Compromís y PSPV 'chocan' por la regulación de las ayudas nominativas de la Diputación de Alicante

ALICANTE. Lo que parecía una unidad de acción, al amparo del Gobierno del Botànic, parece que podría requebrajarse. PSPV y Compromís no comparten el mismo criterio para repartir, si es el caso, las ayudas nominativas o a dedo en la Diputación de Alicante. Hay que recordar que la primera de ésta subvención, concedida al Ayuntamiento de Busot, está suspendida cautelarmente por un juzgado tras un recurso de Compromís. El lunes fue el PSPV, quien presentó su modelo de ayuda: debe ser excepcional, estar justificada, incluida en el presupuesto de la institución y ser aprobada por la junta de portavoces. Ahora, los valencianistas insisten en que el acuerdo tenga como base la Ley de Subvenciones, que prevé que cualquier proyecto se conceda de manera directa "en concurrencia y solo en condiciones excepcionales y debidamente justificadas". Y que se aprobada por una comisión y por mayoría absoluta. Nada de acuerdos en la junta de portavoces.

Pero el gran temor de Compromís es que se produzca un acuerdo entre el PSPV y el PP y que deje en papel mojado el recurso judicial presentado contra la ayuda de Busot y que las otras ayudas bajo sospecha, como la de Mutxamel y La Nucía, sean canalizadas por el nuevo sistema. Desde el PSOE reconocen que se busca un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes y que clarifique el actual sistema que está siguiendo el Gobierno del PP para conceder ayudas directas a los vicepresidentes. 

Los socialistas, además de la excepcionalidad y la justificación, abogan porque las subvenciones se concedan en función del número de habitantes del municipio. Así, la propuesta del PSPV establece que la subvención sea del 100% para municipios de hasta 5.000 habitantes; del 95% para los enclavados entre los 5.001 y los 10.000 habitantes; del 75% para los de entre 100.001 y 30.000; del 65% para los que se sitúan entre los 30.001 y 50.000 habitantes y del 50% para los municipios cuya población supere los 50.000 habitantes. Es decir, de ser aceptado ese sistema que propone el PSOE, las ayudas a dedo ahora aprobadas por el equipo de gobierno iniciarían una nueva trayectoria, aunque con la obligación de que los ayuntamientos afectados hicieran una aportación de dinero. En la actualidad, con las ayudas nominativas, la corporación provincial aporta el 100% del coste del proyecto.

Los criterios que propone Compromís

Compromís ha elaborado una propuesta que contempla, para las ayudas directas, tres supuestos sin pasar por el régimen de concurrencia competitiva:

1. 
   1. Que las ayudas sea para intervenciones necesarias fruto de casos fortuitos o de fuerza mayor para asegurar los bienes o las personas.
   2. Subvenciones destinadas a sufragar la prestación de servicios obligatorios por parte del municipio, siempre y cuando se acredite que el municipio no ha podido acceder a una subvención otorgada mediante concurrencia competitiva a fin de obtener la capacidad financiera para prestar este servicio. El otorgamiento de esta subvención no supondrá necesariamente que el proyecto financiado deba serlo al 100%, sino que se determinará mediante convenio cuál será el porcentaje a pagar por el municipio beneficiario, dejando por defecto el mismo porcentaje que se aplique a beneficiarios de los Planes de Obras y Servicios según población; permitiendo excepcionalmente que este porcentaje se disminuya siempre que se acrediten circunstancias especiales de solvencia o de otro tipo que lo justifican.
   3. Convenios con administraciones supramunicipales para inversiones en servicios o infraestructuras de titularidad no municipal. En este apartado, se permitirá el otorgamiento de subvenciones nominativas fruto de acuerdos entre administraciones supramunicipales para inversiones en servicios o infraestructuras de titularidad no municipal.

Una vez determinada la casuística en la que se permitirá el otorgamiento de una subvención nominativa, Compromís propone un procedimiento previo al otorgamiento que determine la concurrencia de los requisitos  y que permitirá iniciar el expediente para la concesión directa. El sistema consta de dos fases: 1) La primera fase trata de evaluar y resolver si la subvención cumple unos requisitos objetivos para que pueda concederse nominativamente 2) La segunda fase es la del procedimiento propio que corresponde a la concesión de subvenciones.

A continuación, el procedimiento se iniciará con la  solicitud por parte del ayuntamiento y deberá incluir el preceptivo informe técnico por parte de los servicios de la Diputación al objeto de que se determine si la solicitud cumple los requisitos establecidos para ser beneficiario de subvención de carácter nominativo y las condiciones de concesión.

Si el informe es positivo, se someterá la propuesta a la Comisión de Valoración de ayudas excepcionales. La comisión estará formada el presidente de la Diputación o persona en el que delegue, y un diputado de del resto de grupos políticos;  el secretario de la Corporación o persona en que delegue con funciones de secretaría de la Comisión, el interventora de la Corporación y el técnico informante. Todos ellos con voz y sin voto.

Y lo más importante, la adopciones de acuerdos de esta comisión se hará por mayoría absoluta, a diferencia de lo que sucede hasta ahora que se da el visto bueno a la junta de portavoces.

Este mismo miércoles, la coalición ha iniciado una ronda de contactos para explicar su propuesta de concesión de ayudas. Y lo ha hecho con los sindicatos con los cuales, según Compromís, "comparte la voluntad democratizadora en el reparto de recursos de la Diputación de Alicante". A la reunión han asistido Óscar Llopis, representando a la UGT, y José María Ruiz, secretario de Comunicación de CCOO L'Alacantí-Las Marines. También han compartido las organizaciones sindicales y Compromís "la necesidad de aumentar la autonomía municipal y restar visión partidista a las diputaciones", según una nota pública emitida este miércoles por el grupo provincia de la coalición.