X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información

inversión cifrada en 4,5 millones aplazada al próximo mandato   

Contrata de limpieza: el PP aparca la compra de maquinaria y persiste en cómo mejorar el servicio

6/02/2019 - 

ALICANTE. El año 2019 tampoco será el de la reposición de maquinaria que se utiliza para prestar el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, a pesar de los anuncios formulados por el actual equipo de Gobierno, del PP. Al menos, no lo será hasta que se celebren las elecciones municipales del próximo 26 de mayo y se constituya una nueva corporación. El gabinete que coordina el popular Luis Barcala ha decidido aparcar la inversión prevista para la compra de nuevos vehículos, cifrada en 4,5 millones, ya que, para ello, sería necesario acometer una modificación de los términos del contrato en vigor en la que se amparase el pago de esos costes adicionales a través de las certificaciones mensuales. Y, en principio, no parece una decisión que en estos momentos pueda concitar el consenso político requerido.

Fuentes municipales precisaron que la inversión en reposición de maquinaria está prevista en las bases del contrato para que comience a desplegarse de manera escalonada a partir del cuarto año de prestación. La contrata se adjudicó en 2013 por un coste anual de más de 35 millones a una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y el Grupo Cívica, del controvertido empresario Enrique Ortiz, bajo el mandato de la popular Sonia Castedo. Su vigencia expira en 2021. Sin embargo, hasta ahora no se ha acometido ninguna compra de nuevo material, pese a los escritos de solicitud registrados por la gerencia de la concesionaria en diversas ocasiones.

En sentido estricto, lo cierto es que sí se ha optado por abrir una partida inicial de unos 300.000 euros en el proyecto de presupuesto de este año como primer paso para dar cabida a esa posible adquisición de nuevos vehículos, según precisó el edil de Limpieza, el popular Israel Cortés, durante la presentación de la campaña de concienciación ciudadana y de la nueva programación de los baldeos. Ahora bien, se trata de una partida insuficiente habilitada de modo consciente. Con su apertura, se trata de generar la posibilidad de ampliar su dotación en el futuro a través de posteriores modificaciones de crédito, en el caso de que se considerase necesario, una vez celebradas las elecciones. 

Sea como fuere, la prioridad ahora sería conocer cuáles son las necesidades reales y cuáles resultan más urgentes en la renovación de esa maquinaria. Según Cortés, ya habría solicitado a los técnicos municipales a cargo de la supervisión de la contrata que elaborasen un informe sobre ello. Entretanto, los populares persisten en su intención de buscar la fórmula para disponer de una evaluación efectiva sobre la calidad del servicio y, con ella, mejorar su prestación. 

Cortés asegura que sí se ha habilitado una partida inicial de 300.000 euros para adquisición de material que podría ampliarse tras las municipales si se considerase oportuno 

Al margen de la puesta en marcha de baldeos de refuerzo y de una mayor coordinación entre las áreas de Limpieza y de Parques y Jardines, Cortés insistió en que ya existe una dotación de 100.000 euros para contratar un informe externo sobre el cumplimiento de determinados parámetros ya trabajados por los técnicos municipales. Además, recalcó que también se ultima la licitación de una auditoría económica sobre los flujos económicos del contrato ("la única que contempla el pliego del contrato", recalcó) que se llevará a cabo bajo la supervisión directa del interventor municipal. 

En principio, también habría quedado descartada la posibilidad de revisar los conceptos que se evalúan en las llamadas fichas de observación (como la uniformidad de los trabajadores, que ya procura puntos a favor de la concesionaria), puesto que, igualmente, expondría al ayuntamiento a negociar una modificación del contrato. Ante esa dificultad, según Cortés, se trata de utilizar otros recursos "que sí están a nuestro alcance para evaluar la calidad de la prestación", concluyó.                       

Noticias relacionadas

next