De puertas abiertas

ALICANTE.- La Ley 1/2004 de Horarios Comerciales aprobada por el Gobierno de Zapatero encendió la mecha de un debate incierto. Las modificaciones introducidas a través de los Reales Decreto-ley 20/2012 y 8/2014 –ya con Rajoy en La Moncloa- no consiguieron mitigarlo. Y hoy las llamas de esa discusión siguen ardiendo con especial intensidad en el tejido comercial de las dos principales capitales de la Comunitat. Aunque con recorridos distintos, ni Valencia ni Alicante han encontrado desde entonces un modelo comercial definitivo sobre el que poder construir y consolidar su imagen de ciudad de servicios. Con todo lo que ello significa.

Todo comenzó con la creación de las llamadas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT): una fórmula que facilitaba la libertad de apertura de los establecimientos comerciales asentados en todo un municipio, o en determinados perímetros urbanos, siempre que dispusiesen de una especial capacidad para atraer visitantes. Esa figura amparaba dos modalidades básicas: zonas de libertad horaria estacional (casi siempre los meses de verano) y zonas en las que el comercio podía abrir a voluntad los 365 días del año. En ambos casos, más allá del límite general de entre 10 y 16 festivos hábiles para la actividad comercial, que cada autonomía se encarga de pactar con el sector (habitualmente, los domingos de los periodos de rebajas y de las campañas de Navidad; en la Comunitat, 10).

La Ley, además, delegaba en los ayuntamientos la capacidad de proponer a sus gobiernos autónomos la declaración de esas ZGAT, con la condición de que se acreditase que constituían un polo de atracción turística (por concentración de plazas hoteleras o segundas residencias; por abarcar un bien declarado Patrimonio de la Humanidad; por proximidad a puertos en los que operen cruceros, o por la celebración de grandes eventos culturales o deportivos).

Economía quiere que se anulen todas las ZGAT para redefinirlas Pero la Generalitat podría apostar por mantenerlas

En 2014, con la última revisión de las ZGAT, todavía se añadía una última condición trascendental: las poblaciones de más de 100.000 habitantes que superasen las 600.000 pernoctaciones hoteleras anuales o que estuviesen vinculadas a un puerto con movimiento de cruceristas quedaban literalmente obligadas a solicitar al menos una zona de libertad comercial. Es más, si no la solicitaban voluntariamente, era el Gobierno quien la acordaba de forma directa sin distinciones para el conjunto del municipio en un plazo de seis meses.

Sin prisa pero sin pausa, ese corpus legislativo ha propiciado que 530 ayuntamientos hayan tramitado la declaración de hasta 685 zonas ZGAT (un municipio puede solicitar más de una para distintas áreas) en el conjunto del país, según datos del Ministerio de Economía hasta septiembre de 2014. En la Comunitat, la cifra hasta ahora es de 57 zonas repartidas en 46 poblaciones. La mayor parte de ellas son sólo estacionales y que se concentran en la franja litoral. Pero eso no ha evitado que se generase el caldo de cultivo perfecto para el estallido de una controversia por el momento irresoluble. De un lado, las grandes superficies, proclives a la libre apertura. De otro, el pequeño comercio, con menos flexibilidad para contratar personal y, en consecuencia, partidario de aplicar restricciones en festivos y fines de semana para -se argumenta- poder competir en igualdad de condiciones.

Los mapas comerciales

La batalla, plagada de ramificaciones políticas, es especialmente cruenta en Valencia y Alicante. Ambas, como otras 12 grandes ciudades españolas, estaban obligadas por Ley a procurarse como mínimo una ZGAT, de manera que no podían mirar hacia otro lado ni escurrir el bulto. Por partes.

En Valencia, la apuesta fue expansiva: el Gobierno de Rita Barberá promovió en 2013 hasta 4 zonas de libertad horaria prácticamente coincidentes con las grandes superficies de la ciudad. Lo hizo a espaldas del sector. Tanto, que en 2015, una sentencia elevó el registro de ZGAT a cinco. Mediamarkt consiguió que un juez aceptase su recurso contra la arbitrariedad con la que el PP había pergeñado la zonificación comercial. Sin embargo, la auténtica revolución no llegó hasta después del cambio político del 24M. Justo un año después de esas municipales, el tripartito presidido por Joan Ribó (Compromís, PSPV y València en Comú) eliminó el régimen de libertad total instaurado por el PP y, tras entablar una ardua negociación con la patronal de las grandes superficies, Anged, acabó reduciendo esas cuatro ZGAT originales a sólo dos: una para el centro tradicional y otra para el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Pero ni así logró la ansiada pacificación. El nuevo mapa comercial no convenció a los sindicatos, inclinados en favor de los trabajadores y del pequeño comercio, ni a la cúpula de la Conselleria de Economía, también de Compromís y abiertamente partidaria del fin de la liberalización.

