ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante propondrá al pleno ordinario de enero la convocatoria de la Mesa por la Vivienda, como ya quedó constituida en 2017, con la intención de que pueda servir como herramienta de mediación en los procedimientos de desahucio. Así lo ha apuntado el edil de la coalición, Rafa Mas, tras asistir a la protesta frente al proceso de desalojo de cinco viviendas en el barrio de Carolinas.
Para Mas, "es necesario dotar de soluciones habitacionales de manera efectiva y a la mayor brevedad posible para las personas que lo necesitan. El Ayuntamiento de Alicante no puede permanecer impasible ante la situación actual, el gobierno municipal de Luis Barcala debe garantizar vivienda a las alicantinas y alicantinos, y evitar desahucios constantes como hoy en Carolines Baixes, por lo que debe volver a articular una mesa de diálogo y negociación entre las instituciones públicas, entidades financieras y personas afectadas".
Compromís señala que el Ayuntamiento de Alicante constituyó en 2017 la Mesa por la Vivienda, a través de la concejalía de Acción Social, por entonces integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios de Alicante (PAH), varias entidades financieras (así como de sus empresas gestoras de vivienda), el Colegio de Abogados de Alicante y la Entidad de Infraestructuras de Generalitat Valenciana (EIGE), con el objetivo de "abordar la situación de vulnerabilidad y/o exclusión social de la ciudadanía en el ámbito de la vivienda en Alicante". "Lejos de mejorar, la situación se ha agravado con la pandemia, como se ha podido comprobar hoy en Carolines Baixes", según han añadido portavoces de la coalición, a través de un comunicado.
En este sentido, las mismas fuentes han añadido que "la Mesa constituida hace cinco años planteaba la cesión de un porcentaje del parque de viviendas para dedicarlo a alquileres sociales a familias en situación de exclusión social, cesión de la gestión de esas viviendas al Ayuntamiento, durante un período de tiempo, con la contrapartida de que sea la institución pública quien asegure el cumplimiento de los acuerdos adquiridos entre las partes, introduciendo mecanismos de control y compensación".