Confinamiento (IX). Basta ya 

Escribo estas líneas el día que se cumplen dos meses desde que fue aprobado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dos meses son muchísimo tiempo, sobre todo cuando se trata de un país en el que los ciudadanos hemos visto recortados nuestros derechos y libertades individuales, a un nivel que no creíamos posible desde la aprobación de la Constitución Española. Inicialmente fuimos presas del pánico, que se extendió como reguero de pólvora. Hoy está muchísimo más dominada la situación, aunque no podamos relajarnos ante la pandemia, dados los pobres resultados del nivel de prevalencia de la enfermedad por provincias, recientemente publicados. Que, por cierto, confirman lo injusto de la decisión de que la Comunidad Valenciana no pasara a la fase 1 la semana pasada.

Después de tantos días de confinamiento, así como de la amenaza del Gobierno de prorrogar por un mes más el estado de alarma, considero preciso acudir a la normativa vigente para ver en qué situación estamos, desde el punto de vista jurídico. Transcribo literalmente, pero de manera parcial, los artículos 1 y 11 de la vigente Ley Orgánica 4/81, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y les ofrezco mi interpretación de la situación, como jurista.

“Artículo primero

(…) Dos. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. (…)”.

A la vista de este artículo, considero que el actual estado de alarma debe levantarse inmediatamente, dado que su aplicación no es proporcionada a las circunstancias actuales y ya se ha restablecido la normalidad, dentro de un orden. Las cifras de contagiados, ingresados y fallecidos llevan varios días en unos límites asumibles, en relación con la población española. Y ello aunque más de doscientos fallecimientos en las últimas 24 horas no deje de ser una cifra aún elevada y no debamos cantar victoria, ni mucho menos. Pero es que el virus ha venido a quedarse y tenemos que convivir con él, queramos o no.

De otro lado, veamos en qué ha de consistir el estado de alarma entre otras cosas, según el artículo 11 de la misma Ley Orgánica:

“(…) a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. (…)”.

Este artículo habla de la limitación de determinados derechos, pero no así de la suspensión de derechos constitucionales, porque bajo el paraguas de la declaración de estado de alarma no es posible. Dicho más claro, estamos ante una situación de estado de excepción de facto, pero disfrazado de estado de alarma y sin cumplir los requisitos que la Constitución Española impone para la aplicación del estado de excepción. A las bravas.

Esta ya per se anómala situación, durante la cual se han estado publicando normas a destajo, algunas que no venían al caso, es la que tenemos que reclamar ya, alto y claro, que se levante con carácter de urgencia. Estamos siendo atropellados en nuestros derechos y libertades sin apoyo legal que lo justifique, pues nos están impidiendo, entre otras muchas cosas, la libre circulación, el derecho de reunión o la libertad de expresión, todo ello protegido por nuestro texto constitucional. Ya vieron cómo el otro día, en Alicante, se personaron no sé cuántas lecheras de la policía nacional a disolver a una familia por pasearse portando la bandera de España, mientras los vecinos clamaban libertad desde los balcones. Una imagen absolutamente insólita y bochornosa.

Creo que esto ya no hay quien lo pare, porque, mientras seguimos sometidos a encierro, el Ayuntamiento de Madrid está facilitando comidas, alimentos o ayudas a más de 82.000 personas, amén de la contribución de otros muchos voluntarios. El virus mata a algunos, pero el hambre es peor y España tiene que poder volver a funcionar ya. Estamos bajo la amenaza de la pobreza. No podemos tolerar que el Gobierno nos acabe arruinando con sus medidas aparentemente proteccionistas, como permitir que quienes comercien por Internet pueden hacer rebajas, mientras a los pequeños comerciantes se lo hayan prohibido, lo que también atenta contra el principio de igualdad, por cierto. Hay otra forma de luchar contra la pandemia diferente de hacerlo a decretazo limpio, y si no miren los ejemplos de países como Alemania o Suiza, en que el confinamiento ha sido voluntario y están a años luz de nuestra situación en relación con esta crisis sanitaria.

El argumento de que todo esto es por nuestro bien ya está superado, y quienes nos gobiernan deben trabajar por el escenario post estado de alarma y recurrir a la aplicación de otras medidas, como hacer más test por fin, obligar bajo sanción al uso de mascarillas en sitios públicos, controlar los aforos a responsabilidad de los propietarios de los establecimientos y la medición masiva de la temperatura de la gente en los transportes públicos, aislando a los convivientes con los que resulten infectados, entre otras muchas medidas posibles. Hay que cambiar el chip. Basta ya.

Mónica Nombela