BENIDORM. La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, se reunió este miércoles con representantes del partido de los municipios que tienen convenio con la Epsar en la provincia de Alicante. Precisamente, el motivo del encuentro estaba en la fusión que prevé el gobierno autonómico entre esta empresa pública y Vaersa. Algo que para la líder popular hará perder inversión en las instalaciones de saneamiento hídrico y depuración de aguas residuales de la Comunitat.
La reunión tuvo lugar en la sede del PP de Benidorm, al que acudió el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, concejales de la corporación local y representantes de los populares de la provincia, aunque la mayoría de las 'primeras espadas' no pudieron asistir porque coincidía con el pleno de la Diputación de Alicante.
Como se recordará, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática i Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha decidido fusionar estas dos empresas públicas dependientes de su departamento. La intención en principio sería salvar los empleos de Vaersa, que está en una situación crítica, y tratar de responder a la petición de dotar de personal administrativo a la Epsar, tal y como pedían desde la empresa pública.
Sin embargo, Bonig se ha mostrado reticente ante este nuevo movimiento: ha indicado que “hay que ser muy cuidadosos. Para resolver los problemas de Vaersa no pueden acabar con la Epsar, que ha sido fundamental en la vertebración, gestión y saneamiento de aguas residuales”. La decisión tampoco ha contentado a numerosos colectivos del sector, que se han manifestado públicamente en contra.
Hay que tener en cuenta que la entidad de depuración de aguas tiene una caja de casi 200 millones de euros –que recauda a través del canon de saneamiento– para iniciar el cambio de modelo que plantea el Gobierno del Botànic. En este sentido, Bonig destacó que es un tributo de carácter finalista para inversión que podrían evitar "problemas muy serios" en sus propias instalaciones. Así, se puso en lo peor señalando que "el verano pasado se tuvieron que cerrar algunas playas porque no había mantenimiento ni inversión. Eso no puede volver a pasar", remató.
Con todo, indicó que el modelo actual de la Epsar funciona gracias a la contribución de vecinos y ayuntamientos, sin embargo, la recaudación no se está trasladando en una mayor inversión en las depuradoras: "Ha caído un 90%. En cinco años solo se han inaugurado siete nuevas depuradoras en la Comunitat. Esto es lo que se inauguró el último año de su gobierno, en 2015".
Por último, Bonig se ofreció a colaborar en otra solución al problema de Vaersa que derive "en otro tipo de sociedad o entidad de servicio público para que pueda para gestionar otros servicios medioambientales".
En esta misma línea se mostró el alcalde de Benidorm, que recordó que todavía queda pendiente por cumplir el acuerdo de 2017, por el que se comprometían a invertir en la depuradora de la zona. Así, Toni Pérez indicó lo siguiente: “Quieren aprovechar los recursos de nuestros vecinos, invertidos para la gestión del agua, en otros proyectos que no tienen que ver con las estaciones depuradoras y el esfuerzo".
Al mismo tiempo, rechazó la idea de que se destinen "unos fondos de una caja común aportada por los municipios que apostamos por la depuración de las aguas a otras cuestiones”. Según el primer edil, la ciudad de Benidorm no habría percibido "un solo euro" desde el 2015 para la conservación de la depuradora. Como consecuencia, el Ayuntamiento ha tenido que hacer diferentes inversiones en la infraestructura, afirmando que en el último contrato de gestión, se previeron cuatro millones de euros para cuatro años, pero que gran parte de esta cifra ha tenido que usarse en el primer año y medio de la concesionaria.
