Defensor del Pueblo pide a la DGT una solución presupuestaria viable para poner fin a la huelga de examinadores

MADRID (Europa Press). El Defensor del Pueblo ha solicitado información a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la viabilidad que tendría una solución presupuestaria "parecida" a la que el organismo adoptó en 2008, para poner fin a la huelga de examinadores, colectivo que exige un aumento del complemento específico equivalente a unos 250 euros mensuales.

Según indica la institución en una carta remitida al presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo detalla que ha tenido conocimiento de que en 2008 la DGT asumió, con cargo a su presupuesto, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), elevando de nivel de uno de los puestos del organismo (Operador de Información), al quedar los funcionarios de Tráfico fuera del acuerdo que se firmó entre la Administración y los sindicatos para la distribución de fondos adicionales ese año.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo ha solicitado información a la DGT sobre todas las actuaciones que tiene previstas para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada el pasado 22 de junio en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso.

Según el texto aprobado --que contó con los votos a favor de Podemos y PSOE, en contra del PP y la abstención de Cs-- se instaba al Gobierno a crear una escala específica para los examinadores. Esta escala debía incluir oposiciones y temario propio, así como una mayor retribución que compense "la complejidad técnica, el riesgo de agresiones, accidentes, trabajo a la intemperie, penosidad, horario especial y otras especificidades de esta plaza" que no tienen otros puestos de oficina con los que se está equiparando en materia de sueldo.

Además, se pedía que esta escala de nueva creación se adscribiese al grupo B del Estado y se dotara de un nivel adecuado a sus altas responsabilidades. Por otro lado, se llamaba a convocar plazas suficientes para cubrir las necesidades, especialmente en las provincias deficitarias de acuerdo con los servicios territoriales competentes.

Con el objetivo de cubrir las demandas de este colectivo, en huelga desde junio, la DGT anunció la convocatoria de 435 plazas de promoción interna. En esta convocatoria, que formaba parte del Real Decreto Ley por el que se ha aprobaba una Oferta de Empleo Público extraordinaria, se creó una especialidad de Tráfico dentro del cuerpo general administrativo de la AGE, para solucionar los problemas de escasez de examinadores.

La nueva especialidad, que según la DGT supondría mejoras tanto económicas, profesionales y administrativas --y que permitiría ascender a los examinadores del Subgrupo C2--, estaría adscrita al Ministerio del Interior, y pertenecería al subgrupo C1 de funcionarios del Estado.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la DGT información sobre los motivos por los que no puede dar cumplimiento a lo afirmado, el pasado 10 de mayo, por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso.

Según la institución, Serrano manifestó que no existían "problemas presupuestarios", y que la cuestión referida al complemento específico podía solucionarse con una transferencia entre capítulos presupuestarios o con un suplemento de crédito financiado con el remanente de la DGT. Asimismo, añadió que desde la DGT se iba a rehacer la propuesta a la CECIR y se iba a negociar con Función Pública una propuesta específica para el colectivo examinador, según indica el Defensor.

Los examinadores comenzaron la huelga el pasado mes de junio, con paros convocados para todos los lunes, martes y miércoles desde el día 19 de ese mes, a excepción de agosto. Hasta la fecha, los paros, que se prolongarán al mes de noviembre, han provocado el aplazamiento de unas 144.000 pruebas prácticas de conducir, con una media de unas 3.500 pruebas suspendidas por cada día de huelga, según estimaciones de la DGT. En este mes de octubre, se han suspendido unas 35.300 pruebas.