La vicealcaldesa de Alicante y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante da un giro a los acuerdos políticos planteados hasta ahora en otras instituciones públicas frente al polémica de las vacunas VIP recibidas por varios alcaldes y concejales de la provincia. A diferencia de lo que sucedió en foros como la Diputación, donde Cs presentó su propia declaración institucional (junto a las que formularon PSOE, Compromís) sobre la polémica, la formación que lidera la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, ha formulado una propuesta de pacto político abierto a la firma del resto de formaciones representadas en la corporación municipal "para garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación", según reza en el encabezamiento del texto.
En suma, la propuesta de Cs plantea acuerdos similares a los que ya se votaron en el pleno de la institución provincial para exigir la dimisión de aquellos cargos públicos que no respetasen el orden establecido por la Conselleria de Sanidad para la distribución de la vacuna frente a la covid-19. Así, en primer término, el pacto expone que "todas las formaciones políticas con presencia institucional en el consistorio de Alicante asumen el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o cargos de confianza, que se salten el plan de vacunación o que incumpla el protocolo de vacunación establecido y acreditado por la autoridad sanitaria, en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles".
En segundo término, el texto de Cs requiere un "compromiso de todos los partidos políticos de este consistorio, que en pro del buen gobierno y ética política, inicien los correspondientes expedientes de investigación a los militantes de sus formaciones políticas con cargo electo que hayan recibido la vacuna contra la covid-19 e impulsen las correspondientes comisiones de investigación en aquellas corporaciones en las que tengan representación y si se determinara que dichas vacunaciones se han producido abusando de sus cargos y saltándose los protocolos establecidos de preferencia a los grupos mas sensibles, se les exija que asuman sus responsabilidades".
Solo Compromís ha respondido hasta ahora a la propuesta de cs, con una aportación para que se incluya el compromiso de expulsión del grupo político para aquel cargo público que reciba la vacuna de manera irregular
En tercer lugar, el planteamiento de Cs añade el requerimiento "al gobierno de la Generalitat" para que "en un ejercicio de transparencia ante los ciudadanos, haga público los listados de todos aquellos cargos públicos que han recibido la vacuna contra la covid-19, a fin de que se puedan determinar aquellos que, abusando de su situación de poder , se han saltado los protocolos de sanidad".
Y, por cuarto y último lugar, la propuesta recoge la obligación de "dar cuenta de este acuerdo en el próximo pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante". Esta es, en realidad, la diferencia más relevante respecto a otros acuerdos similares, como el promovido por el propio Cs en la Diputación, a través de una declaración institucional a la que acabaron adhiriéndose sus socios de gobierno, del PP. Los populares, con su presidente y concejal en Alicante, Carlos Mazón, al frente, se sumaron a esa propuesta en la medida en que se planteaba la dimisión o cese de cargos públicos que hubiesen recibido esa vacuna por anticipado. Se trataba de un acuerdo que el PP consideró ajustado a la retirada de competencias acordada para su diputado y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano.
En el caso de la propuesta impulsada por los cinco concejales del partido de Inés Arrimadas en el Ayuntamiento de Alicante no habrá lugar al debate público con las habituales intervenciones de los concejales de los seis partidos que se reparten los 29 escaños en la corporación municipal (PP, PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox). La propuesta quedará plasmada a través de una mención sobre el pacto alcanzado, durante la parte expositiva del pleno ordinario de febrero, previsto para el próximo jueves. Fuentes de Cs incidieron en que se había optado por ese formato para no alargar el desarrollo de la sesión con otra propuesta de declaración institucional adicional a las que ya formulan el conjunto de grupos municipales, teniendo en cuenta, además, que en el Ayuntamiento de Alicante no existe ningún concejal que se encuentre en la tesitura de haber recibido la vacuna de forma indebida. De igual modo, apuntaron que plantear una propuesta abierta al debate en este momento llegaría tarde, puesto la controversia sobre la presunta vacunación irregular de cargos públicos parece haber quedado en segundo plano de la actualidad.
Sea como fuere, la cuestión es que, por el momento, no está garantizado que pueda existir un pacto como tal sobre el que dar cuenta durante la sesión, ya que, según señalaron representantes del partido proponente, solo Compromís ha respondido al ofrecimiento formulado por Cs al conjunto de grupos políticos. En concreto, la coalición valencianista habría planteado la adhesión de un párrafo adicional en el primer punto del acuerdo con la intención de que pueda producirse la expulsión de cualquier cargo público que se niegue a presentar su renuncia. Así, el propio portavoz de Compromís, Natxo Bellido, habría sugerido ampliar el texto de Cs para que todos los partidos se comprometan a acordar la expulsión inmediata "del grupo político institucional al que pertenezcan" de cualquier cargo público que hubiese sido vacunado de forma irregular y que "se niegue a abandonar su acta" de forma voluntaria. Eso sí, según indicó Bellido a consulta de Alicante Plaza, esa aportación se planteó en el convencimiento de que el planteamiento de Cs se traducía en una declaración institucional al uso, con lo que no se descarta que se pueda solicitar su transformación en ese formato.
Sea como fuere, el objetivo de Cs es volver a plantear ese pacto en la Junta de Portavoces preparatoria del pleno, que debería celebrarse este lunes, con la intención de confirmar nuevas adhesiones. En ese momento, podría dilucidarse qué otros partidos deciden suscribir el acuerdo para que pueda formalizarse como pacto o, en su caso, si resulta viable su debate como declaración institucional.
