Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. División de opiniones tras la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva a la planta fotovoltaica Argos, que promueven el fondo valenciano Atitlan y la empresa de renovables alicantina Awergy junto a Aurea Capital Partners (ACP), en el término municipal de Villena. Mientras el Ministerio de Transición Ecológica ha dado luz verde al proyecto con algunos condicionantes, la Generalitat no se ha mostrado especialmente entusiasmada, y el colectivo Ecologistes en Acció ha acudido directamente al Defensor del Pueblo, tras ver rechazadas sus alegaciones en la fase de exposición pública.
Sin embargo, curiosamente, el Ayuntamiento de Villena ha recibido con los brazos abiertos el visto bueno ambiental a la planta de Atitlan, que como ha avanzado este diario tendrá 89 MW de potencia instalada, generará 185 GWh al año y ocupará 192 hectáreas (solo 42 con paneles solares), tras una inversión cercana a los 40 millones de euros. El beneplácito municipal no es baladí, pues en última instancia la licencia de obra depende del Ayuntamiento, y Villena ya ha expresado anteriormente su rechazo a algunos de los proyectos fotovoltaicos impulsados en su término.
En su queja al Defensor del Pueblo, el colectivo ecologista argumenta que el Ministerio publicó la DIA sin haber contestado a sus alegaciones (presentadas en mayo) ni hacer referencia al proceso de exposición pública, lo que a su juicio incumple el artículo 9.2 de la Constitución. Asimismo, la asociación considera vulneradas otras normas estatales y autonómicas que regulan el derecho a la participación pública, por lo que piden "amparo" al Defensor del Pueblo y que "inicie una investigación" al respecto ante la vulneración de derechos fundamentales.
Al margen de esta queja al Defensor del Pueblo presentada por Ecologistes en Acció, la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo (Compromís), ha mostrado su oposición a esa DIA (que depende del Ministerio, al superar la potencia a instalar los 50 MW) en redes sociales. "No es una buena noticia para el territorio ni el paisaje valencianos", porque, defiende, no se tienen en cuenta aspectos como el riesgo de inundación o el estudio de paisaje. Pardo, en última instancia, lamenta que su departamento no haya podido participar en la decisión.
Sin embargo, el concejal de Urbanismo de Villena, Javier Martínez (PSPV), no ha dudado en felicitar (también en redes) a los impulsores de la planta solar Argos, "por la sensibilidad con respecto al medio ambiente que han demostrado y siguen demostrando en cada paso el proyecto". El edil, que se ha hecho eco de la información de Alicante Plaza, celebra que "sigue avanzando la tramitación de los proyectos de generación de energía renovable tan necesarios para la sostenibilidad económica y medioambiental".
El pasado martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que concede a la planta fotovoltaica Argos la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, aunque tendrá que observar una serie de condiciones. En este sentido, destacan la necesidad de obtener el visto bueno de la Generalitat en cuestiones de respeto a la flora, consensuar el calendario de obras para minimizar su impacto, instalar salvapájaros en la línea de alta tensión, ampliar la barrera vegetal a 10 metros, o garantizar que no se invade el paraje de la Sierra de Salinas, limítrofe a la zona de actuación.
Desde la empresa promotora explicaron que la subestación de Sax donde volcará la planta se encuentra "a escasos metros de la misma, anulando así el impacto medioambiental de las infraestructuras necesarias para la conexión". Además, la estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos de la planta "irá directamente hincada en el propio terreno dada la favorable orografía de la zona para este tipo de instalaciones, de manera que el uso de hormigón y el movimiento de tierras serán prácticamente nulos", garantizando así la colonización de la totalidad del terreno ocupado por vegetación silvestre.
Una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental, el siguiente paso es la obtención de la Autorización Administrativa que emite igualmente el Ministerio de Transición Ecológica, algo que la empresa promotora estima que podrá recibir en el plazo de tres o cuatro meses. Posteriormente, con estas autorizaciones ministeriales, el Ayuntamiento podrá emitir la correspondiente licencia urbanística para poder empezar las obras. "Como fecha realista para poder iniciar las obras podríamos hablar del primer trimestre de 2023", señalan.
