VALÈNCIA. Terremoto en la Conselleria de Educación. La directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, y el subdirector general, Pascual Hernández, presentaron su dimisión este jueves alegando motivos personales, por lo que ninguno estará ya al frente del departamento encargado de la gestión de la plantilla de docentes de la Comunitat Valenciana. Una salida abrupta por el momento en el que se produce: apenas unos días después del varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obligará, a priori y salvo sorpresa, a la Conselleria de Educación a rehacer las plantillas de profesores con el curso ya iniciado.
Desde el departamento que dirige José Antonio Rovira subrayaron tras el anuncio de dimisión que tanto Sancho como Hernández ya habían trasladado al conseller su intención de abandonar los puestos que ocupaban el verano pasado después de que se resolviera el lío que se produjo con las adjudicaciones tras el cambio de gobierno. Una intención que no llegó a materializarse porque, según la conselleria, el propio Rovira les pidió que aplazaran su salida.
El "desgaste" -en palabras del conseller este jueves-, sin embargo, ha ido a más. Y a pesar de que desligan estas salidas del fallo judicial, lo cierto es que los hechos se han sucedido en el tiempo y una cosa se ha producido después de la otra. "Me comunicaron hace unos meses que querían descansar, después de la adjudicación de docentes que este año sí que salió bien porque la pudimos hacer nosotros", explicó este jueves el dirigente popular. Y aunque Rovira les pidió que se mantuvieran en el puesto de nuevo al considerar que la adjudicación se había resuelto en esta ocasión de manera satisfactoria, estos lo rechazaron.
Fuentes de la conselleria consultadas por este diario afirman que ambos han vivido un año y medio de legislatura muy intenso. "Están quemados, y esta conselleria es un matapersonas", explican en relación a la carga de trabajo que tiene aparejada y el escaso personal con el que cuentan. Huelga recordar la limitación de eventuales que tiene fijada el gobierno. Ahora bien, otras fuentes mantienen que las dimisiones no obedecen -o al menos no únicamente- en particular a la carga de trabajo o el fenómeno burnout, sino que a lo largo de la legislatura ha habido discrepancias sobre la estrategia a adoptar en diferentes cuestiones por parte de la conselleria.
En medio de todo este embrollo, conviene recordar cuál es la patata caliente que tiene actualmente la Conselleria de Educación sobre la mesa. Todo parte del acuerdo de plantillas aprobado por el Botànic en 2023. En él se fijaba que la Generalitat contrataría a 5.000 profesores a lo largo de los próximos dos años: 3.100 en el curso 2023-2024 y 1.900 para el curso vigente (2024-2025).
Así, el primer año Educación contrató a los docentes previstos, pero para este curso el departamento de Rovira decidió denunciar el acuerdo con la intención de revocarlo. La Conselleria argumentó que el Botànic lo había firmado estando en funciones -dado que habían perdido las elecciones de mayo de 2023- y, por tanto, consideraban que había comprometido la acción de gobierno del ejecutivo actual (PP). Así que un millar de docentes quedaron por contratar.
En este punto, cabe apuntar que Sancho y Pascual fueron los responsables de diseñar las plantillas de docentes que posteriormente sustituirían el acuerdo firmado por el Botánico. Una planificación que también ha quedado suspendida de manera cautelar. Según fuentes consultadas por este diario, ya en su día surgieron discrepancias entre los altos cargos por la estrategia que se había decidido seguir en Campanar, 32 -ubicación de la Conselleria-. Algo que, eso sí, no logró trascender a la prensa.
Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio validez al acuerdo botánico -y por tanto a los sindicatos, que defendían el mantenimiento del pacto- y obligaba a Educación a contratar a los cerca de mil docentes, lo que supone rehacer todas las plantillas con el curso ya empezado.
El seísmo de este jueves es el segundo más significativo que ha vivido la Conselleria de Educación en la legislatura. El primero ocurrió en agosto del año pasado, y, precisamente, también en el mismo departamento: la Dirección General de Personal Docente. A una semana del inicio de curso, no habían adjudicado plaza a más de 12.000 docentes interinos por continuos fallos en las listas, lo que provocó un caos importante y protestas sonadas de afectados y sindicatos.
La cartera dirigida por Rovira atribuyó el lío al gobierno anterior, a numerosos fallos informáticos y a ceses "a petición propia" que la anterior consellera, Raquel Tamarit, había dejado preparados en el mes de julio, a pocos días de empezar el curso. Así, el dirigente popular amenazó con poner en conocimiento de Abogacía la situación para que determinara si podrían expedientar a estos funcionarios por "abandonar" sus puestos de trabajo "en un momento difícil" y en el que tenían "responsabilidades directas".
El jaleo acabó resolviéndose 'in extremis', pero el cabreo entre el profesorado no mitigó. Más aún tras conocerse que la ya exresponsable de Personal Docente se ausentó dos semanas de su puesto en mitad de este caos. Una situación que podría haber contribuido al "desgaste" acumulado que mencionó este jueves el conseller.