C's se queda solo en Alicante en la defensa de la apertura en domingo sin empleo y conciliación

ALICANTE. El que podría haber sido último intento político para extender el régimen de libertad horaria para todos los centros comerciales de Alicante naufragó definitivamente en el pleno de este jueves. El grupo municipal de Ciudadanos (C's) se quedó solo en la defensa de su propuesta (finalmente, sólo una declaración institucional, sin turnos de réplica) para que el Ayuntamiento instase a la Dirección General de Comercio de la Generalitat a modificar la actual delimitación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) con el fin de evitar agravios comparativos con los operadores comerciales excluidos del área de Maisonnave. La propuesta, en resumen, aspiraba a que el equipo de Gobierno (el tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís) desistiese de su intención de recurrir la sentencia que reconoce a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante, el derecho de poder abrir los 365 días del año, en las mismas condiciones en las que ya lo hace el comercio instalado en el Centro Tradicional, incluidos los grandes almacenes de El Corte Inglés, desde que el PP aprobó la primera ZGAT, en 2013.

Como adelantó Alicante Plaza, tanto el tripartito como el PP (la fuerza clave que acabó malogrando el reto de C's sin necesidad de que se pronunciasen los dos concejales tránsfugas) reprocharon a la formación que preside Albert Rivera los defectos formales y de contenido en la presentación de su propuesta. En primer lugar, el portavoz del PP, Luis Barcala, reprochó a C's que llevase a pleno una propuesta con un planteamiento inadecuado, ya que la normativa que regula el procedimiento para declarar una ZGAT establece que la competencia para proponerla es municipal. En esta línea, recordó que la administración autonómica es la que, después, se encarga de ratificar o denegar (de forma justificada) la propuesta que emana de cada ayuntamiento. En segundo término, avaló la ZGAT actual para Maisonnave al considerar que es la única que siempre ha generado consenso. Y por último añadió que la iniciativa de C's era una "irresponsabilidad" porque podía quitar herramientas al alcalde a la hora de negociar un posible acuerdo con el resto de las grandes superficies para extender el régimen de apertura en domingos.

Los tres socios del tripartito mantuvieron las posiciones ya conocidas: la exigencia de un compromiso por la creación de empleo y la incorporación de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar para los trabajadores, en el caso de PSOE y Compromís, y el rechazo total a cualquier ZGAT que no se limite a la franja marítima, por parte de Guanyar. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, incidió además en la iniciativa que su formación pretende liderar en el Congreso para eliminar la obligación legal de que las grandes ciudades tengan que declarar al menos una ZGAT. 

EL ALCALDE HABÍA CONFIRMADO ANTES DEL PLENO QUE EL RECURSO CONTRA LA SENTENCIA YA ESTABA PREPARADO PARA REGISTRARSE EL MARTES Y QUE ESPERABA NOTICIAS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS CENTROS COMERCIALES

La iniciativa quedó, así, desestimada por 24 votos en contra (los de PP, PSOE, Guanyar, Compromís y los dos tránsfugas, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) y sólo cinco votos a favor: los de los cinco concejales de C's que se han mantenido fieles a la misma posición desde el principio del mandato, como subrayó su portavoz, Yaneth Giraldo. En las tres votaciones planteadas hasta ahora sobre la materia (octubre de 2015, en pleno; marzo de 2016, en pleno; y octubre de 2016, en el Consejo Local de Comercio), C's ha votado siempre a favor de implantar la liberalización de horarios comerciales en toda la ciudad para garantizar la igualdad de competencia, sin que quedase condicionada a los requisitos de contratación y conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados del comercio exigidos al menos por dos de los socios del tripartito.

El resultado de la votación da plena libertad al equipo de Gobierno para mantener su hoja de ruta sobre la cuestión (queda por ver si se hubiese tenido en cuenta el mandato recogido en la declaración, en caso de que se hubiese aprobado): habrá recurso contra la sentencia favorable a los tres centros comerciales. El alcalde, Gabriel Echávarri, había adelantado a mediodía que ya estaba redactado y que se registraría el próximo martes (último día de plazo). Añadió que no había vuelto a tener ningún contacto con los representantes de los tres complejos desde que anulasen la cita prevista para el pasado viernes e insinuó que podían estar manteniendo una actitud desleal ante la posibilidad de que hubiesen esperado hasta conocer el resultado de la votación de la propuesta de C's.

Franco y los honores

La aplicación de la Ley de Memoria Histórica -el segundo asunto que, a priori, iba a suscitar mayor controversia en el desarrollo de la sesión- no defraudó en intensidad del debate. Sobre todo, cuando el grupo municipal del PP confirmó, a través de su edil Israel Cortés, que su partido se iba a abstener en la votación sobre la propuesta presentada por el tripartito para retirar los honores y distinciones concedidos al general Francisco Franco que todavía estuviesen en vigor. Los populares incidieron en los argumentos que vienen esgrimiendo desde que la comisión mixta creada al efecto aprobase el listado de 45 nuevos nombres para las vías públicas de la ciudad que todavía mantuviesen denominaciones con referencias a la sublevación, a la guerra civil o a la dictadura. Es decir, falta de participación ciudadana, interés revanchista y ausencia de consenso. En esta línea, Cortés también ratificó la intención de su formación en impugnar en el juzgado tanto el acuerdo de revocación de honores como los cambios en el callejero.

