MURCIA (EFE).- Dos de los investigados en el presunto fraude que se habría cometido en las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillent y Murcia han planteado un incidente de recusación para que la magistrada que dirige las investigaciones desde hace cinco años se aparte del mismo y las mismas pasen a manos de otro juez.
En un escrito que acaba de ser notificado a las partes y al que ha tenido acceso Efe, estos dos investigados, J.C. y C.M., señalan que un reciente auto de incoación de procedimiento abreviado contra todos los encausados no deja de ser, presuntamente, más que el informe de un guardia civil que participa en las investigaciones.
La magistrada, a través de una providencia notificada a todas las partes personadas en el proceso, ha dado un plazo de diez días a los recusantes para que presenten el poder especial que exige la ley para poder tramitar su petición.
El pasado 15 de diciembre el juzgado notificaba a los investigados el segundo auto de apertura del procedimiento abreviado, ya que el anterior, emitido en enero de 2019, fue revocado por la Audiencia Provincial de Murcia al considerar que el mismo estaba falto de motivación y no individualizaba debidamente los hechos presuntamente delictivos cometidos por cada uno de los imputados.
En aquel momento, el tribunal, que estimó el recurso de la fiscalía y el presentado por el letrado de uno de los encausados, dejó en manos de la magistrada dictar nueva resolución que cumpliera con las exigencias legales o acordar directamente el sobreseimiento de las actuaciones.
La juez eligió la primera opción, y en un auto de más de 400 acordó abrir la fase intermedia del procedimiento abreviado, lo que implica que, previsiblemente, los investigados, entre los que se encuentran varias decenas de personas físicas y jurídicas, irán a juicio.
La causa, que se inició tras la denuncia presentada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en mayo de 2014, se sigue por los supuestos delitos de estafa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y otros.
Entre los investigados figuran el que fuera director de Infraestructuras para Levante del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), J.L.M.P., así como dirigentes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, en la Vega Baja del Segura.
El presunto fraude que, según algunos informes incorporados a las actuaciones podría llegar a los 23 millones de euros, se habría cometido con la emisión de facturas falsas o sobredimensionadas correspondientes a los trabajos de reposición de las redes de regadío afectadas por las obras del AVE.
Entre las empresas que figuran en el auto como responsables a efectos civiles y penales se encuentran Acciona Infraestructuras, Dragados y Constructora San José; a esta última pertenecen los ahora recusantes, a los que se atribuyen los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento mercantil.