De censuras, tránsfugas y no adscritos

El debate del transfuguismo ha vuelto. Y en plena pandemia. Empezó con la moción de censura de Agres, en la que un edil elegido por las listas del PSOE acabó siendo alcalde con los votos del PP, y se ha acrecentado con el relevo anunciado en el Ayuntamiento de Teulada-Moraira, en el que dos ediles expulsados por el PSOE le darán este martes la Alcaldía al PP frente al inicial gobierno formado por Compromís, PSPV y Ciudadanos.

En los casos de las mociones de censura, siempre hay dos debates: el político y el legal o jurídico. Y siempre que hay ediles no adscritos de por medio, se entremezclan. A nivel político, los relevos con mociones suelen ser traumáticos, siempre esconden pugnas personales, más que políticas, y evidencian, a veces, el escaso control que tienen los partidos a la hora de validar la honestidad o integridad de los hombres y mujeres que configuran sus candidaturas electorales. El afán por tener representación en casi todos los municipios suele conllevar chascos de este tipo. 

En el caso de Teulada-Moraira, hay y habrá debate político y jurídico. Digo que hay y habrá porque todo hace indicar -como pasara en Agres- que no todo quedará resuelto con la votación del martes; es posible que se derive en un recurso contencioso, bien por la votación propiamente (si el voto de los ediles no adscritos es válido o no), bien por el reparto de delegaciones que se distribuya a posteriori (con los beneficios políticos y económicos).

A nivel político, hay dos cuestiones: el transfuguismo será un debate de ida y vuelta. Por mucho que ahora Compromís y PSPV aleguen, y con razón, que dos tránsfugas socialistas den la Alcaldía al PP, los populares -y Ciudadanos- le rebatirán que la valencianista Rosa Vila es alcaldesa con dos votos tránsfugas, la de los dos concejales que se presentaron por la formación naranja, votaron a Vila y que posteriormente fueron expulsados, inaugurando la bancada de no adscritos. ¿Sería ahora capaz Compromís de sacrificar a estos dos tránsfugas para evitar el relevo en la Alcaldía? Buena pregunta. Pero lo que está claro, es que en el debate político, Compromís se va a llevar muchos reproches,

Ahora bien,  hay un debate jurídico. Los dos ediles de Ciudadanos dieron su voto a la todavía alcaldesa como regidores de un grupo político y, por tanto, su voto no tenía dudas jurídicas. Fue un voto válido y legal. La duda es si legítimo. Posteriormente, comenzó el recorrido de la expulsión, y fue un proceso que se consumó dos meses después, el 12 de agosto de 2019; es decir, con un trámite administrativo de alegaciones y resolución.

El tripartito de Teulada formado por Compromís, PSPV y Cs era conocedor de que esa expulsión a los dos ex regidores se podía producir en cualquier momento y estableció un sistema de retribuciones (con salvavidas) para que los ediles cobraran por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno moderadamente bien reconocidas: 128  euros, los plenos y comisiones; 593 euros, las juntas de gobierno, en la que estaban los dos ex naranjas y los ahora firma firmantes de la moción, los dos ex socialistas.

Los dos ediles tránsfugas que el martes convertirán al popular Raúl Llobell en nuevo alcalde suscribieron la moción como ediles del PSOE de pleno de derecho. Posteriormente, se ejecutó la expulsión, como se hizo con los dos representantes de Ciudadanos, y ese proceso todavía no ha terminado, aunque el mismo martes, dos horas antes de la censura, hay convocada otra sesión para dar cuenta de la expulsión de ellos, Héctor Morales y Alejandro Llobell. Mientras la secretraria de la corporación o un tribunal diga lo contrario, el voto de Morales y Llobell es válido y legal. Otra cosa es si es legítimo y políticamente defendible, como en su día lo fue el de los dos ediles electos por la lista de Ciudadanos tras su pase a los no adscritos.

Posiblemente, esa decisión -la de su expulsión- también acabe en los tribunales y todo hace indicar que finalizará igual: tendrán la condición de no adscritos y, por tanto, en teoría, solo podrían cobrar por asistencia a plenos y comisiones. Cualquier otro beneficio político o económico será motivo de impugnación. Si nos atenemos a los precedentes -de Santa Pola y Font de la Figuera- todos los no adscritos, expulsados por su organización, deben quedar como ediles sin competencias y no pueden cobrar ni mejorar su anterior condición. y si lo hacen, corren el riesgo de tener que devolver lo percibido, como los ex Cs.

Pero  más allá del debate político y jurídico (y los odios personales, que es lo que también ha contribuido), la moción de censura de Teulada-Moraira deja varias consideraciones. La primera, el PSPV se durmió en los laureles (o le traicionaron) para adoptar medidas contra dos concejales que ya venían siendo cuando menos poco leales con su gobierno y su propia agrupación local (uno de ellos, como ha publicado Alicante Plaza, tenía un perfil de Facebook para poner a parir a su propia alcaldesa y socios de gobierno, y es un aviso para los compañeros de viaje que va a tener el PP); la segunda, en 2019, el PP mereció pasar a la oposición en Teulada: por el desgaste de 36 años de gobierno y los desastres urbanísticos arrastrados de la etapa anterior, que eran y siguen siendo muy evidentes (Cs avalaba el cambio, pero con un alcalde del PSOE), y la tercera, tengo dudas de si esa moción de censura se hubiera llevado a cabo de no ser por el nivel de presión que ejerce el portavoz de la coalición, Gerard Fullana, en la Diputación para lograr que el PP acabe devolviendo los 460.000 euros que, según los valencianistas, ha percibido el partido sin los justificantes pertinentes; de ser Fullana otro perfil de portavoz, hoy tendría esa Alcaldía a resguardo, y posiblemente, otra más. 

Y finalmente, pese a los avances producidos en la legislación local en esta materia, se ha demostrado -no ahora, desde su aplicación- que los no adscritos siguen teniendo una ventaja excepcional para elegir o tumbar alcaldes. Sólo hay que ver dónde está cada cual para ver el rédito obtenido. La legislación sigue beneficiando al defraudador de la voluntad popular, y los tribunales llegan tarde. La ética, pese a que lo ha llovido en la política española en los últimos años, la dejamos para otro día.