La diputada de Compromís, Marian Campello, tras presentar el recurso en Fiscalía. Foto: EPALICANTE (EP). El grupo parlamentario de Compromís en les Corts ha presentado este viernes un recurso de reposición ante el archivo decretado por la Fiscalía Anticorrupción en sus diligencias investigación hacia el exjefe de la Neurorradiología Intervencionista del Hospital General de Alicante por una presunta trama de malversación de fondos públicos, entre 2006 y 2013, cuando practicó, según la coalición, más de 1.200 intervenciones y cuyas facturas fueron a cargo de una empresa familiar por valor de 7,2 millones de euros.
Compromís defiende que hasta la fecha no se han investigado todos los casos y que tienen la intuición de que existe realmente una trama en la que se ha estado jugando con el dinero público de los alicantinos para un enriquecimiento personal y familiar. "Había fundamento para pensar que existe una trama detrás de todo esto y que se había jugado con la salud de 86 personas", ha indicado la diputada valenciana, Marian Campello, quién ha añadido que fue una "sorpresa" que en el mes de agosto el fiscal archivase el caso aludiendo que se trata de un asunto particular de una paciente por mala praxis y que ya había quedado sobreseído por un juzgado.
"Ahora disponemos de más información gracias a la investigación política llevada desde el Parlamento valenciano, por eso volvemos a la Fiscalía porque podemos presentar más documentación sobre las empresas pantalla de este doctor quién alquilaba quirófanos para operar a sus pacientes en la clínica Medimar", ha declarado a los medios antes de presentar el recurso.
Asimismo, la diputada ha apuntado hacia el gobierno de la Generalitat, entonces en manos del Partido Popular (PP), porque a su juicio no existía una previsión de gastos desde la conselleria. "Aquí ha habido alguien que sellaba las facturas y nunca se investigó la derivación ilegal de pacientes de la sanidad pública a la privada por parte de este hombre", ha señalado Campello.
También ha indicado que la clínica privada borró las pruebas realizadas a diversos pacientes alegando falta de espacio en el ordenador, sin que estás pruebas hubiesen sido previamente remitidas al hospital de referencia de los pacientes. "Este hecho se entiende como una vulneración del derecho al archivo de las historias clínicas de los pacientes y garantía de su seguridad", ha añadido la diputada.
Al respecto, fuentes del Ministerio Público han declarado a Europa Press que no cabe la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el archivo de diligencias investigación por parte de Fiscalía. Asimismo, han explicado que la nueva documentación se deberá presentar en el juzgado pertinente y solicitar entonces la ampliación de la investigación hacia el encausado.
