El plan de cooperación local estaría dotado con 100 millones, que aportarían Generalitat (30 millones), diputaciones (30), la Unión Europea (20) y el Instituto Valenciano de Finanzas (20). Valencia ya ha dicho sí; Alicante y Castellón obvian la invitación del Consell
ALICANTE. Viene otro frente entre la Generalitat Valencianas y las diputaciones de Alicante y Castellón, ambas gobernadas por el PP. Por acción o por omisión, el Consell bipartito y los gobiernos provinciales del PP no acaban de ponerse de acuerdo para ejecutar una de las medidas estrella anunciadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado julio, en la cumbre de Torrevieja. Y ¿qué hay en juego? Pues 100 millones de euros que deberían aportar Generalitat (30 millones), diputaciones (30), la Unión Europea (20) y el Instituto Valenciano de Finanzas (20).
Según ha podido saber Alicante Plaza, ese fondo de cooperación incluiría ayudas no finalistas; es decir, que los ayuntamientos destinarían a sus necesidades, con criterios amplios; a proyectos sostenibles, fijados por Bruselas, y a refinanciar deuda con mejores condiciones, que sería la ayuda que aportaría el Instituto Valenciano de Finanzas. Las tres instituciones provinciales ya tienen la invitación formal, pero sólo Valencia (Jorge Rodríguez), que tiene el mismo gobierno que la Generalitat, PSPV y Compromís, ha dado el sí: debe aportar unos 12 millones, como Alicante. Castellón pondría los seis restantes hasta completar los 30.
Desde el Consell defienden que la iniciativa sería un importante desahogo para los ayuntamientos, que podrían hacer sus obras más urgentes, dotarse de personal, si es que los necesiten; optar a ayudas europeas por este canal o renegociar créditos del pasado.
Alicante (César Sánchez) y Castellón (Javier Moliner) no han respondido, pero es notorio que no comparten la iniciativa del Consell. Los populares mantienen a que este nuevo plan -la Generalitat todavía está en espera de cerrar el plan del empleo- sea otro hachazo a sus presupuestos para suplir la falta de financiación de la Administración autonómica. Y en esa órbita es donde sitúan los decretos de coordinación de Turismo y Deportes, pese a que la tensión entre administraciones se reducido en los últimos meses.
El PP, que gobierna en ambas, es partidario de que las Cortes aprueben una ley de financiación justa para municipios, que determine las competencias para cada institución y qué fondos aportaría cada cual. Es el denominado 'modelo andaluz', que salió a relucir en el foro de diputaciones celebrado en Alicante la semana pasada. Allí, el presidente de la corporación de Jaén, Francisco Reyes, del PSOE, expuso que existe una comisión Junta de Andalucía-diputaciones andaluzas, que da cumplimiento a una ley para contemplar qué servicios asume cada administración y quién los sufraga.
Otra de las cuestiones que a juicio del PP debería abordar ese fondo son los servicios que ahora asumen las instituciones provinciales, pero son de competencia autonómica, como el Hogar Provincial o centro de salud mental Doctor Esquerdo, como sucede en Alicante.
Y por último hay otro criterio que no gusta al PP, pero cómo se desconocen los detalles del plan, pues no lo ha expresado. Y es que el temor que es que se aplique el criterio de población, por lo que las grandes ciudades serían las más beneficiadas, cuando desde las diputaciones del PP entienden que deben ser los municipios más pequeños los objetivos prioritarios, pues son los que tienen más déficit de personal y de servicios.