ALICANTE. Pese a que las encuestas del 10N no auguran un buen resultado para Ciudadanos, sus dos representantes en la Diputación de Alicante se sienten satisfechos de la labor desplegada en los tres primeros meses de mandato dentro del equipo de gobierno que comparten con el Partido Popular. Javier Gutiérrez y Julia Parra, que llevan las competencias de Infraestructuras, Cultura y Transparencia, se vanaglorian de haber cambiado el sistema de concesión de ayudas a municipios, de haber dado continuidad a determinados proyectos culturales, como la Muestra de Teatro Contemporáneo y esperan poder dotar al área de Transparencia de más efectivo humanos para realizar su labor en condiciones. Actualmente, sólo hay un funcionario que fiscaliza los gastos de los grupos políticos y los curriculums de los miembros de la corporación. Por el momento, Cs quiere crear un Observatorio de la Transparencia.
La relación con el PP es buena, han admitido. "Nuestra voluntad de diálogo siempre está abierta, pero también queremos cambiar las cosas y por lo tanto, deben saber que los votos de Cs son necesarios", ha defendido el portavoz de la formación naranja.
El apartado de logros, y de reivindicaciones, ha sido más evidentes en el área de Infraestructuras, que es la que maneja mayor presupuesto. En primer lugar, Javier Gutiérrez ha lamentado la falta de personal que tiene la institución, en concreto, en el área de Asistencia de Municipios, dónde solo hay 9 funcionarios para atender a los 24 municipios con menos de 500 habitantes o un presupuesto municipal por debajo de los 250.000 euros. El propósito de Cs es dotar de mayor personal y crear un reglamento de funcionamiento para que las obras no se atasquen.
Peor situación presentan las oficinas comarcales de la Diputación de Alicante. De las cuatro que tiene la institución, sólo Cocentaina funciona a pleno rendimiento, con dos técnicos y administrativos; Rojales lleva dos años cerrada; el servicio de la de Dénia es "deficiente", al igual que la de Villena.
Pero además de las reivindicaciones, el portavoz de la formación naranja ha presentado el nuevo acuerdo de la concesión de ayudas a los municipios como el gran logro de estos tres meses, y al que el PP no tendrá más remedio que sumarse. El gran instrumento inversor de la Diputación, el Plan de Obras y Servicios, se abordará por plazos de cuatro años y en este periodo, cada ayuntamiento sabrá de antemano con qué dinero cuenta para sus proyectos. Los consistorios que pidan ayudas nominativas o a la carta deberán renunciar, como esgrimen las bases, a optar al plan de obras.
Con el plazo de los cuatros, según Gutiérrez, los consistorios, además de saber con qué dinero cuentan al inicio del mandato, tienen tiempo suficiente para ejecutar y justificar las obras. En el caso de las obras financieramente sostenibles, los planes recibirán el nombre de Planifica (plan de inversiones financieras para las comarcas de Alicante) y deberán repartirse en función de criterios como la población, la densidad o el número de habitantes, tal y como venía reivindicando Compromís en el mandato anterior.
En los municipios de menos de 10.000 habitantes, la diputación asumirá el control de la obra, ya que el área de Infraestructura considera que muchos de esos ayuntamientos no tienen medios para la gestión de la obra. "No vamos a repetir el error que ha cometido la Generalitat con el plan Edificant, que ha repartido el dinero a los ayuntamientos sin control cómo se ejecuta la obra", ha dicho Gutiérrez, quien ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar, que ha recibido una ayuda de 1,6 millones de euros, pero no dispone de medios para ejecutar el proyecto.
La cabeza de lista de Cs al Congreso de los Diputados, Marta Martín, ha aprovechado la comparecencia de los dos diputados provinciales para reivindicar el trabajo de coordinación de todas las instituciones y de la política útil. Martín ha sido muy critica con dos instituciones: primero, con la confederación hidrográfica del Segura, por la gestión de la gota fría, a la que ha anunciado que llevarán a los juzgados, y con la Conselleria de Educación, por la gestión del plan Edificant, pues los datos demuestran que no han ejecutado las inversiones para eliminar con los barracones.