Un momento de la concentración de protesta frente a la ejecución del lanzamiento, en el barrio de Carolinas de Alicante.ALICANTE. La movilización social desplegada por el Sindicat del Barri de Carolines de Alicante no ha impedido que se ejecutase el desahucio de una familia que residía en el número 16 de la calle Garbinet, a instancias del nuevo titular del edificio: el fondo Majoro Reo Spain II, según precisan fuentes del Sindicat.
La comisión judicial ha formalizado el lanzamiento en torno a las 11:00 horas, lo que ha propiciado que los inquilinos de la vivienda, una mujer pensionista y su hijo, que padece una discapacidad, hayan tenido que abandonar el piso para trasladarse al domicilio de un familiar, según ha relatado la propia afectada a preguntas de los medios de comunicación. La mujer había alquilado la vivienda a una inmobiliaria hacía diez años y venía pagando sus rentas, por un importe de 300 euros mensuales, hasta que el fondo Majoro Reo Spain II rechazase la renovación del contrato y solicitase el desalojo de la vivienda.
Representantes del Sindicat del Barri de Carolinas concretaron el pasado lunes que la mujer tenía un informe de vulnerabilidad económica en el que se reconocía su situación, pero que no disponía de un informe de emergencia habitacional suscrito por el departamento municipal de servicios municipales que se requería para que la Conselleria de Vivienda le proporcionase una vivienda alternativa en la que alojarse.
Fuentes municipales han precisado que se reconoció la situación en la que se encontraba la familia a través del informe de vulnerabilidad, y que se trató de facilitar todos los recursos al alcance para evitar el desalojo. Así, han señalado que si no se firmó el segundo informe de emergencia habitacional fue porque no cumplía los requisitos exigidos, que sí cumplen otras familias en peores condiciones económicas, al disponer de una retribución mensual como jubilada y de otra pensión por la discapacidad de su hijo. Con todo, la mujer afectada ha asegurado no tener capacidad económica suficiente para poder encontrar una vivienda de alquiler en los precios que se demandan, por encima de los 500 euros.
La protesta ha movilizado a cerca de 20 personas, entre integrantes del Sindicat y vecinos del barrio, además de representantes de grupos políticos del eje progresista, ante la presencia de la Policía. Así, ediles de las tres formaciones han reaccionado al desalojo a través de varias declaraciones en las que han lamentado la situación de desamparo en la que, a su juicio, quedaba la familia desalojada.
De este modo, en primer lugar, la edil socialista Lola Vílchez ha lamentado "que los servicios sociales del Ayuntamiento permitan que a pesar de dos años de pandemia y de las graves consecuencias económicas que está provocando la guerra en Ucrania, en Alicante sigan produciéndose desahucios". En esta línea, ha asegurado que se había puesto "en contacto con Acción Social pidiendo que busquen soluciones a casos como este". "Me han trasladado que desconocían este desahucio a pesar de que la mujer que se ha quedado en la calle con su hijo, ha acudido en varias ocasiones a este departamento para pedir ayuda. No entiendo cómo no se ha habilitado una vivienda social para esta mujer de 71 años y un hijo con una discapacidad".
La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha señalado que "la emergencia habitacional en Alicante es uno de los grandes problemas de nuestra ciudad. Hoy mismo, una vecina del barrio de Carolinas Bajas ha sido desahuciada junto a su hijo con diversidad funcional porque su vivienda (que ni si quiera aparece en el catastro municipal) ha sido comprada por un fondo buitre que busca hacer negocio con la desgracia ajena".
"Mientras", según ha asegurado, "Barcala no ha querido tramitar la declaración de urgencia para haberla podido realojar en una vivienda de la Conselleria de Vivienda. El gobierno de Partido Popular da la espalda a sus vecinas y vecinos, sobre todo en los peores momentos, además de llevar casi 4 años sin ampliar el parque público de vivienda y no haber puesto interés ninguno en construir vivienda social en nuestro municipio", ha añadido.
"Por eso, desde Unides Podem-EUPV volvemos a exigir a Barcala impulsar un programa de emergencia ante el incremento de desahucios en nuestra ciudad. Una muestra de la pésima gestión del gobierno de Barcala es seguir manteniendo un listado de solicitantes de vivienda absolutamente desfasado, (desde el 2016 no se ha abierto el proceso de inscripción), y sin ningún proyecto para aumentar el parque público de viviendas destinadas a personas desahuciadas al ritmo que se necesita", ha concluido.
Por último, el edil de Compromís, Rafa Mas, ha considerado que el desalojo es la prueba de "la especulación y del mercadeo afectando a un derecho como es el de la vivienda". "Al inicio de este mandato, la oposición le planteamos a Barcala una mesa antidesahucios con bancos, con entidades sociales, con la Generalitat y con Ayuntamiento para intentar que estas situaciones sangrantes no se den", ha asegurado. "Tenemos que evitar esta tensión porque esto no se entiende; el ayuntamiento tiene herramientas suficientes para paralizar y ofrecer alternativa habitacional y, además, debemos exigir al Gobierno central que apruebe de una vez la Ley de Vivienda y que ceda las viviendas de la Sareb a los municipios para rebajar el precio del alquiler y tener más oferta", ha asegurado. "Necesitamos una ley que dé un margen jurídico a los propietarios, con garantías, y también a los inquilinos para tener derechos suficientes", ha concluido.
Por su parte, el Sindicat del Barri de Carolines ha apuntado que, a lo largo de este mes, están programados otros cuatro desalojos en viviendas del barrio a instancias de fondos buitre.
