Foto: GVACASTELLÓ (EP). La Diputación Permanente de Les Corts ha convalidado este viernes, por unanimidad, tres decretos aprobados este verano por los que se prorrogan medidas acordadas por el anterior Consell: la gratuidad temporal del transporte público por carretera para menores de 31 años, junto a la reducción del 50% en el precio de abonos de transporte, o la rebaja de tasas de la Generalitat.
Tanto los grupos que forman parte del Consell como los de la oposición (PSPV y Compromís) han votado a favor, aunque estos últimos han criticado que PP y Vox apoyen ahora las medidas cuando inicialmente las tacharon de "propaganda electoral".
Además, PP y Vox han votado en contra de la petición del grupo socialista de que se tramitara uno de los decretos como proyecto de ley para incorporar la condonación del canon de saneamiento y así beneficiar a las familias más vulnerables.
Antes de la sesión, el síndic 'popular', Miguel Barrachina, ha destacado que estos decretos demuestran que el Consell "trabaja a destajo" y no sigue de vacaciones como critica la oposición. También ha reiterado que son medidas compatibles con la reducción del gasto político y las rebajas fiscales.
Frente a ello, Barrachina ha denunciado que "otros se han dedicado a apilar cargos" durante este verano y ha apuntado al 'expresident' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, por su designación como senador territorial y por quienes "dicen que aspira a marcharse como ministrable".
Desde Vox, su portavoz adjunto Joaquín Mª Alés ha resaltado que estos decretos forman parte del "plan de acción" del Consell, ya que se aprobaron "al inicio de la legislatura y no al final" como en el anterior gobierno.
Por parte de la oposición, Rebeca Torró (PSPV) ha defendido que no era necesario convocar la Diputación Permanente para convalidar estas medidas y ha vuelto a acusar a PP y Vox de impedir la comparecencia del conseller de Educación, José Antonio Rovira, para dar cuenta del retraso en las adjudicaciones docentes.
Joan Baldoví (Compromís) ha coincidido en señalar que los decretos son una "simple prórroga" de medidas acordadas por el Botànic, cuando "decían que era propaganda electoral".
Respecto a las adjudicaciones docentes, ha insistido en abrir una comisión de investigación y en mostrar "sospechas" de que ha habido profesores favorecidos por delante de otros con más puntuación, por lo que se ha preguntado si Rovira "tiene algo que esconder".
Por otro lado, Baldoví ha mostrado su "inquietud" por la visita de este jueves del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al Hospital de Dénia, cuyo proceso de reversión a gestión pública estaba fijada por el anterior Consell para febrero de 2024. "Tira balones fuera cuando habla de auditorías y no deja claro su futuro", ha criticado.
Durante la Diputación Permanente, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha defendido que los decretos pretenden "paliar la difícil situación económica y social que atraviesa España y que afecta duramente nuestra Comunitat".
"Hemos recibido una Comunitat Valenciana en mala situación y teníamos que reaccionar", ha aseverado, para remarcar que son "conscientes de que no se trata de soluciones a largo plazo" y mostrar su "compromiso como Consell de impulsar una política sólida en el tiempo que consiga un mejor futuro para los jóvenes".
En concreto, la reducción del 50% del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje se prorroga hasta el 31 de enero de 2024 y los títulos adquiridos en el nuevo periodo se podrán utilizar hasta el 29 de febrero de 2024, mientras la gratuidad para los menores de 31 años se extenderá durante los cinco meses que quedan de 2023.
Estas medidas sobre la política tarifaria de los transportes públicos de titularidad autonómica se aplicarán tanto a los servicios de transporte público gestionados directamente por la Conselleria, entre los que se encuentran las líneas interurbanas y el sistema TRAM de Castelló, como a los gestionados por Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y por la Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV), entes para los que ya se han dictado las resoluciones correspondientes.
El coste estimado de la adopción de ambas medidas será de cerca de 7,2 millones de euros. "Estas medidas suponen una invitación a toda la sociedad valenciana a que conozcan los avances en el transporte público y adopten un patrón de movilidad más sostenible y equilibrado", ha concluido la consellera.
