Gerard Fullana. Foto RAFA MOLINA ALICANTE (EP). El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante ha admitido a trámite el recurso del grupo Compromís en la Diputación contra el acuerdo de pleno, del pasado agosto, de la propuesta de la Presidencia sobre régimen económico de los diputados provinciales. Según ese acuerdo, los grupos recibirían anualmente 16.330 euros de forma fija y 8.165 euros por cada diputado.
Según han indicado fuentes de Compromís a Europa Press, el acuerdo de pleno no es válido porque el grupo 'popular' no ha justificado esas cantidades recibidas desde 2015.
La coalición ha destacado que la decisión de judicializar el asunto llega "después de la negativa del Partido Popular, con el apoyo de los votos de Ciudadanos en el anterior pleno, de rechazar el recurso de reposición que exigía para validar los ingresos de esta legislatura a que el PP cumpliera con la ordenanza de lo ingresado hasta la actualidad".
Además, prevé incluir en su demanda la falta de justificación de 195.000 euros que asegura que el PP transfirió al partido durante el pasado mandato. Según ha indicado la coalición nacionalista en un comunicado, esa cantidad respondería a un "primer paquete" de ingresos sin justificar, aunque "la cifra total estaría cerca del medio millón de euros".
Según ha explicado, el Partido Popular primero "multiplicó por cuatro sus ingresos" de dinero público de la Diputación de Alicante en diciembre de 2015 y "luego" hizo un "uso contrario" al que marcan las normativas de la institución (artículo 9 del reglamento orgánico sobre dotación económica de los Grupos Políticos de la Corporación).
De ese modo, "se ha evitado presentar la documentación que acredita el destino del gasto y que sí que han entregado el resto de grupos". Además, han sospechado que la cantidad "roza el medio millón de euros" y para conseguir "este propósito" acusan al Partido Popular de haber "contado con la complicidad de técnicos de la Diputación que han usado diferente vara de medir en la fiscalización de cuentas entre los 'populares' y la oposición".
Es la tesis del grupo Compromís que hoy ha hecho público que el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante ha aceptado a trámite su demanda al respecto y ha solicitado documentación a la Diputación.
Además, han apuntado que la demanda llega después de que la comisión de fiscalización de la cuentas, creada en la anterior legislatura, haya "evitado aprobar, como especifica su dictamen de creación, ningún informe de fiscalización de los ingresos a los partidos en cuatro años". Esa medida, según Compromís, tiene como objetivo "evitar cualquier acto administrativo que sea recurrible".
Asimismo, han denunciado que ante esa comisión, el Partido Popular "evitó hace unos meses" entregar facturas "como sí habían hecho el resto de grupos, en una votación que se salvó con el voto del tránsfuga Fernando Sepulcre y el voto de calidad del entonces presidente de la comisión y diputado de transparencia, Adrián Ballester".
"El Partido Popular solo entregó justificantes de cinco líneas donde su secretario provincial certificaba sin aportar ninguna factura que los ingresos de dinero público al partido se habían destinado a los estipulado por la normativa de subvención de partidos de la institución", han indicado y han precisado que la normativa "especifica" que el ingreso de la subvención a partidos "debe destinarse a gastos vinculados al grupo de la Diputación de Alicante".
Compromís ha dicho que tiene identificado un primer paquete de los años 2015 y 2016 de ingresos sin justificar de 195.167.15 euros de la institución al Partido Popular y estima que la cifra podría estar cerca del medio millón de euros, "aunque no se ha informado de las cantidades exactas ingresadas en 2017, 2018 y 2019". "La mayoría de ingresos se producen a menos de 48 horas que finalice los ejercicios contables en una clara maniobra de ingreso al partido de excedentes que no ha gastado el grupo del Partido Popular en su acción política del año, aspecto no permitido por la ordenanza", han sostenido.
Además, han recalcado que "el hecho es especialmente significativo porque se da el caso de que existe coincidencia entre los intereses que representantes políticos en ambos lados de la línea institucional y de partido". Al respecto, han hablado del "ejemplo claro" de Eduardo Dolón, "quien ingresa al partido como vicepresidente primero de la Diputación y meses después certifica que el gasto pertenece a actividades vinculadas al grupo de la Diputación sin aportar la facturas".
Finalmente, han lamentado que esa forma de proceder "choca frontalmente" con lo exigido al resto de grupos de la Diputación, "a los que sí que se les ha fiscalizado hasta el último euro mediante facturas". Compromís ha calificado como "partidistas" los informes de la Intervención que reclaman "imperiosamente" a los grupos que no están en el gobierno y "los penalizan" con todo tipo de reparos menores "por haber presentado la facturación completa". Compromís ha acusado al Partido Popular de estar "detrás de esta maniobra con el objetivo de hacer desistir a la oposición de exigir sus cuentas".
La coalición ha defendido acudir a la vía judicial como "vía rápida" para exigir la justificación de lo ingresado "o en su defecto su devolución". No obstante, ha advertido como "evidente" que si el secretario provincial del Partido Popular "ha mentido en sus certificaciones y ha contado con la complicidad de funcionarios de la Diputación el caso podría derivar en responsabilidades mayores".
