologista Segura Transparente. En él, indica y explica qué medidas propuestas por la CHS no son las idóneas y en otras instan a que se apresuren para su ejecución. Entre estas se encuentra el estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo, y el aumento de capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al Embalse de Santomera –también el aumento de la capacidad del embalse.
Entre las mayores discrepancias se encuentran la creación de corredores verdes. Consideran poco conveniente los proyectados, como el desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. Si no va a acompañado, argumentan, con un estudio de aportes de aguas desde la sierra de La Murada y de Albatera no es apropiado.
La zona de Granja de Rocamora, San Isidro y San Felipe Neri, explican en sus alegaciones, ya sufren inundaciones en episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, por eso se oponen y lo consideran improcedente debido a las consecuencias que podría tener sobre la población, polígonos industriales y viales. Del mismo modo se posicionan con el resto de corredores verdes proyectados y que desembocarían en El Hondo.
En cuanto al bypass proyectado en Orihuela, el colectivo ecologista señala que si el cauce del río no se amplía entre Orihuela y Guardamar, la opción propuesta traslada el problema aguas abajo. Sobre la rambla de Abanilla sugiere que la laminación sea de forma integral para retener toda el agua que se pueda en embalses de la cabecera. Otro de los aspectos más controvertidos es la desembocadura del río Segura. Instan a una ampliación urgente para facilitar la salida del agua al mar, junto con una combinación de compuertas en caso de fuerte temporal de levante y la instalación de bombas de gran caudal que permitan bombear aguas estancadas por encima de las motas.
Entre los Ayuntamientos que han presentado alegaciones se encuentra el de Orihuela. Además de sumarse a que las ya demandadas infraestructuras hidráulicas se ejecuten con urgencia y preste mucha atención a la relación coste/beneficio, han insistido en que las soluciones no se pueden adoptar de forma independiente provocando de este modo un agravio aguas abajo, como actuar en un bypass de Orihuela en el Reguerón sin ensanchar el cauce aguas abajo. También han alegado en cuanto a “la insuficiente capacidad del embalse de Santomera”. Han alertado que en el análisis de “obras nivel crítico de mayor prioridad” no se han hayan incorporado actuaciones sobre la CV-930 y la línea de alta velocidad a su paso por Orihuela.