En Alicante, el proceso no ha sido precisamente paralelo. En 2013, la mayoría absoluta del PP de Sonia Castedo extendió la libertad horaria que hasta entonces regía sólo en la fachada litoral de la ciudad a todo el centro tradicional: desde el paseo marítimo hasta Óscar Esplá, Pérez Galdós y Plaza de España para acabar cerrando una cuadrícula por La Rambla. La reconfiguración, avalada por gran parte de las asociaciones de comerciantes locales, permitió abrazar a la avenida de Maisonnave, la principal arteria comercial de la capital y centro de operaciones de El Corte Inglés que, desde entonces, dispuso de la capacidad de abrir todos los festivos del año. No obstante, esa decisión causó la indignación de al menos dos centros comerciales, liderados por Alcampo y Carrefour, que la impugnaron al quedar excluidos y, por tanto, considerarse perjudicados. Ese recurso no llegó a resolverse. Como en Valencia, el escenario también cambió tras las municipales de 2015

 El nuevo tripartito (PSOE, Compromís y Guanyar Alacant) surgido de las urnas aplicó su acuerdo de gobierno en octubre de ese año y sacó a Maisonnave de la libertad horaria con un doble argumento: debía procurarse condiciones de equidad para todo el sector y concederse facilidades para conciliar la vida familiar a los trabajadores a los que se había ampliado su semana laboral sin remuneración adicional (principalmente, las cerca de 2.000 personas que configuraban la plantilla de El Corte Inglés). El logro de esa conciliación había sido, de hecho, un compromiso personal contraído por el candidato socialista, Gabriel Echávarri, que pudo jugar un papel clave para catapultarle hasta la Alcaldía (2.000 votantes, un nicho electoral nada desdeñable). 

La fórmula que ahora está sobre la mesa supone, de facto, el regreso a la misma zona de libertad horaria aprobada en 2013

El Corte Inglés reaccionó y no sorprendió al presentar otro recurso para mantener su libertad horaria con el argumento de que no se le había dado la oportunidad de alegar contra el cambio. Quien sí causó sorpresa con una iniciativa inesperada fue el propio Echávarri. El primer edil, y además concejal de Comercio, aprovechó todas esas impugnaciones para imprimir un drástico viraje. Justo el planteamiento opuesto: instaurar la liberalización de horarios en todo el municipio.

Para lanzar su nueva propuesta, Echávarri se había pertrechado de un novedoso acuerdo con El Corte Inglés que, de algún modo, le permitía mantener su promesa de campaña: además de retirar su recurso (en el que reclamaba cinco millones al ayuntamiento en concepto de daños y perjuicios), El Corte Inglés se comprometía a que sus empleados no trabajarían más de 13 festivos al año. Además, se obligaba a contratar a 200 personas más para cubrir sus necesidades de plantilla durante los festivos. Ese pacto debía ampliarse, después, al resto de actores del sector (grandes y pequeños) que decidiesen acogerse a la libertad comercial, de modo que, según cálculos del propio primer edil, «se llegaría a crear cerca de 650 nuevos puestos de trabajo». A priori, la operación salía redonda.

Con ello se evitaba el riesgo de que los informes jurídicos forzasen a la Conselleria de Economía Sostenible a estimar el recurso de El Corte Inglés (como, véase en líneas sucesivas, finalmente acabó sucediendo). La liberalización total debía actuar, así, como una especie de vacuna para prevenir que se reinstaurase el mapa comercial del PP, inclinado hacia los comercios de Maisonnave y el centro tradicional.

Las brechas

Sin embargo, la fórmula Echávarri no llegó a prosperar. En el pleno de marzo, el PSOE cosechó una dura derrota en la que sólo logró sumar los votos a favor de Ciudadanos (C’s). Sus socios de Compromís y Guanyar rechazaron la propuesta y abrieron una de las principales grietas en el seno del tripartito. Compromís justificó su posición en la falta de consenso. Guanyar, los más próximos a los sindicatos y al pequeño comercio, en el incumplimiento del pacto de gobierno. El PP también votó en contra pese a que había llegado a anticipar su apoyo y pese a que su negativa conllevaba implícitamente ir contra su propio acuerdo de 2013: con el fracaso, Alicante volvía a limitar su ZGAT sólo a la fachada marítima, sin Maisonnave.

