ALICANTE (EFE). El número de concursos presentados ante los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana en 2023 fue de 5.478, lo que supone un incremento del 67,5% respecto a los 3.270 contabilizados un año antes.
Así se recoge en el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este miércoles.
Estos datos sitúan a la Comunitat como la tercera autonomía del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con un total de 12.075 concursos, y Andalucía, y por delante de Madrid, con 5.346.
La mayor parte de los más de 5.000 concursos presentados el pasado año, un total de 4.471, corresponde a personas naturales sin actividad empresarial, que crecieron un 133,6 % respecto a los 1.914 de 2022.
Los concursos de personas jurídicas sumaron 714, por lo que bajaron un 30,3 % en relación al año anterior, mientras que los de personas naturales, empresarios, fueron 293 y sufrieron un descenso interanual del 11,7 %.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron un total de 2.907 concursos en 2023, frente a los 1.865 de 2022; en Alicante fueron 2.033, cuando un año antes ascendieron a 1.025, y en la de Castellón se registraron 538, frente a los 380 de 2022.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Comunitat Valenciana durante el año 2023 fue de 3.100, un 25,5% menos que las 4.161 de 2022.
En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más (4.551), seguido por Cataluña (3.457), la Comunitat Valenciana, Madrid (2.036) y Castilla-La Mancha (962).
En términos relativos, la Comunitat lidera la estadística, pues registró 59,4 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, seguida de la Región de Murcia, con 56,2.
Por provincias, se presentaron 1.497 en Alicante, 1.302 en Valencia y 301 en Castellón.
Por lo que respecta al número de lanzamientos practicados, durante el ejercicio analizado se realizaron 3.869 en la Comunitat Valenciana, lo que supone una bajada del 30,8 % frente a los 5.594 que se llevaron a cabo el año anterior.
Del total, 2.673 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) (-23,9 %); otros 1.049 se derivaron de ejecuciones hipotecarias (-44,8 %), y los 147 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas y descendieron un 18,8 %.
La Comunitat fue la tercera autonomía del país con mayor número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, precedida por Cataluña, con 1.264, y Andalucía, con 1.135.
En 2023, se registraron en los Juzgados de lo Social valencianos 17.590 demandas por despidos, un 29,9 % más que las 13.543 de un año antes.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron 10.207 demandas por despido y en la de Alicante, 5.728, mientras que las restantes 1.655 se registraron ante los órganos judiciales de la provincia de Castellón.
Además, se contabilizaron en esta jurisdicción 12.617 reclamaciones de cantidad, lo que implica un incremento interanual del 19,3 %. De ellas, 6.854 se presentaron en la provincia de Valencia, 4.277 en la de Alicante, y 1.486 en Castellón.
Por su parte, los procedimientos monitorios presentados entre enero y diciembre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y los de Primera Instancia e Instrucción de la Comunitat ascendieron a 121.657, un 10,3 % más que en el año anterior, en el que la cifra se situó en 110.314.
Del total, 62.365 se presentaron en la provincia de Valencia, 46.021 en la de Alicante y 13.271 en la de Castellón.
En el periodo analizado, ingresaron en los juzgados valencianos especializados un total de 9.441 demandas por las denominadas cláusulas suelo (+25,4 %), mientras que las sentencias por estos procedimientos cayeron 34,9 %, al pasar de 10.357 en 2022 a 6.741 el año pasado.
Durante 2023 ingresaron en los órganos judiciales valencianos 379 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, diez menos que un año antes, lo que equivale a un descenso en términos porcentuales del 2,6 %.
Estos procedimientos civiles se refieren a aquellos casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social que se ven privados de la posesión de la vivienda.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con 445 casos, y Andalucía, con 424.
Por provincias, 219 se registraron en la de Alicante, 122 en la de Valencia y los restantes 38 lo hicieron en la provincia de Castellón.
