Foto: COMPROMÍSCompromís ha logrado reunir la firma de cincuenta diputados para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de libertad educativa de la Generalitat Valenciana, norma que, denuncia, "discrimina a los alumnos valencianoparlantes" y no da seguridad jurídica a los padres a la hora de matricularlos en esa lengua.
A las firmas de los parlamentarios de Sumar se unirán las de ERC, Junts, EH Bildu, Podemos y BNG, con lo que superan los cincuenta diputados que exige la ley para presentar un recurso de inconstitucionalidad.
La diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha agradecido su apoyo y ha defendido la necesidad de recurrir una ley impulsada por el gobierno popular que lidera Carlos Mazón y que, ha asegurado, vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación educativa.
"En Compromís no podíamos quedar impasibles ante este gobierno de la vergüenza", ha manifestado ante el Congreso de los Diputados, donde se ha fotografiado con varios de los parlamentarios que firman el recurso.
El Gobierno central también discrepa de varios aspectos de esa ley y ha activado con el valenciano la comisión bilateral para analizarlos e intentar llegar a un acuerdo que evite un recurso de inconstitucionalidad.
Micó ha señalado que esas conversaciones son "una buena noticia", y ha confiado en que el Gobierno de Mazón recapacite, pero ha afirmado que "Compromís no podía esperar la buena voluntad del gobierno del PP".
En la misma línea, la portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha subrayado la necesidad de luchar desde la izquierda contra las políticas del PP: "es una obviedad que el castellano está perfectamente garantizado en las escuelas del País Valenciano y el gobierno de Mazón insiste en discriminar a los valencianoparlantes".
"Se está menospreciando a la mayoría social valenciana que quiere que se respete su lengua, su educación pública y que tiene unos profesores y profesoras magníficos", ha ratificado el diputado de Sumar Nahuel González.
Sobre el recurso impulsado por Compromís en el Congreso contra esta ley ante el Tribunal Constitucional, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha manifestado que le "encanta" que "partidos catalanistas como Junts o Esquerra Republicana recurran la ley de libertad educativa en la Comunidad Valenciana" ya que "demuestra cuál es el objetivo".
Ha asegurado asimismo estar "muy tranquilo" porque ha insistido en que las discrepancias del Ministerio de Política Territorial con esta ley son "pequeñas puntualizaciones" que se resolverán "sin ningún problema". "El Constitucional tomará las medidas que tenga que tomar y nosotros lógicamente cumpliremos", ha concluido.
Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aseverado que los 50 diputados nacionales que han firmado para recurrir la nueva Ley de libertad educativa valenciana ante el Tribunal Constitucional (TC) "se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el estado de las autonomías, nuestras competencias ejecutivas y Les Corts porque quieren seguir apoyando el proceso de imposición y de inmersión al estilo catalán".
Así lo ha valorado, en declaraciones a los medios, después de que Compromís haya recabado la firma de diputados de Sumar, ERC, Bildu, Junts, Podemos y BNG --es necesario el aval de al menos 50 parlamentarios-- para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de libertad educativa de la Comunitat Valenciana.
Mazón ha manifestado que "es sorprendente la velocidad con la que se indulta y se apoyan las imposiciones separatistas en una comunidad española y la rapidez con la que se actúa contra el autogobierno de los que queremos la igualdad, la libertad y la ausencia de imposiciones".
En esa línea, ha afirmado que los 50 diputados firmantes "van a tener que explicar si creen o no en el estado de las autonomías y si lo que están es tratando de que siga en la Comunitat Valenciana ese 'procés' de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años".
El 'president' ha asegurado que el Consell seguirá defendiendo el autogobierno y "la capacidad de la mayoría del pueblo valenciano que ha decidido en base a un programa electoral respaldado mayoritariamente por las urnas que querían libertad educativa" y la promoción por igual de las dos lenguas, "sin imposiciones a favor de la 'nostra llengua'" y "trasladando mayor esfera de libertad a las familias".
