Huelga 23M / Foto: Rafa MolinaALICANTE. El Consejo Sindical Obrero (CSO) ha denunciado ante el juez a la Conselleria de Educación por demandar los acuerdos acuerdos alcanzados como represalia por la huelga del pasado 23 de mayo. "Hemos presentado una demanda de protección de derechos fundamentales por indemnidad: no se puede emprender represalias contra un colectivo que defiende sus derechos con las herramientas que nos da el estado, sean protestas, juicios o huelgas", han manifestado los demandantes.
Además, han condenado el momento de esta situación, que "está muy lejos de ser el idóneo", al estar los equipos directivos planificando el curso que viene. Al denunciarse los dos acuerdos de aplicación, se pasaría a estar sujetos a las órdenes de plantillas antiguas (Orden 12/2013 para primaria y Orden 69/2015 para secundaria FP), "pensadas para las leyes antiguas de educación", han apuntado.
Así, han explicado que la nueva Ley Orgánica 3/2020, la LOMLOE, y la nueva Ley Orgánica 3/2022 de la FP "han modificado todo el sistema educativo, y las plantillas de las órdenes anteriores no sirven para estas nuevas leyes". Por estos motivos, desde CSO se ha pedido al juzgado "que aplique medidas cautelares de paralización de la denuncia del acuerdo, para poder realizar las plantillas este año con tiempo y poder planificar el curso que viene", han insistido.
"La administración nos vende ahora que tiene voluntad de negociar un nuevo acuerdo, pero es una falacia. Si hubiera querido negociar un nuevo acuerdo, lo habría intentado en el año que ha tenido desde que formó gobierno", ha criticado el sindicato. "Con la administración del Botànic se tardó años en conseguir un acuerdo, que firmaron todas las fuerzas sindicales, y ahora se quiere hacer ver que se va a conseguir en semanas. Sin embargo, lo hace represaliando al profesorado en huelga y forzando a una orden de plantillas que, sí o sí, representará una pérdida de profesorado".
El CSO llamó a secundar la huelga "con una actitud crítica", por la forma en la que se había convocado, según han apuntado. "La huelga fue un éxito, con cerca de un 25% de las personas que podrían hacer huelga no asistiendo a su puesto de trabajo: los datos de la Conselleria reconocían un 21,5% del total y aproximadamente un 20% eran servicios mínimos (en un colegio de una línea, unos 25 profesores/as, había 5 personas de servicios mínimos)", han explicado.
Situación que tildan de "normal", contraponiéndola a lo que sucedió al día siguiente de la huelga: "La Conselleria se desmarcó con la denuncia de los dos acuerdos de plantillas. Con un argumentario público (diciendo que era porque se acordaron con un gobierno en funciones) y otro jurídico (que el acuerdo no tiene duración temporal y, según la ley, si no se acuerda duración, esta es de un año)".
El sindicato reconoce que el primer argumento "es cierto", y que "no se debería haber hecho, pero han tardado mucho en darse cuenta y, después de haber dejado pasar un año, no tiene validez jurídica". El segundo argumento, han garantizado, "es falso", pues "no indica de forma explícita la duración del acuerdo, pero en todo su articulado se indican claramente algunos artículos aplicables en el curso 2023/24 y otros para el 2024/25, por lo que la validez era para estos dos cursos". Pero para el CSO, lo que es más importante es que "la Conselleria no había dado ninguna señal de denuncia del acuerdo, ni siquiera había iniciado una negociación nueva de plantillas, cosa que podría haber intentado. Incluso si la duración temporal de los acuerdos fuera de un año habría podido esperar hasta el día 5 de julio para denunciarlo, pero la Conselleria lo hizo, por sorpresa para todas las partes, justo el día siguiente de la huelga, para dejar clara su intención".
