Compromís legislará para evitar macroproyectos urbanísticos como los de Llíber y Pego

PEGO.  El número dos de la lista de Compromís a les elecciones autonómicas, Gerard Fullana, ha visitado el municipio de Pego este jueves y ha anunciado novedades legislativas en un futuro gobierno valeniano para frenar macroproyectos urbanísticos como loes de Pego Golf, Llíber o Cala Mosca en Orihuela. Fullana también ha informado de novedades en el pulso judicial de Compromís para frenar el PAI de Llíber.

El todavía portavoz en la Diputación de Alicante ha anunciado que “Compromís seguirá la presión en los tribunales hacia los macro proyectos urbanísticos mencionados dado que entienden que las declaraciones medioambientales que los sustentan están caducadas y por tanto son macro proyectos ilegales”. Los tres proyectos, además, “carecen de garantía de suministro de agua potable y representan una amenaza al suministro hídrico de los municipios vecinos”.  Compromís ha presentado recursos contra los proyectos de Pego y Llíber, y ha asesorado al grupo Cambiemos Orihuela en la causa contra el PAI de Cala Mosca. “Vamos a plantar batalla hasta el final contra proyectos pensados para que unos pocos se lucren a costa del bienestar de miles de personas y de nuestros parajes naturales·, ha destacado el candidato de Compromís.

Además, Fullana ha propuesto introducir modificaciones legislativas para que “permisos medioambientales para grandes proyectos urbanísticos aprobados en un plazo superior a 10 años tengan que pasar filtros medioambientales actualizados”.  

Fullana ha acusado “tanto al PP en el caso de Lliber como al PSOE en Orihuela y Pego de facilitar dichos proyectos mientras hacen greenwhashing en sus programas electorales. No lo vamos a permitir”

Novedades en el caso de Llíber: la promotora se persona ahora contra la denuncia de Compromís

Compromís persiste en su lucha contra el macro proyecto urbanístico que la VAPF y el ayuntamiento pretenden promover en Llíber, para construir cerca de 500 casas. Ahora, Compromís ha hecho público que esta promotora a pesar de insistir en que la paralización de las obras del colector de aguas residuales no tiene afección alguna en el desarrollo de la urbanización, ha acabado por personarse en el procedimiento judicial e impugnar la suspensión cautelar de estas obras que consiguió la denuncia de Compromís. Desde Compromís, consideran que “es evidente” el interés económico de la mercantil, y que también es evidente que “la mentira es un método recurrente tanto de los ayuntamientos como de las empresas promotoras para defender macro proyectos que solo implican mucho dinero para unos pocos y destrucción y pobreza para muchos”.

Compromís insiste en que la urbanización que se pretende desarrollar cuenta con un informe ambiental obsoleto, que tiene más de veinte años. En ese momento, las declaraciones de impacto ambiental no analizaban la capacidad de abastecimiento de agua potable en el municipio, lo cual supone ahora un tema trascendental habida cuenta que Llíber es un municipio en el que ya ahora son frecuentes las restricciones en la potabilidad del agua. Dicho proyecto afectaría gravemente el suministro hídrico de Benissa, Xaló, Alcalalí, Parcent, Benigembla i Senija.

Así pues, parece que el procedimiento se alargará; pues, según la coalición ecologista, el Ayuntamiento aún ni ha facilitado el expediente administrativo al juzgado, por lo que aún no se ha podido formalizar la demanda contra la construcción del colector, por carecer este de cualquier tipo de estudio ambiental.

La promotora defiende el proyecto

En un comunicado, la promotora Vapf ha defendido que el PAI Medina Llíber "es un planeamiento y un programa aprobados definitivamente con Declaración de Impacto Ambiental favorable y en fase de ejecución que ha sido tramitado conforme a ley y donde no se han producido alegaciones del tenor del manifiesto". Dicho lo anterior, añadir que el instrumento de planeamiento que calificó el ámbito en cuestión como suelo urbanizable tiene "carácter de disposición general y está aprobado, así como el PAI que lo desarrolla, y pretender su pérdida de vigencia iría en contra de los principios constitucionales y de seguridad jurídica".

También asegura la empresa que el proyecto urbanístico, únicamente, el 1,8% de la superficie de Llíber y no está afecto por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana que, por cierto, "no es vinculante desde 2.016 sino que fue aprobada en 2.011 y no afecta a este ámbito".