La edil de Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís), rechazó todas las acusaciones al reiterar que la comisión se creó precisamente para consensuar y aceptar sugerencias de los vecinos, a través de las Juntas de Distrito, de la Universidad de Alicante (UA), de los colectivos de comerciantes y de las asociaciones culturales de la ciudad, pese a que el equipo de Gobierno no estaba obligado a ello. La regidora insistió en que la ordenanza que regula la rotulación de calles, establece que el órgano competente para asignar nombres es la Junta de Gobierno. Y recalcó que sí se han tenido en cuenta parte de las alegaciones que se presentaron. El acuerdo, finalmente, prosperó con 21 votos a favor: los de todos los grupos políticos, salvo el de los ediles del PP. 

Otro asunto controvertido fue la protección del entorno del Monasterio de Santa Faz y del conjunto del núcleo urbano del caserío, tras la autorización concedida para instalar una estación de servicio junto a la rotonda de acceso. PP y C's lograron aprobar su propuesta para crear una comisión no permanente de pleno encargada de reforzar esa protección y, en su caso, evitar la implantación de esa gasolinera. Justo la misma petición que una representación de los vecinos de Santa Faz llegaron a expresar en una intervención en el pleno. 

La moción de PP y C's logró el respaldo de los dos ediles no adscritos: Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte. Los tres socios del tripartito se abstuvieron al compartir la preocupación por el fondo del asunto, después de haber propuesto, incluso, la creación de un grupo de trabajo (según alegaron, más ágil) encaminado en la misma dirección. El vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), explicó que él se vio forzado a conceder esa licencia al tratarse de un acto reglado, ya que la petición cumplía con todos los requisitos legales. Detalló que incluso se había aportado la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura que él mismo reclamó a los promotores de la estación el pasado diciembre, pese a que la estación de servicio se situaba en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC): la torre de Santa Faz, como parte del conjunto de las torres de la huerta. En esta línea, señaló que el ayuntamiento está obligado en virtud de lo que prevé un Real Decreto del Gobierno central a conceder el permiso para instalar una estación de servicio cuando la solicitud se presente sobre una parcela de suelo terciario o industrial, como es el caso, en base al Plan General de 1987. El alcalde, por su parte, señaló que el equipo de Gobierno estaba dispuesto a estudiar todas las vías legales a su alcance para que evitar la instalación de la gasolinera y se comprometió a hacerlo desde la próxima semana. Contempló, incluso, la posibilidad de tener que indemnizar. El portavoz del PP, Luis Barcala, señaló que el ayuntamiento todavía podía haber alegado que el suelo no estaba ordenado para denegar la licencia.

Todos los grupos coinciden en buscar alternativas para proteger Santa Faz frente a la instalación de una gasolinera, pero difieren en las formas

En el apartado de declaraciones institucionales, quedó aprobada la presentada por el tripartito para instar a la Diputación a que participe en el Fondo de Cooperación Municipal impulsado por el Consell, con una aportación que rondaría los 13 millones de euros, según concretó el edil y diputado del PP, Carlos Castillo. Fue él quien se encargó de defender el voto en contra de su partido al recordar que es la Generalitat quien debería transferir a la Diputación 25 millones por los servicios impropios que asume e insistir en que la propuesta del PP es que se adopte el modelo andaluz, por el que se asigna el 12% de los ingresos por tributos a los ayuntamientos. El tripartito contó con el voto a favor de C's. 

La polémica por la concesión de una vivienda social a un conocido de la edil de Vivienda y Acción Social, Julia Angulo, al que se le asignaron diez puntos por error, también regresó al pleno en el turno de ruegos y preguntas. Su predecesora en esas concejalías, Nerea Belmonte, preguntó cómo se iba a llevar a cabo la auditoría sobre la adjudicación de viviendas llevada a cabo en la última década que Angulo había anunciado en declaraciones a Alicante Plaza. Angulo se desdijo en esas declaraciones y las atribuyó a "una interpretación", ya que ella, a diferencia de la oposición, sí confiaba en la labor de los trabajadores municipales del área de Vivienda. Según Angulo, ella se limitó a decir que, en todo caso, habría que revisar todas las adjudicaciones y no sólo las acordadas bajo su responsabilidad, como pretende hacer el PP. Su versión contrasta con el anuncio que ella misma anticipó a este diario de forma voluntaria, en el que llegó a detallar su intención de contratar una auditoría externa para evitar suspicacias y garantizar un trabajo independiente, pese a que no dudaba de los técnicos municipales. Es más, dijo que así también quedarían avaladas sus decisiones. Esa parte de la información no llegó a publicarse por petición expresa de la propia Angulo, tras alegar que primero debía informar a los trabajadores sobre esa auditoría externa.