Josep Bigorra. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM (Europa Press). Compromís ha presentado en el Senado una moción en la que pide reformas legales para acabar con la actividad de los trileros, tipificando el trile como delito de estafa en el Código Penal y endureciendo las sanciones contra ella, según ha informado la coalición en un comunicado.
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha recogido con esta iniciativa una petición de los representantes de la coalición en Benidorm. "El fenómeno de los trileros continua presente en buena parte de nuestra geografía y, en especial, en las zonas turísticas donde se ceba especialmente con los y las turistas, transmitiendo una imagen letal de cara al extranjero, que no somos un destino seguro y agradable", ha lamentado Mulet.
El edil de Compromís en Benidorm Josep Bigorra ha remarcado, por su parte, que la falta de una ley que tipifique el trile como delito "da impunidad" a quienes continúan practicando este supuesto juego, en realidad una estafa, en que se incita al público a adivinar en qué lugar se esconde una bolita tapada por una chapa o por un vaso.
En el trile, avisa Compromís, no existe el factor suerte, sino que solo se gana si los trileros quieren, al influir en el juego con argucias. Con frecuencia los denunciados son insolventes y no afrontan las sanciones.
Pero además, las cantidades estafadas no suelen superar los 400 euros, de manera que solo pueden ser tratados como falta y no como delito y no se puede ni detener a los estafadores. Por eso, Compromís pide considerarla como un delito, puesto que se trata de una actividad organizada y reincidente por lo que le sería atribuible el artículo 570 bis del Código Penal, en tanto que organización criminal, con penas de cuatro a ocho años de prisión.
Hasta ahora, subraya Compromís, "la única solución es la desesperante acción policial hacia los operadores clandestinos, con el ánimo de que acumulen faltas y así poder ser acusados de delitos por desobediencia continuada".
Además, la moción insta al Gobierno a colaborar con las administraciones locales y autonómicas afectadas por este fenómeno, con campañas informativas preventivas destinadas a las potenciales víctimas de esta actividad y de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.
Por último reclama involucrar al Consejo de Políticas del Juego para que, dentro de sus competencias, desarrolle normativa de protección de la ciudadanía y lucha contra el juego ilegal o no previsto en la Ley, en coordinación con la Comisión Nacional del Juego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y las comunidades autónomas competentes en materia de juego.
