VALÈNCIA. La renuncia de Alfred Costa a continuar al frente de la dirección general de À Punt, que se hará efectiva a partir del 9 de diciembre, ha acelerado el proceso de renovación del ente. Un trámite que los partidos de Les Corts habían dejado aparcado tras la catástrofe que provocó la Dana a su paso por la provincia de Valencia, pero que ahora ha irrumpido de nuevo en el tablero político a raíz del adiós anticipado anunciado por el máximo responsable de la cadena mediante una carta dirigida a la plantilla.
El debate vuelve a estar sobre la mesa, pero las posiciones de los partidos, no obstante, no han variado desde que las formaciones con representación en Les Corts hablaron por última vez del tema. Como novedad, el PP tanteó ya la semana pasada a PSPV y Vox para retomar las negociaciones, si bien quedó pendiente de hacer lo propio con Compromís, con quien las discusiones se plantean más complicadas por el punto de partida desde el que se reanudan.
La coalición, antes de la dana, se borró en cierto modo de cualquier tipo de negociación con una serie de condicionantes inasumibles para los populares, dado que entre ellos se encontraba el cese del director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut. También reclamaban modificar de nuevo la ley del órgano fiscalizador y volver al redactado original para que el máximo dirigente de la Agencia fuera elegido por tres quintos de la Cámara.
Si el Partido Popular no se prestaba a destituir a Beut ni reculaba con los cambios legislativos que acometió en marzo, los valencianistas no participarían en la negociación con el PP para constituir el Consejo de Administración de À Punt ni tampoco renovar los órganos estatutarios que a día de hoy se encuentran en funciones: Consell Jurídic Consultiu, Consell Valencià de Cultura, Sindicatura de Comptes y Consejo de Transparencia.
Dos líneas rojas que, sin embargo, ahora con el nuevo escenario los valencianistas siguen manteniendo. Además, cuestionan las "prisas" de los populares por activar la nueva ley y la coyuntura en la que se producirían las negociaciones, con la reconstrucción de los 75 municipios devastados por el temporal apenas empezada. Una posición por la que se antoja complicado que el PP pueda llegar a un acuerdo con Compromís. Al menos, por ahora.
Pese a todo, el PP mantiene que la intención es poder incorporar a todos los partidos con representación en el Parlamento en las negociaciones y que la representación en todos los entes sea proporcional a la que tienen en Les Corts. La participación de Vox también era un escollo insalvable tanto para Compromís como para el PSOE, por lo que el entendimiento no va a ser sencillo. No obstante, los socialistas desean tener representación en el órgano de dirección de À Punt por lo que se da por sentado que acabarían cediendo para lograr participar en este consejo, pues si se cerraran en banda, el Partido Popular podría finalmente acabar negociando todo con Vox en solitario.
La nueva ley de À Punt establece que la cadena cuenta con un Consejo de Administración conformado por un total de ocho miembros. Siete de ellos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde no está Vox. En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de PP y Vox, pero también por, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta la derecha podría dar luz verde en solitario.
Un posible reparto, si todos los grupos tuvieran representación en el órgano, ofrecería 3 representantes al PP, 2 al PSOE, 1 a Compromís y 1 a Vox. Los populares, además, serían los encargados de situar a alguien en la FVMP, por lo que finalmente contarían con un total de 4 consejeros de los ocho integrantes totales. Si Compromís, por el contrario, termina manteniéndose en su posicionamiento y negándose a negociar si Beut se mantiene en Antifraude, correría el riesgo de quedarse fuera del Consejo de Administración de À Punt y, por tanto, el reparto variaría y su representante pasaría a los socialistas o populares.
De entre los 8 consejeros, se elegirá a un presidente a propuesta del propio Consejo de Administración. Este sería elegido por el Consell y contaría con voto de calidad en los sufragios internos que tuvieran lugar. Esto es, que aunque el PP nombrara el 50% de los integrantes, tendría garantizado en cualquier caso la elección de la presidencia y ganar todo tipo de votación. El órgano directivo también tiene entre sus competencias proponer al sucesor de Costa al frente de la dirección general. Un nombramiento que haría efectivo más tarde el Consell de la Generalitat.