María José Calabuig, Carles Esteve y Gerard Fullana.ALICANTE. La coalición Compromís ha presentado en Alicante este martes la campaña Mazón no paga con la que pretende denunciar los "impagos generalizados en tan solo un año de gobierno del Partido Popular" y que han convertido, a su juicio, "a la Comunitat Valenciana en la autonomía española que más tarde paga a los proveedores de la administración". Entre impagos y acuerdos de los agentes sociales no respetados por la Generalitat, el Consell de Carlos "Mazón acumula impagos, incumplimientos de acuerdos sociales y derechos ciudadanos por valor de 31,5 millones de euros", según contabilizan los valencianistas de los datos recogidos entre varias fuentes como por ejemplo el DOGV.
Los diputados por Alicante, Gerard Fullana y Maria Jose Calabuig, y el responsable de Hacienda, el diputado Carles Esteve, han desgranado el que hasta ahora es únicamente una cifra incompleta, dado la dificultad de reunir todos los datos. “Los últimos datos sitúan el territorio valenciano como la autonomía con el periodo medio de pago a proveedores más alto de España, con 45 días, mucho por encima del que marca la ley. El Botánic dejó el gobierno con una media de pago de 23 días. Esto es dejar a las pequeñas empresas a los pies de los caballos, no tienen tanta capacidad financiera como las grandes empresas. Mazón no ha cumplido con la ley ni un mes desde que gobierna”, ha señalado Esteve.
Compromís, además, ha querido investigar más allá de los datos de Hacienda y demostrar que esta dinámica de impagos no es tan solo un problema para las empresas que trabajen con la Generalitat, sino que afecta también en las personas y sus derechos adquiridos.
Según ha detallado Carlos Esteve, “El Gobierno Mazón no está pagando a 555 personas que habitan a les comarcas alicantinas y han visto reconocido el grado III de la Dependencia. La Generalitat no ha querido dispensar els 2,3 millones a estas personas que tienen un derecho reconocido, y esto que es una cantidad muy inferior a la del contrato a dedo concedido por el presidente Mazón para la organización del concierto Som de la Terreta”, en palabras de Esteve.
Asimismo, el Consell "está incumpliendo los acuerdos" entre la Generalitat, los sindicatos y la patronal para homologar el sueldo de las trabajadoras de los centros públicos de servicios sociales y de aquellos con plazas concertadas con la administración, según Compromís. “El acuerdo contemplaba 50 millones per a cimentar los servicios sociales como la cuarta pata del estado de bienestar, 13 de los cuales eran como mínimo para las trabajadoras alicantinas, pero Mazón simplemente no paga a pesar de que fue una cifra incluida a los presupuestos de 2023 por el gobierno de izquierdas”, ha añadido Esteve.
Compromís ha denunciado a la vez que esta dinámica de dinamitar consensos y reconcocer derechos dibuja una dinámica de abandono de la ciudadanía. “Mazón va haciendo propaganda día sí, día también, pero en las ajudse al alquiler ha dejado fuera a més de 4.000 familias valencianas que cumplían los requisitos para obtener el Bono Alquiler. Entre este total, tal y como recoge el DOGV, encontramos 1.385 peticiones desestimadas de personas y familias alicantinas con problemas de vivienda. Mazón ha decidido ahorrarse 6,2 millones que darían un respiro más que justificado a estas personas”, ha criticado Calabuig.
“La realidad la volvímos a ver ayer cuando empezaron a despedir personal docente de la escuela pública porque según Mazón no hay dinero en la caja”, ha detalla el diputado Fullana. “Simplemente, Mazón no paga dándole la espalda a las personas y también a los funcionarios. A los 750 profesoras y profesores que participaron en los tribunales opositores de Educación en los centros alicantinos del 2023 y 2024 todavía no han cobrado los 3 millones que los debe Mazón”, ha añadido Fullana, portavoz de temas educativos en Compromís.
“Y es que estamos ante un gobierno ineficiente”, ha continuado Fullana, “Mazón no paga a las empresas que están construyendo escuelas e institutos. A principio de año, tenía una deuda autonómica de 22 millones. Ahora entendemos por qué Mazón le dice “Enganyant” en el plan Edificant. En el caso de Alicante, la cifra llega a los 7 millones de euros según los datos del Consell”.
Fullana ha enfatizado que esta serie de impagos es marca Mazón y ha recordado que “la propia interventora de la Diputación de Alicante aseveró en dos informes de ejecución que Mazón era el presidente de la institución con peor ejecución presupuestaria en 15 años. Pase lo que pase, sea la institución que sea, Mazón no paga”, ha finalizado Fullana.
