Una de las marchas frente al proyecto de los depósitos del Puerto organizada en 2019. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El escrito de oposición presentado por la Abogacía de la Generalitat frente a la suspensión cautelar del límite a las distancias para la instalación de depósitos de combustible logra el objetivo pretendido y mantiene el veto al desarrollo de proyectos como el promovido por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante. El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado el levantamiento de dicha medida, aplicada de forma automática desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado noviembre por el Gobierno central frente a la nueva regulación autonómica para la implantación de ese tipo de actividades.
En un auto notificado el 7 de febrero, el TC resuelve "levantar la suspensión del artículo 173 de Ja Ley de la Generalitat Valenciana 7 /2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, que añade un apartado 6 al artículo 7 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje". Es decir, la modificación normativa por la que se delimitó que cualquier actividad dedicada a la producción o almacenamiento de carburantes debía situarse a una distancia mínima de 1.000 metros contados desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más cercana de suelo residencial, dotaciones educativas o sanitarias, y suelo de uso terciario especial.
Como informó este diario, el Gobierno impugnó dicha regulación al considerar que la Generalitat había invadido sus competencias al fijar condiciones para las actividades a desarrollar en terrenos portuarios que quedan bajo el ámbito de decisión de Puertos del Estado. En ese recurso, se ejercitaba la cláusula suspensiva automática de la disposición conforme a las prerrogativas de las que dispone el presidente del Ejecutivo, de modo que el TC debía resolver sobre la prolongación de esa paralización o su levantamiento en un plazo máximo de seis meses.
El Consell alegó frente a esa suspensión cautelar mediante el registro de un escrito de oposición en el que argumentó que la intención del precepto impugnado por el Gobierno no era incidir en la ordenación de los puertos de interés general y que en consecuencia, no se vulneraba la competencia exclusiva del Estado para regular las actividades permitidas, como sostiene el Ejecutivo central, puesto que la norma se encuentra legitimada por el artículo 12.5 de la Ley estatal de Industria, que prevé que las comunidades autónomas puedan establecer requisitos adicionales de seguridad.
Y el TC estima ahora las explicaciones aportadas por el Consell en ese recurso al considerar que, en efecto, del análisis provisional del litigio objeto de controversia no cabe interpretar que la regulación normativa sobre el límite de distancias justifique el bloqueo a su aplicación puesto que, a priori, quedaría encuadrado en el ejercicio de las competencias autonómicas. En concreto, el auto del TC señala que "el legislador valenciano no ha admitido expresamente que el nuevo apartado 6 del art. 7 del Decreto Legislativo 1/2021, introducido por el art. 173 de la Ley 7 /2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, responda a la finalidad de dejar en suspenso el ejercicio de las competencias estatales, ni tampoco puede alcanzarse esa conclusión a la vista de su contenido".
Y añade que "en este sentido, el preámbulo de la Ley 7 /2021 no contiene referencia alguna a la modificación legal cuestionada, que, conforme a su tenor, tiene un alcance general y abstracto, y respecto de la que los representantes de las instituciones autonómicas han defendido en este proceso que responde a un ejercicio legítimo de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, seguridad industrial y salud pública". Así, concluye que "las circunstancias descritas nos impiden considerar que se contravenga la competencia estatal de forma tan meridiana que podamos llegar a ratificar la suspensión acordada por apreciarse el supuesto excepcional del bloqueo competencia". De ahí que resuelva levantar su suspensión cautelar.
No obstante, la resolución no supone prejuzgar sobre el fondo del recurso. De hecho, su tramitación sigue en curso a la espera de que pueda analizarse en profundidad sobre los motivos esgrimidos por el Gobierno para impugnar la modificación de la LOTUP acordada por la Generalitat. La decisión sobre el fondo del asunto podría demorarse todavía varios meses, por lo que la vigencia a futuro de la delimitación de distancias mínimas sigue en el aire.
Es, en realidad, la misma situación en la que se encuentra el proyecto de XC Business después de que la compañía presentase recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia que confirmaba la desestimación de su licencia municipal por silencio administrativo como la mercantil había requerido.
Entre tanto, el auto del TC ya ha motivado las primeras valoraciones políticas. Entre ellas, las de la misma consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, quien ha expresado su satisfacción por la resolución del TC. "El auto nos da la razón en varias cuestiones, como el hecho de que nosotros estamos defendiendo el interés general, la salud de las personas y la seguridad", ha señalado. "En cambio, lo que queda claro es que Puertos del Estado está defendiendo el interés de una empresa y a sus beneficios económicos; de hecho, lo que se plantea por parte del TC es que esos beneficios, en caso de que Puertos del Estado ganase el recurso, serían indemnizables", ha incidido. "¿Quién indemnizaría a los ciudadanos en el caso de que la instalación de esos depósitos pusiese en riesgo sus vidas?", se ha cuestionado. Por último, ha apuntado que "apostamos por defender el interés general y la salud de toda la gente de la ciudad de Alicante que está preocupada por esos depósitos", ha concluido.
También se ha pronunciado al respecto, a primera hora de este jueves (poco después de que trascendiese el contenido del auto), la síndica del PSPV-PSOE en les Corts y candidata a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, quien ha sostenido que "los socialistas mantenemos nuestro rechazo rotundo a los macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante". Así, ha apuntado que "respaldamos las medidas que fueron adoptadas por la Generalitat Valenciana para que no se pudieran instalar a menos de 1.000 metros de zonas residenciales, o dotacionales educativas y sanitarias. Que se haya levantado la suspensión que pretendía Puertos del Estado es una buena noticia", ha concluido.
También ha valorado la resolución, acto seguido, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, quien ha expresado su confianza en que "e Tribunal Constitucional no tumbe la acción del Botànic de defender la salud y la seguridad de los vecinos de los barrios del sur de la ciudad ante actividades industriales que no tienen cabida en el entorno urbano".
"Desde Compromís per Alacant hemos trabajado codo a codo con la Conselleria de Transició Ecològica y nuestro grupo parlamentario en Corts con objeto de parar esta atrocidad y por eso exigimos sensibilidad y empatía con Alacant al Gobierno Central", ha explicado. Además, ha requerido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, para "que el Ayuntamiento ofrezca su apoyo al recurso administrativo de la Generalitat para defender un modelo de Puerto seguro y sostenible".
Por su parte, Unides Podem EU ha exigido el desbloqueo de la comisión Puerto-Ciudad. El portavoz mfunicipal de la confluencia, Xavier López, considera que "los debates acerca de la integración del espacio portuario en el municipio y la coordinación entre ambas administraciones son clave para el futuro de Alicante" y ha dicho no entender "que Barcala mantenga este órgano surgido del pleno en un estado permanente de letargo que debilita la posición del ayuntamiento en la exigencia no sólo de evitar la instalación de los macrodepósitos, sino de presionar para cumplir con la legislación en su conjunto y para promover un puerto sostenible y respetuoso con los barrios que lo rodean", ha concluido.
