ALICANTE (EFE). El senador de Compromís Carles Mulet ha reclamado que en la lucha contra la sequía no se apueste de forma prioritaria por la desalación o la desalobración, por sus costes económicos y ambientales en el medio marino, y se profundice en medidas de ahorro y reutilización de agua. Compromís defenderá esta postura el martes en el Pleno del Senado, donde se debatirá una moción socialista que apunta a la desalación entre las principales medidas para mitigar los efectos de la sequía. Mulet ha lamentado la apuesta por propuestas como "la desalación, el mercadeo del agua, las subvenciones al precio del agua y los trasvases".
En su opinión, supone "toda una declaración de intenciones viniendo del PSOE, con medidas que parecen de otras épocas y en un momento de delicada situación económica". Compromís ha aportado once enmiendas para tratar de introducir mejoras que apuestan por la recuperación, reutilización de efluentes, regeneración de agua y reutilizar excedentes hídricos, por lo que reclama un trato fiscal que beneficie la promoción de esta clase de instalaciones en la agricultura e industria.
A su juicio, el camino es "mejor gestión y reaprovechamiento", y defiende aumentar la transparencia en la gestión pública del agua, minimizar las pérdidas de la red, acabar con las campañas de lucha antigranizo o prácticas como el bombardeo con ondas de choque a las nubes, por "la imprevisibilidad de sus efectos y las enormes dudas en sus beneficios y efectos medioambientales colaterales".
Compromís también reclama que se cumpla con lo dispuesto en una propuesta aprobada por el Congreso que prevé la posibilidad de una tarifa de discriminación estacional para las pequeñas y medianas empresas y cooperativas, lo que ayudará a molinos de aceite afectados por una mala campaña a que puedan modificar la potencia contratada según las necesidades del ciclo productivo o demanda de agua. Mulet ha pedido que no se penalice a los ayuntamientos por unas "desaladoras-fiasco que nadie quiere".
Por su parte, la diputada de Compromís en les Corts, Cristina Rodríguez, también ha denunciado, a través de un comunicado, la política del Gobierno Rajoy para el sur valenciano, "que ha destacado por su inactividad y olvido de unas infraestructuras que llevan más de una década minusvaloradas o abandonadas". Rodríguez ha exigido al Gobierno central que "resuelva la parálisis en Acuamed, provocada por la corrupción del Partido Popular y realice las inversiones que necesitan los regantes garantizando un precio justo para el agua desalada". "Pareciera que en el PP han estado más ocupados en cobrar comisiones que en facilitar el agua a los regantes de Alicante", ha valorado la diputada eldense, quien ha recordado que Agua de las CuencasMediterráneas (Acuamed), la empresa pública de aguas dependiente del Ministerio de Agricultura, "está paralizada a consecuencia de la corrupción del Partido Popular".
Por este motivo, Rodríguez ha pedido al Gobierno central que "demuestre de una vez por todas que le preocupan los regantes de Alicante", especialmente en un tiempo de sequía como el que afecta tan negativamente al sur. En este sentido, ha solicitado al Gobierno medidas concretas como la ampliación de la potencia eléctrica de la desalinizadora deTorrevieja, la puesta en marcha la desalinizadora de Mutxamel o la reparación urgente de la balsa de San Diego en Villena, que regula los caudales procedentes de la conducción Júcar-Vinalopó y que tiene como objetivo paliar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó. A su juicio, se debe "garantizar un precio justo para el agua desalada, porque ante la sequía y la escasez de agua, debemos ser autosuficientes, combinando todos los recursos hídricos disponibles".
El posicionamiento de la coalición, según el comunicado, siempre ha sido acorde al de un debate fluido y científico en asuntos hídricos, alejados de las guerras del agua y las manipulaciones de anteriores gobiernos autonómicos. Según el mismo comunicado, esta semana, Compromís presentará también en la Diputación de Alicante una moción para emplazar al Gobierno de España a modificar el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 con el cual se impulsan nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura, un mecanismo inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura y que representaría un costo anual (sin riego) de unos 120 euros por hectárea.