La portavoz de C's, Yaneth Giraldo, junto a su portavoz adjunto, Antonio Manresa. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El proceso seguido por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) para ajustar el callejero de Alicante a la Ley de Memoria Histórica (lo que conlleva la eliminación de referencias franquistas) suma otro episodio para la controversia. Esta vez, relacionado con el recurso de reposición presentado por el grupo municipal de Ciudadanos (C's), sobre la supuesta vulneración del trámite de aprobación en pleno (como viene informando Alicante Plaza, el listado de nuevas denominaciones se aprobó en Junta de Gobierno tras el dictamen emitido por la comisión mixta creada al efecto). La portavoz municipal de C's, Yaneth Giraldo, lamentó este lunes "el escaso talante de diálogo del tripartito transcurridos ya más de dos meses del recurso administrativo que presentamos reclamando que los cambios de los nombres de calles pasaran por pleno". Según Giraldo, los tres partidos políticos que comparten responsabilidades de Gobierno "ni se han dignado a respondernos en un sentido u otro".
En esta línea, añadió que "desde Ciudadanos siempre hemos buscado el máximo consenso en este asunto y por eso optamos por la vía administrativa, a diferencia del PP que acudió a los juzgados, y eso demuestra por nuestra parte un talante conciliador en un asunto tan sensible; por eso estamos tan decepcionados".
Para la portavoz del grupo municipal "aún se está a tiempo de rectificar y de hacer las cosas desde el máximo consenso, pero para ello hace falta voluntad política y voluntad de diálogo". De otro lado, según Giraldo, C's tiene constancia de que el recurso administrativo ha ido a parar a la propia Concejalía de Memoria Histórica cuando lo más lógico es que se analizara desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento, "algo realmente sorprendente", ha apostillado Giraldo.
Como publicó Alicante Plaza, la aplicación de los cambios en el callejero ha quedado en suspenso a instancias de un auto judicial, comunicado el 12 de enero, en el que se admitía la medida cautelar solicitada por el PP en el contencioso presentado contra el fondo del asunto: la incorrección del proceso seguido por falta de motivación, entre otros, motivos. Ese auto judicial atribuía al equipo de Gobierno la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial, ya que se había ejecutado la sustitución de placas sin esperar a que el juzgado se pronunciase sobre la medida cautelar. Además, obliga a reponer las placas retiradas. El Ayuntamiento ha recurrido ese auto al considerar que sus implicaciones exceden de la medida cautelar solicitada por el PP. Se alega, además, que esa sustitución podría generar un perjuicio al interés general mayor del que se pretendería proteger, en el caso de que, finalmente, la sentencia sobre el fondo del asunto avalase el proceder del Ayuntamiento y se tuviesen que recolocar otra vez los rótulos con las nuevas denominaciones. Según fuentes del equipo de Gobierno, se sigue cumpliendo trámites para dar cumplimiento a ese auto, mientras se dirime el recurso municipal.
