El presidente de Fopa, Javier Gisbert, durante los Premios Fopa de 2023. Fotos: RAFA MOLINA
ALICANTE. Las grandes constructoras de obra civil de la provincia, agrupadas en la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA), vienen exhibiendo en los últimos días una interesante capacidad de interlocución con el Estado. Principalmente, con las grandes empresas públicas dependientes de los ministerios más inversores, como son el de Agricultura y el de Movilidad (Fomento). Una capacidad de interlocución que puede resultar clave en un escenario como el actual, donde tras el varapalo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las organizaciones empresariales alicantinas (Cámara, CEV, Ineca...) trabajan para mejorar el trato del Gobierno central.
De la mano del diputado socialista Alejandro Soler, cabeza de lista del partido del puño y la rosa en las elecciones que se celebran el próximo domingo, la federación de constructoras alicantinas ha logrado reunirse, con apenas dos semanas de diferencia, con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), que tiene entre manos un presupuesto de 1.300 millones de euros para modernizar regadíos, y con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), responsable del desarrollo de buena parte de las infraestructuras que reivindica la provincia.
Así, este martes la junta directiva de FOPA, con su presidente, Javier Gisbert, a la cabeza, mantendrá un almuerzo de trabajo con la directora general de la Seitt, la valenciana Cristina Moreno, que antes de llegar (hace justo dos años) a la sociedad pública dependiente del Ministerio de Movilidad pasó por distintas consellerias económicas en el Botànic. La cita será en el restaurante Poniente, en el edificio del Real Club de Regatas de Alicante, para conocer los planes inversores del Ejecutivo central (con la posibilidad de cambio de color a una semana vista) y trasladar las inquietudes de las constructoras alicantinas.
Uno de los principales problemas que busca resolver FOPA es precisamente el de la revisión de precios, que debía haberse prorrogado en marzo como una de las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno ante la espiral inflacionista de 2022 por la guerra de Ucrania. El alza de los materiales, de hecho, provocó una plaga de licitaciones desiertas entre finales del pasado ejercicio y los primeros meses de este. Con la 'estabilización' de la inflación, FOPA ha comenzado a hilar más fino y defiende también un modelo de licitación que amplíe la concurrencia competitiva, siendo menos exhaustivo en las características concretas del personal facultativo.
Antes de la reunión con Moreno, los constructores alicantinos liderados por Gisbert se reunieron el pasado 4 de julio con el presidente de la Seiasa, el socialista oriolano Francisco Rodríguez Mulero, para conocer los planes del Ministerio de Agricultura en el desarrollo de la segunda gran modernización de los regadíos de España. Las tres fases de los proyectos están presupuestadas en 1.300 millones de euros y comprenden casi 100 actuaciones de diferente envergadura en toda España. Al respecto, Rodríguez Mulero señaló que a la Comunitat Valenciana le corresponden 93 millones de euros y a la provincia unos 35 de ellos.
Así, los miembros de la federación mostraron un gran interés en participar en el desarrollo esta nueva fase de actualización de las infraestructuras de riegos, que requieren sistemas más eficientes que generen más ahorro hídrico, que incluya mecanismos de ahorro energético, introduzca fuentes de energía verde y sostenible, y permita al sector agrícola ganar en competitividad ante el cambio climático. Los representantes de FOPA solicitaron a Mulero asimismo un modelo de licitación de obras que ampliara la concurrencia participativa, que pasa por ser estrictos en la clasificación de las empresas sin fijar características concretas en el personal facultativo de la obra.
