La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas. Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA (EP). El pleno de Les Corts ha convalidado este miércoles el decreto-ley 14/2023 del Consell por el que se prorrogan las bonificaciones y gratuidad temporal de tarifas en los servicios públicos de transporte competencia de la Generalitat y se modifican algunos aspectos de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
La convalidación ha salido adelante con los votos a favor de los grupos que sustentan al Consell (PP-Vox) y en contra de la oposición (PSPV y Compromís), que considera que los cambios en la LOTUP perjudicarán la ordenación del territorio.
En concreto, el decreto prorroga por un periodo de seis meses las reducciones parciales o totales de tarifas en los abonos y títulos multiviaje en todos los servicios de transporte público autonómico; es decir, la gratuidad para menores de 31 años y la reducción del 50% para el resto de viajeros. Ttendrá un coste estimado de 18,9 millones de euros.
En su intervención, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha destacado que "mientras el Consell cumple, el Gobierno ni ha aprobado la gratuidad del transporte ni para los jóvenes ni para otros grupos sociales".
En esta línea, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de mentir en su debate de investidura: "No informó a las comunidades de su verdadera intención hasta casi finalizado el año, aun sabiendo que en varias autonomías las medidas de transporte debían revisarse en esa fecha".
Pradas ha criticado así que el anterior gobierno del Botànic aplicó las bonificaciones que ahora se prorrogan "solo después de que el Estado decidiera aportar fondos" mientras que el actual Consell tomó la decisión "cuando aún se desconocía cuál iba a ser el anuncio de las bonificaciones o gratuidad en el transporte público del Gobierno de España".
Respecto a la LOTUP, en el decreto se modifica el artículo 51.3.c y el apartado 4 de la disposición adicional novena en relación con la figura de los proyectos territoriales estratégicos (PTE), de forma que el Consell decidirá caso a caso si se lleva a cabo o no la consulta pública previa, cuando concurran importantes razones de interés público.
Esta reforma, según la consellera, es necesaria para "garantizar el principio de confidencialidad evitando en una fase inicial la sobreexposición de proyectos estratégicos que, por su propia naturaleza, requieren de un componente de confidencialidad y evitar los movimientos especulativos".
También se modifica la disposición adicional novena, apartado 4, para que a los PTE se les pueda aplicar la normativa en materia de simplificación administrativa, a fin de agilizar y simplificar su tramitación. Por último, se reforma la disposición transitoria 24, la que regula las declaraciones de interés comunitario de regularización que afectan a las actividades industriales. Con la modificación se podrán acoger a esta figura, además de las actividades industriales y productivas, las terciarias o de servicios.
"Esta reforma es necesaria porque muchas de las actividades industriales que potencialmente podían haberse regularizado, no lo hicieron en el plazo inicialmente otorgado", ha expuesto Pradas, quien ha destacado que "este procedimiento ha sido satisfactorio en el pasado porque supone la regularización urbanística, y posteriormente ambiental, de actividades que pertenecen al tejido productivo, generan riqueza y crean empleo".
En definitiva, ha hecho hincapié en que con esta modificación de la LOTUP se reduce la burocracia "sin abandonar la seguridad jurídica", se facilita la llegada de inversiones y se regulan "instalaciones que ya existen desde hace años y que generan empleo y riqueza".