Por si fuera poco, la fallida propuesta también soliviantó los ánimos en el pequeño comercio, agrupado en Facpyme y en el Colectivo de Comerciantes por Alicante. Sus representantes continúan sosteniendo que la libertad horaria destruirá el comercio tradicional y supondrá la pérdida de puestos de trabajo. No sólo en la capital, sino en el conjunto de la provincia. A su juicio, la fórmula Echávarri y el compromiso de ampliación de plantillas sólo daría lugar a la creación de empleo temporal y, por tanto, precario. «La Ley ya permite un marco lo suficientemente amplio y flexible de 90 horas a la semana, 12 horas al día de lunes a sábado», explica el secretario general de Facpyme, Francisco Rovira.

«Además, los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados también disponen de libertad horaria sea cual sea su ubicación; no se entiende que se quiera extender la liberalización más allá de una ZGAT única a la que obliga la Ley y que se pactó en 2013 para el perímetro que realmente atrae a visitantes» incide Rovira. Así que los 4.098 establecimientos comerciales censados en la ciudad, de los que -según fuentes municipales- dependen 17.500 empleos directos y otros 20.000 indirectos (repartidores, limpieza, publicistas…), esperan hoy un acuerdo que proporcione seguridad jurídica y zanje la disputa. 

Pendientes del CJC

Esa solución parece ahora en manos del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Como había llegado a vaticinar el propio Echávarri, en otra disputa que abrió en canal al bipartito del Botànic (PSPV-Compromís), a la Conselleria de Economía Sostenible no le quedó más remedio que aceptar un primer informe del asesor jurídico de la Generalitat (el citado CJC), en mayo, en el que se daba la razón al recurso de El Corte Inglés para preservar su libertad horaria en Alicante. El CJC venía a resolver que en ninguno de los procesos de revisión de las ZGAT se había escuchado a los agentes implicados y abogaba por invalidar todos los cambios y  recuperar el escenario de 2013. Así, Valencia regresaba a la libertad total y Alicante, a la ZGAT de Maisonnave.

Con todo, la conselleria que dirige Rafael Climent trata de dar ahora la vuelta a ese argumento para poder reformular todas las ZGAT desde cero. En junio, inició el proceso con el fin de demostrar que, al configurar los mapas de 2013, el PP tampoco cursó el preceptivo trámite de audiencia. El movimiento lógico posterior: las grandes superficies han alegado en defensa del status quo. Pero Economía ya ha rechazado sus objeciones y ya sólo espera que el Jurídic emita un informe final que le permita volver a la casilla de salida: que se invaliden todas las ZGAT para renegociarlas. Y esta vez, se entiende, con criterios restrictivos, ajustadas a áreas realmente turísticas y la mayor parte estacionales. Pero claro está, existe la posibilidad de que la moneda caiga en esta ocasión del lado del gran comercio. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la composición del CJC sigue siendo la acordada por el PP.

Acuerdo con Economía

¿Cabe un desenlace distinto? ¿Habrá otro árbitro diferente al Jurídic? En Alicante, por lo pronto, todo apunta en esa dirección. El tripartito —o al menos, dos de sus componentes, PSPV y Compromís—, cerraron durante la última semana de septiembre un principio de acuerdo con la Conselleria de Economía para cuadrar su modelo de ZGAT, sea cual sea la decisión que tome el Jurídic. La fórmula que ahora está sobre la mesa —que el Consell se compromete a aceptar si logra consenso en el Consejo Local de Comercio y se aprueba en Junta de Gobierno o en pleno— supone, de facto, el regreso a la misma zona de libertad horaria aprobada en 2013: sólo podrán abrir los 365 días del año los comercios asentados en la franja marítima y el centro tradicional, incluido Maisonnave.

 ¿Por qué se retrocede hacia ese modelo cuando el propio Echávarri había apostado en marzo por extender la liberalización a toda la ciudad? Precisamente porque la ZGAT está supeditada a la firma de un acuerdo: los operadores comerciales que aspiren a la liberalización deben sumarse a la fórmula Echávarri y comprometerse por escrito ampliar sus plantillas (no podrán obligar a sus empleados a trabajar más de 11 festivos al año, según el nuevo requisito renegociado por Compromís), lo que implica favorecer la conciliación de la vida familiar de su personal. Esa condición es la que limita el perímetro de la ZGAT: pese a las negociaciones de los últimos meses, sólo El Corte Inglés y el comercio de Maisonnave estarían dispuestos a cumplir esa condición. Al menos de momento.

El tripartito confía aún en sumar a nuevos operadores antes de que la propuesta llegue al Consejo Local de Comercio, el próximo martes 25. Después, se elevará a Junta Local de Gobierno, donde debería sumar los votos de PSOE y Compromís para poder aprobarse.