No hemos dejado de salir a la calle para pedir la igualdad entre todos los valencianos y valencianas; igualdad de oportunidades, igualdad de acceso. Hemos alzado la voz para acabar con las discriminaciones de género, de pensamiento; para reclamar el derecho a una vivienda y un trabajo dignos que permitan tener una vida en condiciones. Y en realidad, no hemos dejado de pisar asfalto para pedir que se cumpla la Constitución.
De hecho, en los últimos meses, hemos asistido a acuñación del término ‘constitucionalista’. Un término que excluye, un término que es frentista, un término con una utilización perversa. Y es perversa porque sólo incluye a aquellos que defienden determinados artículos de la Constitución. El 155, pero no el artículo 47 que habla del derecho a una vivienda digna; el artículo 2 sobre la indivisibilidad de la nación española, pero no el artículo 48 sobre la participación libre y eficaz de la juventud en desarrollo político y social; el artículo 30.1 sobre el deber de defender España pero no el 156 sobre la autonomía financiera de los diferentes territorios del Estado español.
Y precisamente a esas personas que utilizan el término constitucionalista como un arma de batalla, la Constitución les adelanta por la izquierda. Son esos artículos más sociales los que la hacen progresista en algunos aspectos, pero son precisamente estos los que son vulnerados sistemáticamente.
Hablamos del artículo 1, que habla de la igualdad, y lo hace en un Estado que ve cómo crece la desigualdad entre sus conciudadanos más ricos y más empobrecidos. Según la OCDE, España es el séptimo estado de los 33 que más ensancha esa diferencia. Y también del artículo 14, que habla de la discriminación por sexo en un Estado que aún hoy tiene brecha salarial, con más mujeres en paro, con una sucesión al trono con preferencia para “el varón a la mujer”.
Hablamos del artículo 20, el que reconoce y protege los derechos a la libertad de expresión. Un artículo herido por la Ley Mordaza y amenazado por los intolerantes. Los casos de Mongolia y Dani Mateo son un ejemplo; también lo son Valtonyc y Cassandra Vera. Casos vergonzantes que pisotean nuestra Constitución y la amenazan.
También se habla de pensiones dignas en el artículo 50. Una lucha que hemos compartido las más jóvenes con las más mayores para que “la suficiencia económica de las personas de la tercera edad” sea una realidad y no se vea supeditada a otros intereses o momentos.
Pero no todo son bondades en la Constitución que hoy cumple 40 años, queremos reformar la Constitución y queremos votarla. Cada vez somos más las personas que no pudimos decidir en su momento y queremos formar parte de la reconstrucción de la Carta Magna.
Queremos una nueva Constitución que asegure la redistribución efectiva de la riqueza. Una norma suprema que convierta los derechos de la ciudadanía en derechos subjetivos que se puedan defender delante de un tribunal. Entre estos derechos debería figurar el derecho real a una vivienda digna, la renta de inclusión y el acceso a recursos naturales vitales como el agua o la calidad del aire.
La Constitución que queremos tiene velar por una sanidad universal, pública e integral para todas las personas que la carta magna ampara y una educación pública y de calidad que sea garantía de inclusión social y de bienestar. Una constitución que ponga las personas por delante de los símbolos.
Así pues, somos muchas las constitucionalistas, constitucionalistas de otra constitución que construya un horizonte de vida mejor para todos y todas. No sólo de una parte, no sólo para unas y no para otras. Dibujemos ese horizonte, actualicemos la Constitución, hagámosla inclusiva y expandamos la base. Redefinamos el constitucionalismo.
Marian Campello es diputada de Compromís en las Cortes Valencianas.