VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana tiene un reto difícil de cumplir en los próximos años: reducir la temporalidad en la Administración valenciana a un 8% para cumplir con la sentencia europea de marzo de 2020 que motivó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público y que impide que una persona interina esté más de tres años en una plaza pública. Una cifra que, con los datos sobre la mesa, parece casi una utopía que el Gobierno valenciano pueda alcanzar a pesar de que haya puesto en marcha la Oferta Públicas de Empleo (OPE) extraordinaria de 2021 para estabilizar personal.
La Dirección General de Función Pública ha elaborado un informe para conocer cuál es el estado actual de sus recursos humanos. Un análisis a fecha de mayo de 2024 que no solo demuestra el envejecimiento que tiene su plantilla de personal fijo, avanzado por Valencia Plaza, sino que también evidencia la alta tasa de temporalidad que sigue teniendo la administración autonómica, el disparado incremento que ha registrado en la última década y cómo, por el contrario, ese aumento ha ido en detrimento de las plazas fijas.
Una cifra que evidencia el problema que tiene la Administración valenciana con su plantilla y que toma aún más trascendencia si se mira el otro lado de la balanza: durante el mismo periodo, el número de funcionarios de carrera se ha visto reducido en un 20%. Lo que en síntesis significa que el empleo temporal gana peso en la autonomía frente a la búsqueda de una plaza fija.
Así, el informe elaborado por Función Pública refleja que en la última década el empleo público ha aumentado en torno a un 34%, con 5.437 personas incorporadas a la administración valenciana. Sin embargo, esa incorporación se ha producido en su mayor parte como empleo temporal, y no fijo. Este, por el contrario, ha caído en casi 20 puntos porcentuales en estos diez años, donde dos ejercicios han sido especialmente críticos en la incorporación de funcionarios al cuerpo de la Generalitat: 2018 y 2022.
"La cuantía del empleo temporal se ha más que duplicado, con un 108% de crecimiento de 2015 a 2024 y dos años destacados, 2021 y 2022, por la situación de pandemia", relata el análisis. Como consecuencia, la temporalidad ha aumentado "considerablemente, pasando de un 35,32% a un 54,92%, los mismos casi 20 puntos que suponen, por su parte, la caída del empleo fijo", analiza el documento al que ha tenido acceso este diario.
Las tendencias inversas, por tanto, reflejan no solo el alto porcentaje de jubilaciones que se están produciendo en los últimos ejercicios en el ámbito de la Generalitat, sino también la dificultad que está teniendo año tras año el Gobierno valenciano en sacar las plazas necesarias a oposición para cubrir todas las vacantes.
El aumento de la temporalidad se produce, según analiza la Conselleria, "aun cuando la Generalitat ha adoptado un número importante de medidas para aumentar el reclutamiento de personal". De hecho, durante el periodo analizado, se aprobaron un total de nueve ofertas de empleo público "para cubrir un total de 12.444 plazas vacantes".
No obstante, a pesar de que se han ido convocando "el número máximo de plazas que ha permitido la tasa de reposición de efectivos" en diferentes oposiciones, la Generalitat no consigue alcanzar su objetivo para reducir la temporalidad. "El número de plazas ofertadas y convocadas ha sido insuficiente para cubrir los puestos de nueva creación debido, especialmente, a las limitaciones derivadas de la mencionada tasa de reposición vigente en ejercicios anteriores", expone para acto seguido añadir que se ha debido recurrir al nombramiento de personal interino mediante bolsas de empleo para poder seguir prestando el servicio público.
Según concluye el informe, otro de los factores que ha influye en que no se reduzca la tasa de temporalidad de la Generalitat es el alto número de excedencias que se producen de forma automática cuando un aspirante supera un proceso selectivo. La situación más habitual es la siguiente: un interino de, por ejemplo, A2, se presenta a una oposición de C2, cuya oposición es más sencilla porque existe menos materia y menor cantidad de pruebas. Consigue aprobar, pero en lugar de tomar posesión del puesto y comenzar a trabajar en su destino como funcionario de carrera, automáticamente solicita una excedencia voluntaria para poder seguir trabajando como A2 como interino, dado que el sueldo es mayor y es donde venía desempeñando su actividad.
Esta situación provoca que, a pesar de que esa plaza debería haberse cubierto con su "propietario", la Administración acaba cubriéndola con un empleado temporal. Un factor más que contribuye a que finalmente la tasa de interinos no se reduzca.
Este escenario, de hecho, ha provocado que la Generalitat haya tenido que tomar cartas en el asunto para evitar que el problema que tiene sobre la mesa siga creciendo y la Dirección General de Función Pública aprobó antes de verano una instrucción por la que impedía las excedencias automáticas voluntarias una vez superada una oposición. De manera que, una vez aprobado, el aspirante debe al menos tomar posesión y asistir a su lugar de trabajo. Aunque sea un solo día, porque con ello se 'corta' la relación temporal que tenía anteriormente con la administración -de manera que no se generan empleados de larga duración temporal (evitan que estén más de tres años)- y el puesto al que aspiraba no es ocupado tampoco por ningún interino, sino por el funcionario de carrera, que sería el propietario de la plaza.
El informe también advierte que la Comunidad Valenciana es una de las que menos funcionarios tiene por habitante. Actualmente, la autonomía cuenta con 3 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, "lo que sitúa a esta comunidad casi un 39% por debajo de la media nacional (4,8) y siendo, con diferencia, el dato más bajo de todas las comunidades autónomas".
Tanto es así, que nueve comunidades autónomas duplican la ratio que tiene la Comunidad Valenciana. Son Aragón, Navarra, Cantabria, Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Asturias, todas ellas con 6 funcionarios por cada 1.000 habitantes.
En el caso de la ratio del personal de instituciones sanitarias, ocurre lo mismo. Por cada 1.000 habitantes en la Comunitat hay 12,6% de personal sanitario, por debajo de la media nacional que se sitúa en un 14,3%. "Sin embargo, ocurre lo contrario en el caso de la administración de justicia, docencia no universitaria y universidades".